El fiscal del caso, Daniel Campo, en la foto grande, y el juez José Castro, en la foto pequeña, autor del escrito. EP/Confilegal.
La Fiscalía de la AN ve intrascendente la propuesta de reunión clandestina que un abogado de la infanta le hizo al juez Castro
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23/5/2016 13:50
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Actualizado: 23/5/2016 13:50
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera intrascendente e inútil la información sobre la propuesta de reunión clandestina que un abogado de la infanta, del bufete de Miquel Roca, le hizo al juez de instrucción 3 de Palma de Mallorca, José Castro.
Por ello, el fiscal del caso, Daniel Campos, propone devolver el escrito a su autor.
En dicho escrito Castro informaba al titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, quien investiga a los responsables de Manos Limpias y Ausbanc por los supuestos delitos de extorsión, que uno de los abogados del bufete de Miquel Roca le había propuesto mantener una reunión «clandestina», fuera de los Juzgados.
Campos justifica su dictamen basándose en la «inutilidad e intrascendencia procesal» del escrito para para la causa.
El fiscal explica que «más allá» de la «simple» petición del encuentro, «no existe ninguna otra realidad fáctica, sino meras especulaciones acerca de las proposiciones que hubieran podido realizarse de haber tenido lugar la reunión o de las cuestiones que en su caso se habrían tratado».
El representante del Ministerio Público recalca que el instructor solo debe escuchar a los testigos cuyas declaraciones resulten útiles al objeto del procedimiento y recuerda que Castro señaló que fue otro de los letrados de la exduquesa, Jaime Riutord, quien acudió a su despacho durante los primeros días de diciembre de 2013 para trasladarle el «encargo» de Roca para reunirse en una finca en la «más completa intimidad».
Dicho esto, pone de relieve que la reunión nunca se llegó a celebrar y, en consecuencia, es «imposible» conocer «no ya su contenido, sino incluso si sería en Barcelona o Mallorca, si hubiera sido en una finca rústica o urbana, o la supuesta intimidad que hubiera rodeado a la reunión».
Expone también que el propio Castro, quien durante más de cinco años instruyó el ‘caso Nóos’, no consideró oportuno consignar esta propuesta en el procedimiento que abrió contra Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
«Tampoco debió apreciar que tras dicha petición pudieran esconderse algún tipo de proposición ilícita, actuación irregular o comportamiento que comprometiera su imparcialidad, cuando no dio curso a ningún tipo de actuación para que se investigara un supuesto delito, se corrigiera algún tipo de irregularidad o cesara una eventual perturbación de la imparcialidad», advierte.
A su juicio, la suposición de que en dicha reunión podría haberse llevado a cabo algún «ofrecimiento similar» relacionado con la investigación que sigue el juez Santiago Pedraz contra Ausbanc y Manos Limpias, es una «hipótesis fácilmente descartable».
En este sentido, apunta que no sería «lógico» proponer al juez una «supuesta conducta delictiva» y pone de relieve que Roca compareció ante la Policía para informar de los contactos indirectos que se habían producido por parte de los investigados.
Pedraz investiga la reclamación de un pago de tres millones de euros para que Manos Limpias retirara la acusación contra la Infanta.
INVESTIGACIÓN CONTRA AUSBANC
Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de «convenios publicitarios» así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua. EP.
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