La decisión de la diputada de Podemos -y magistrada en servicios especiales-, Victoria Rosell, de renunciar a su puesto de sustituta en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados -y al aforamiento ante el Tribunal Supremo-, deja la querella admitida a trámite contra ella ayer en la Sala Segunda del alto tribunal en un «limbo jurídico».
Un «limbo» que depende de una sola decisión: si Victoria Rosell vuelve a ser diputada nacional o no.
Desde el próximo 3 de mayo, cuando se disuelvan las Cortes, la ahora diputada dejará de serlo.
Desde el día siguiente, Rosell tendrá diez días para solicitar su reingreso en la carrera judicial -hasta el 14 de mayo- y volver a su destino, en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
O para solicitar la excedencia, según establece el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Si optara por el regreso a la carrera judicial, Rosell tendría 20 días para volver a tomar posesión de su cargo, con lo que el 30 de mayo volvería a ponerse la toga.
Si fuera éste el caso, el Tribunal Supremo tendría que remitir el expediente de la querella abierta «para la investigación de los delitos de retardo malicioso en la administración de Justicia, prevaricación judicial y cohecho” al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Una investigación que decidió abrir la Sala de Adminisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con el objetivo de aclarar si la diputada, cuando era magistrada en ejercicio, favoreció o no, en la tramitación de las diligencias previas 644/2014, al empresario Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, Carlos Sosa -periodista y director del diario digital Canarias Ahora- al parecer mantiene relaciones comerciales.
La Sala de lo Civil y Penal de ese órgano judicial, que preside Antonio Doreste, debería nombrar un juez instructor y comenzar las diligencias necesarias, ya que, como magistrada en esa Comunidad Autónoma, la competencia de su aforamiento es del TSJC.
SI VUELVE A SER DIPUTADA
Según el calendario previsto, el 31 de mayo el Boletín Oficial del Estado publicará las candidaturas proclamadas.
Si Victoria Rosell volviera a encabezar la lista electoral de Podemos por Gran Canaria, al igual que hizo el pasado 20 de diciembre, tendrá que comunicar ese martes al Consejo General del Poder Judicial esta circunstancia.
En esos casos, la Comisión Permanente aprobaría, de nuevo su paso a servicios especiales -una situación similar a la de excedencia pero sin perder los derechos y regresando al puesto que le habría correspondido de haber continuado ese tiempo en la carrera-.
Entre el 31 de mayo y el 26 de junio, cuando se prevé que tengan lugar las nuevas eleccciones generales, el órgano competente en la instrucción del caso seguiría siendo el TSJ de Canarias.
Si volviera a ser diputada, la competencia volvería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que, por fechas, lo reiniciaría en septiembre.
Si este fuera el caso, con su renuncia a la Diputación Permanente habría «ganado» cinco meses hasta que el Supremo pudiera retomar el caso para cuya instrucción ha sido nombrado el magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
Si, por el contrario, no se presentara, la competencia seguiría siendo del TSJC, que llevaría adelante la investigación completa sobre este asunto.
