La asociación progresista de jueces, Jueces para la Democracia (JpD), han mostrado su «sorpresa, alarma y preocupación» por la grabación de una «conversación supuestamente mantenida entre el magistrado Salvador Alba y un investigado [el empresario Miguel Ángel Ramírez] previa a su declaración judicial», en un comunicado hecho público hoy.
Por ello, JpD considera que deben activarse los mecanismos del Estado de Derecho «para que estos hechos sean aclarados a la mayor brevedad posible».
Y, además, para que se determinen las «posibles responsabilidades disciplinarias y penales».
Desde JpD valoran de forma positiva que el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial haya iniciado actuaciones para «analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones».
En opinión de esta asociación de jueces, los hechos denunciados «han provocado una notable inquietud en nuestra judicatura» y, además, «han generado una comprensible conmoción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia en nuestro país».
«Si se acredita la autenticidad de dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso penal, en unos términos que no tendrían precedentes. Sería inaudito que un juez se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior. Más aún, sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo», afirma JpD.
Las circunstancias que rodean este asunto, dicen los jueces progresistas, «resultan cuanto menos anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie; tales han sido el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo Juez».
«En última instancia, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas», conluye JpD.
