José Manuel Sieira, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entre 2010 y 2015, posando ante las fotos de sus antecesores, Paulino Martín, Ángel Rodríguez y Ramón Trillo. Confilegal.
José Manuel Sieira: «Me parece demasiado rígido el acuerdo de la Sala de Gobierno, limitando la extensión de los recursos «
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09/5/2016 05:59
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Actualizado: 09/5/2016 07:00
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La sustitución de José Manuel Sieira, el pasado mes de julio, en la Presidencia de la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, provocó ríos de tinta de críticas. Este magistrado, sin duda, uno de los más brillantes que han presidido ese órgano, sigue preocupándose por su Sala y por lo que le afecta. Por ejemplo, el acuerdo de la Sala de Gobierno limitando la extensión de los recursos de casación, que le parece demasiado rígido. O el ‘tsunami’ de recursos que se avecina para octubre, para el que la mencionada Sala, dice, no está preparada.
Nuestra entrevista tuvo lugar en su despacho, en la planta tercera del Tribunal Supremo, un área que pocos mortales ajenos a este mundo conocen. Un lugar pequeño, de paredes de sapelli y muebles de madera oscura que se chupan la luz que entra por la ventana, como si fueran agujeros negros.
Se encuentra a pocos metros del que ocupó durante los cinco años que duró su mandato; el triple de grande que el resto. No lo echa de menos. Pero tampoco rehuye hablar de ello. De hecho, no rehuye nada. Al contrario.
José Manuel Sieira es tímido de natural, pero le pasa como al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, porque eso provoca una corriente de simpatía hacia su persona, por el esfuerzo que realiza para comunicar. Es difícil caer mal con ese carácter tan suyo, respetuoso y educado, pero también directo y muy claro.
Se montó una bastante gorda con su no reelección como presidente de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo…
Sí, se montó un gorda. Y luego vino lo de Ángel Calderón, que se salvó al final. A mí me consta, de manera directísima, que estuvo a punto de no ser reelegido como yo, pero no me pregunten más. No voy a hacer más comentarios sobre esto.
Centrándonos en la actualidad, ¿qué le parece el Acuerdo que ha aprobado la Sala de Gobierno de limitar la extensión de los escritos de los abogados en los recursos de casación a la Sala Tercera?
A mí el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo de limitar la extensión de los recursos de casación ante la Sala Tercera me parece demasiado rígido.
Me parece demasiado rígido. Hay que tratar de evitar que los textos de los recursos de casación sean excesivos, pero tampoco se puede tener una rigidez como la del texto aprobado por la Sala de Gobierno.
Habrá asuntos en los que 10 folios sean muchos y habrá asuntos en los que 30 folios puedan ser escasos. En cualquier caso, creo que se debería haber hablado con los Colegios de Abogados y haberles pedido su opinión.
Sería bueno que el texto tuviera una cláusula de salvaguarda en el que los abogados pudiesen justificar el porqué de una mayor extensión de los escritos. Eso no estaría de más.
Nunca he sido partidario de imponer. Creo que a la gente hay que educarla. Hay que recomendar a los abogados un máximo de folios, pero siempre entendiendo que puede haber excepciones.
Nunca he sido partidario de imponer. Hay que recomendar a los abogados un máximo de folios, pero siempre entendiendo que puede haber excepciones
¿Fue una sorpresa no salir reeelegido?
No.
¿Le sorprendió el apoyo mediático que recibió?
Me sorprendió la repercusión mediática que tuvo el caso, sí. También me sorprendió, gratamente, el apoyo de la prensa. De toda esta historia, a mí me preocupaba salvar mi dignidad personal.
No me gusta remover este asunto. Sin embargo, cuando me dijeron que el argumento que se estaba utilizando para no renovarme como presidente de la Sala es porque “era una cuestión de Estado”, me sorprendió.
Solo se puede emplear esa expresión cuando has prevaricado, de manera manifiesta, en contra de los intereses públicos. No de los intereses del Gobierno, que pueden ser otros. Me refiero contra los intereses generales de los ciudadanos.
Cuando se produce el nombramiento del actual presidente de la Sala, de su sucesor, ¿le propusieron presidir alguna de las seis secciones, de las siete de las que está formada la Sala?
En aquel momento, yo tenía bastante claro que no quería presidir ninguna sección. Quería dedicar más tiempo a mis nietos y a pasear.
Sin embargo, hubo un pequeño incidente que me hizo decidir que sí quería presidir una Sección. Concretamente la Tercera (que trata los asuntos de los órganos reguladores), que presidía Pedro Yagüe. Y se me dijo que eso no podía ser.
Luego, en una boda, coincidimos Luis Díez Picazo [su sucesor en la Presidencia de la Sala], Carlos Lesmes y yo. Le dije a Luis que me gustaría presidir una Sección. Llama a Carlos Lesmes, nos sentamos los tres y ellos dos deciden que la Sección que yo tengo que presidir es la Cuarta.
A la vuelta de esa boda, caigo malo, con anginas, y me quedo en cama unos días. Allí, en mi casa, recibo una llamada y me dicen que “se ha decidido que no iba a presidir ninguna sección y que me iba a la sección Séptima, de magistrado”.
No me gustaron, la verdad, las formas. Podrían haber esperado a que me incorporase. A raíz de eso, hice un escrito en el que pedí que se me notificara oficialmente esa decisión. Nunca se me ha notificado.
¿Fue entonces cuando se dirigió a la Sala de Gobierno por escrito?
Posteriormente, me dirigí a la Sala de Gobierno diciendo que yo “entendía que había una desviación de poder” por ello. Que sigo pensando que existió una desviación de poder.
Si soy el segundo más antiguo de la Sala, ya me explicará alguien por qué no presido una Sección. Y, además, se manda a esa Sección a un magistrado que toma posesión ese mismo día. Y a mí se me manda a una sección que apenas tiene carga de trabajo, que está resolviendo asuntos en seis meses.
La única razón que yo veo en esta decisión es que es la única Sección que yo no podía presidir.
A mí no me gustó que la inspección se hiciera a la Sala Quinta, a la Sala Cuarta, y a la Sala Tercera. Y que después se parara
¿El hecho de ser presidente de una Sección que conlleva?
Conlleva formar parte de la sección Primera que resuelve sobre los asuntos que decide el Pleno y la Permanente del CGPJ.
Por ejemplo, ¿el recurso de la vocales contra la decisión del Pleno de no renovar la Comisión Permanente?
Ese recurso está abocado al Pleno. De no estar abocado al Pleno, sí iría a la Sección Primera.
A propósito de los nombramientos, el otro día cuando le preguntaron al presidente Lesmes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dijo textualmente que “la norma no nos obliga a nombrar al más antiguo sino al mejor”. ¿Su caso ha influido, de alguna manera, para que no se vuelva a repetir en otras personas?
Yo siempre mantuve que a Ángel Calderón lo iban a renovar como presidente de la Sala Quinta de lo Militar. No se podía volver a producir el espectáculo que se había producido conmigo.
Creo que el daño para el Consejo ha sido muy grande. Y también para la Sala Tercera. Dejar traslucir a la opinión pública que los nombramientos se hacen por razones ajenas al mérito y la capacidad es algo muy serio para los ciudadanos.
¿Sirvió para algo la inspección que el presidente Lesmes llevó a cabo al Tribunal Supremo? Ante los diputados dijo que le había permitido concluir que «el desarrollo y trámite procesal en las cinco salas y en las salas especiales, es ágil y eficaz».
Bueno… A mí no me gustó que la inspección se hiciera a la Sala Quinta, a la Sala Cuarta, y a la Sala Tercera. Y que después se parara.
La Sala Quinta no tenía nada que inspeccionar. A la Tercera sí se le dedicó un tiempo a inspeccionarla, a buscarle… Claro, uno pensaba, están buscando algo para justificar el ponerme en la calle. Yo sabía que no lo iban a encontrar. Y no por mérito mío, porque yo sabía cómo estaba la Sala.
Y luego se para aquella inspección, que era tan urgente, y se continúa después de vacaciones. Y ya no se habla más de la inspección.
Toda la sensación, equivocada -seguro que es equivocada-, que yo tuve, es que la inspección era para la Sala Tercera.
La figura del vicepresidente del Tribunal Supremo no está bien configurada
Nos gustaría saber su opinión sobre la reforma que se produjo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que ha afectado al Tribunal Supremo. ¿Ha servido para algo?
Yo defendía que tenía que haber un vicepresidente en esta casa, en el Tribunal Supremo. Y lo sigo defendiendo. Lo que pasa es que yo creo que el vicepresidente tiene que tener otro estatus, otras funciones y otras competencias.
El vicepresidente, tal como está ahora, no cumple el papel que debería corresponderle.
Hacía falta un vicepresidente en esta casa porque el Consejo –y es un hecho que se ha constatado, las razones no las sé, todos pensamos que no debería ser así, o la mayoría- fagocita al presidente, de una forma tremenda. Todos vienen a primera hora por aquí. Están un rato, pero donde se les absorbe es en el Consejo, probablemente porque es donde tienen los problemas políticos, y póngales comillas.
Esta casa, el Tribunal Supremo, es más pacífica. Es una casa que funciona. Las Salas organizan sus asuntos y ponen sus sentencias.
Hacía falta un vicepresidente para el orden interior del Tribunal. Para darle presencia al Tribunal. Para resolver los problemas del día a día de la casa. Esa figura tendría que tener, aparte de las funciones de gobierno interno del Tribunal y de estar presente en la Sala de Gobierno, capacidad para presidir esa Sala de Gobierno, no habitualmente pero con una cierta frecuencia, igual que con la Sala del 61. Es decir, configurar un vicepresidente que, en la práctica, fuera un presidente en funciones del Tribunal Supremo.
No es crítica al vicepresidente, en absoluto. La figura está establecida pero no está bien configurada.
Otro asunto importante es la independencia económica. Hace tres años, durante una conferencia, usted reivindicó esa independencia económica para el Tribunal Supremo. ¿Sigue pensando lo mismo?
La independencia económica tiene relación directa con lo que acabamos de hablar del Gabinete Técnico. Si este Tribunal tuviera independencia económica, a la Sala Tercera no le fulminan el Gabinete Técnico como se lo fulminaron.
Yo esto lo he defendido varias veces. Mire usted, a mi independencia queda afectada si yo no puedo dictar las resoluciones en el tiempo que considero necesario. Pero no sólo mi independencia, también afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Sí creo es que Las Cortes tienen que fijar el presupuesto, y fijar una partida presupuestaria propia por la que los tribunales tendrán que administrar y rendir cuentas de cómo la administran.
A mí me paga mi salario el Ministerio, igual que a mis compañeros. Pero el tema es mucho más delicado. Porque es una parte en litigio la que define los medios que yo voy a tener
Para que nos aclaremos, está reivindicando la independencia económica del tercer poder del Estado, el judicial, que, según usted, está tutelado, en este campo, por el poder ejecutivo.
Así es. A mí nunca me ha dado reparo en decir que por qué no voy a ir al Parlamento a dar cuentas de lo que hago, no en lo judicial, pero sí en lo gubernativo. Como poder del Estado tengo que rendir cuentas, igual que lo hace el poder ejecutivo.
A mí me da usted medios, yo los administro, y respondo. En todos los aspectos.
A usted y a todos sus compañeros del Tribunal Supremo el salario se lo paga el Ministerio, ¿verdad?
A mí me paga el Ministerio, sí, igual que a mis compañeros.
Es decir, para ponerlo de otra forma, la parte que suele ser demandada en la Sala en la que usted presta sus servicios, le paga a usted su nómina mensualmente…
Sí, lo que pasa es que en la jurisdicción contenciosa, el tema es mucho más delicado. Porque es una parte en litigio la que define los medios que yo voy a tener. Y, por lo tanto, decide la celeridad con la que voy a trabajar. Y decide que un Real Decreto se puede anular en seis meses o en seis años.
Esto es muy complicado, muy difícil de sostener. Pero es que la cosa es más grave. Se ha ido por un camino donde aquí lo único que queda fuera es el juez.
Con todos mis respetos para los hoy letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales, y el resto del personal, es que son funcionarios de Justicia. Es que su carrera profesional depende del Ministerio de Justicia. Y las competencias que hoy tienen los letrados de la Administración de Justicia son importantes. Eso también afecta a la independencia judicial.
Yo siempre ponía el mismo ejemplo: Encuéntreme alguna empresa privada o pública en la que sus directivos -vamos a decir aquí que los directivos son los jueces-, no tengan competencia sobre las personas que trabajan en la empresa. Los que mandan sobre esas personas son gente de una empresa de la competencia.
Es decir, la competencia sobre los trabajadores de la Coca Cola la tiene la Pepsi Cola.
Esto no se sostiene. No me hablen de la reforma de la oficina judicial. Vamos a ser serios. ¿Por qué ha ido por ese camino el legislador? No lo sé, pero me gustaría saberlo. Y me gustaría discutirlo.
Nosotros le comentamos al ministro Catalá en una entrevista reciente, que lo lógico hubiera sido trabajar en la gestación de una rama judicial independiente. Nos contestó que en su momento se había optado por transferir la Administración de la Administración de Justicia a las Autonomías y que sería muy difícil darle la vuelta a eso.
Eso es muy discutible. Hay muchas autonomías que no quieren las competencias en Justicia. De lo que se trata es de hacer un poder judicial verdaderamente independiente en el fondo y en la forma. Incluso en la apariencia.
Yo creo que el problema no está en que exista una Comisión Permanente. El problema está en las personas. El problema es que si se eligiera, de verdad, para el CGPJ a juristas de reconocido prestigio, el problema no existiría.
El presidente Lesmes calificó la reforma de 2013 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como «una refundación» del CGPJ. ¿Comparte ese punto de vista?
Yo no creo que haya habido una refundación. Hay un recurso de inconstitucionalidad pendiente en el Tribunal Constitucional que creo que es muy urgente que se resuelva. Porque en función de cómo se resuelva, la ley será constitucional o no.
La Constitución dice que el Consejo está compuesto por 20 miembros y un presidente. Por lo tanto, el Consejo son los 20 vocales y el presidente. Y las competencias son del órgano. Otra cosa es la organización interna.
Si se sustraen las competencias al órgano, al Pleno, y se dan a siete vocales, eso sólo puede ser constitucional –en mi opinión- si el paso de los vocales por esa Comisión Permanente es fluido y participan todos, y cabe un recurso ante el Pleno por esas decisiones.
Si no es así, a mí me parece muy difícil defender la constitucionalidad de la reforma.
¿Cuál es el meollo de la cuestión, según usted?
Yo creo que el problema no está en que exista una Comisión Permanente. El problema está en las personas. El problema es que si se eligiera, de verdad, para el Consejo General del Poder Judicial a juristas de reconocido prestigio, el problema no existiría.
Si en representación de la Abogacía viene el decano del Colegio de Abogados, o el presidente del Consejo General de la Abogacía, o el socio director de los muchos despachos importantes, ese problema probablemente no existiría.
Si entre los juristas de reconocido prestigio estuviera el presidente del Consejo de Estado, o un consejero de Estado, o el decano del Colegio del Notariado, o el presidente del Colegio de Registradores, ese problema no existiría.
¿Por qué? Porque son personas que tienen la ‘auctoritas’ suficiente, la propia estima suficiente, como para no caer en zarandajas de este tipo.
Y lo digo con el respeto total y absoluto a las personas que forman parte del Consejo, con los que no tengo ninguna crítica que hacer. Ni desde el punto de vista personal ni profesional.
Pero creo que sería bueno que, de verdad, cuando se habla de juristas de reconocido prestigio, se busquen juristas de reconocido prestigio.
Para todo. No profesionales con 15 años de ejercicio de la profesión.
La salida a la política y la vuelta inmediata de los jueces a la carrera a mí me parece que no es correcta
¿Cree que los jueces deberían elegir a sus doce representantes en el Consejo General del Poder Judicial en vez de que lo siga haciendo el Parlamento?
Hay que ir a eso. Yo creo que el espíritu de la Constitución era ese. Creo que la aplicación que se ha hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido la correcta, y, por lo tanto, la experiencia demuestra que no queda más remedio que acudir a esa fórmula.
No creo que la justificación que en su día se dio, de que se hizo así porque era una carrera excesivamente conservadora. Eso ya es historia.
Si hoy uno analiza el sustrato de la carrera judicial llegará a la conclusión de que no tiene nada que ver ni con los años 70 ni con los 80.
¿Qué opina de acabar con las puertas giratorias a los jueces?
En todo hay que guardar las apariencias. Yo estuve fuera de la carrera judicial. Estuve en política, en los años 80. Estoy muy contento de mi experiencia de aquella época. Fue muy enriquecedora. Me fui en el 82 y volví en el 94, doce años después.
Yo no digo que tanto, pero digo que sí que durante un tiempo. El que da el paso a la política…, sobre todo en determinadas áreas. En Civil, menos, pero Penal y contencioso la cosa cambia. En Penal en determinadas materias, de procesos penales.
La salida a la política y la vuelta inmediata de los jueces a la carrera a mí me parece que no es correcta. Y tampoco me parece correcto poder presentarme a las elecciones y si no me eligen, vuelvo.
Yo estuve cuatro o cinco meses sin cobrar. Dimití como gobernador de Granada, en el mes de agosto de 1982, antes de las elecciones.
Bien es verdad que lo hice porque quise. Lo hice porque Rafael Calvo, la persona a la que le debo casi todo en esta vida –junto a mi preparador, Javier Arozamena-, decidió con Adolfo Suarez montar el CDS y yo me uní a aquella aventura. Pero yo estuve un tiempo sin cobrar hasta que conseguí una plaza de letrado en el Ministerio de Justicia.
Usted si decide dar el paso, pues lo da, pero tiene que pensárselo antes. Lo que no cabe es que yo me presente mañana por el PSOE, por el PP, por Podemos, por Ciudadanos o por Izquierda Unida y ahora, como no salgo, vuelvo. Porque usted ha quedado marcado. Y más en estos cargos, que en los puestos ejecutivos dentro de la Administración.
Viene un ‘tsunami’ de recursos a la Sala Tercera para el que no estamos preparados
El documento de la Sala de Gobierno que hemos citado antes, viene a propósito de la nueva casación, que entrará en vigor en octubre. ¿Cuáles son los pros y contras, según su punto de vista?
La ciudadanía tiene que entender que el Tribunal Supremo no es un tribunal al uso. El Supremo es un tribunal de justicia, pero con una característica muy especial: su función fundamental es depurar el ordenamiento jurídico e intentar conseguir una unidad de criterio en todos los tribunales del país.
Eso es importante. En la casación no examinamos el pleito en su totalidad. Examinamos solo los motivos.
Conviene trasladar esta cuestión a los ciudadanos. No es bueno que existan muchas materias que el Tribunal Supremo no pueda conocer.
Ahora existe el límite de los 600.000 euros. Es decir, todo aquello que es menor a esa cantidad el Tribunal Supremo no puede conocerlo.
Tampoco puede conocer aquellas materias que van a los juzgados de lo contencioso y en apelación a los Tribunales Superiores de Justicia y que, por lo tanto, no tienen casación.
Sin embargo, el Supremo sí está conociendo reiteradamente centenares de asuntos sobre los que se ha pronunciado miles de veces.
Para eso está la fórmula del interés casacional. Que el Tribunal Supremo pudiera decidir qué materias tienen interés casacional y cuáles no. Algo parecido a lo que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Mi crítica es que los edificios siempre hay que empezarlos por la base, por los cimientos. Porque alguien tiene que ver los asuntos que entran. Si admites la casación con estos criterios lo previsible es que el número de asuntos que vayan a entrar en el Tribunal Supremo, a partir de octubre. serán el triple de los que entran ahora.
¿Tres veces mayor?
Sí. A partir de octubre van a poder llegar a casación todas las sentencias dictadas por todos los juzgados y todos los tribunales de lo Contencioso Administrativo del país. Hasta ahora solo podían venir aquellas que se dictaban en primera instancia en un Tribunal Superior de Justicia.
¿Nos está diciendo que se va a necesitar aumentar la plantilla al doble?
El problema es que en los tribunales en los que existe este sistema hay un sistema de filtro. Esto solo se podría hacer con un Gabinete Técnico muy potente en medios personales cuantitativa y cualitativamente.
Si algo valoro de esta casa es el trabajo que desarrolló el Gabinete en mi época. Desgraciadamente, el Gabinete se ha desmantelado. La diferencia, de lo que era a lo que es ahora, es infinita.
¿El Gabinete Técnico no está en condiciones de asumir esa nueva casación?
En mi opinión, no. Ahora está compuesto por tres magistrados y quince letrados. Para examinar los recursos de casación que entren a partir de octubre habrá que estudiar el pleito para ver si tiene o no interés casacional.
Existe una versión que dice que se puede inadmitir por providencia cuando ya nos hayamos pronunciado sobre ese asunto.
El problema está en que para saber si ya nos hemos pronunciado sobre eso habrá que estudiarse el pleito en profundidad. Habrá que ver si existen sentencias contradictorias o discrepantes, si hay razones nuevas que pueda dar el recurrente que puedan hacer que la jurisprudencia evolucione…
El examen de los pleitos exige dos cosas: unos conocimientos profundos en derecho administrativo y un conocimiento profundo de la jurisprudencia. Esto significa que habría que especializar a los magistrados del Gabinete por materias, incluso traer a magistrados que tengan experiencia en unas materias determinadas.
Si hoy tenemos una entrada de 5.000 o 5.500 asuntos anuales y estos se duplican, ¿quién va a leer esos 10.000 asuntos?
Si los leen los magistrados, como los tendrán que leer, habrá que preguntarse: ¿quién va a poner las sentencias?
Todo esto se complica porque hay un gran número de asuntos que están pendientes en la Sala.
El Gabinete Técnico no está en condiciones de asumir la nueva casación
¿Nos está diciendo que dentro de cinco meses va a venir un tsunami y que el Supremo no está preparado?
Viene un ‘tsunami’ de recursos hacia la Sala Tercera para el que no estamos preparados.
Además, hay unos asuntos que están todavía ahí, pendientes. En estos momentos la Sala tiene los mismos asuntos pendientes, que cuando yo la dejé. Además, tiene 8.000 asuntos del céntimo sanitario a los que también hay que dar salida. No vale con resolver unos cuantos y decir que ya está el criterio establecido.
Hay 7.900 personas a las que el Estado tiene que reintegrarles una cantidad de dinero. La opción sería que el Estado, por vía extrajudicial, reconozca y pague. El coste es alto y por eso la Abogacía del Estado no desiste de estos recursos.
¿Todo esto lo sabe el presidente de la Sala y el presidente del Tribunal Supremo?
Estoy seguro de que sí.
Pues se cree que el nuevo recurso de casación es la panacea…
La decisión es que no se van a admitir mas de 100 asuntos al año. Eso es perfecto, el problema es que hay mil recursos directos, a los que habrá que sumar los 100, 200 o 300 recursos de casación que se admitan al año.
Además, para decidir cuáles son los 100, 200 o 300 recursos de casación que admites hay que examinar 10.000 asuntos. El inadmitirlos por providencia, de facto, presenta muchos problemas.
¿Por qué se desmanteló el Gabinete Técnico, desde su punto de vista?
Sospecho que el Gabinete se desmanteló, y lo digo sinceramente, como el primer paso de lo que culminó con mi no renovación al frente de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Sala llevaba una marcha que había sorprendido a propios y extraños. Incluso a mí. Nunca pensé que los resultados fueran tan buenos porque en año y medio la Sala se puso prácticamente al día.
La decisión de desmantelar el Gabinete fue del ministro Alberto Ruiz Gallardón y del secretario de Estado de turno, Fernando Román.
Nunca tuve ninguna duda de que eso fue un primer paso. El segundo fue mi no renovación. Mi secretaria sabe que yo tenía mi despacho vacío un mes antes de finalizar el mandato. Aquí no teníamos ninguna duda de lo que iba a pasar después.
Foto oficial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuando la presidía José Manuel Sieira.
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