La Conselleria de Interior de la Generalitat no va a expulsar del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra a los seis agentes que han reconocido ser responsables de la muerte de Juan Andrés Benítez en 2013. Se limitará a aplicar los términos que recoge la sentencia de conformidad del caso.
Los seis agentes admitieron, ante el tribunal, haber cometido dos delitos, uno de homicidio imprudente grave y otro contra la integridad moral, por los que aceptaron una pena de dos años de cárcel.
El acuerdo de conformidad, al que sus representantes legales llegaron con la fiscalía y con la acusación particular -que evitó que el juicio se celebrara- impide que entren en prisión, ya que la condena no pasa de los dos años y no tienen antecedentes penales.
Pero está condicionada a que no cometan delitos durante tres años. Si sucede, tendrían que cumplir esta condena y la otra.
También tienen que cumplir determinadas condiciones. Los agentes condenados quedan suspendidos de empleo y sueldo durante dos años. Y cuando vuelvan al cuerpo, no podrán patrullar durante cinco años.
Además, se les obliga a hacer un curso sobre derechos humanos y habrá que indemnizar con 150.000 euros a la hermana de la víctima.
De haberse celebrado el juicio ante un jurado popular, habrían corrido el peligro ser condenados a 14 años de cárcel.
En el acuerdo se recoge que los mossos condenados dieron patadas, puñetazos y golpes de rodilla y de porra a Benítez, que antes había tenido una pelea con un vecino, mientras le inmovilizaban.
Y añade que los policías efectuaron la sujeción y reducción de la víctima de «forma excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de mossos intervinientes -hasta ocho-, así como en la fuerza física ejercida sobre la víctima».
Asimismo, los agentes reconoce que provocaron en Benítez un estado de estrés que, «unido a los golpes» que le dieron, llevaron a la víctima a «un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorrespiratoria».
El acuerdo hace hincapié en la «desproporción» en cuanto al número de golpes propinados a la víctima, puesto que cuando se produjeron, este ya se encontraba tumbado en el suelo, «y no eran necesarios para cumplir con la obligación de los policías en el ejercicio de sus funciones».
Los sindicatos de los Mossos d’Esquadra apoyaron el pacto al que llegaron los abogados pero insistieron en que la operación para reducir a Juan Andrés Ibáñez se ciñó a los protocolos judiciales.
El sindicato SAP-FEPOL ha mostrado su respeto por la decisión de los mossos de llegar a un acuerdo de conformidad, pero insistieron, en un comunicado, en que la actuación de los agentes «se realizó cumpliendo los protocolos establecidos».
«Lamentamos profundamente la presión mediática a la que han estado sometidos los agentes que participaron en la actuación durante estos dos años y medio, en los que ha habido un juicio paralelo sin precedentes», añade SAP-FEPOL.
Dentro de la misma línea se expresó el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME) y el sindicato USPAC. EP.
