La Guardia Civil en la sede de la empresa Acuamed. (EP)
El juez cree que Acuamed actuaba como una «organización criminal» que servía a intereses privados
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27/5/2016 05:55
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Actualizado: 26/5/2016 20:51
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El juez Eloy Velasco cree que el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y su número 2, Gabriela Mañueco, dirigían la empresa pública como una «organización criminal» que se dedicaba a favorecer «escandalosamente» intereses privados.
Así se desprende de los interrogatorios a los que el juez de la Audiencia Nacional sometió a los trece detenidos el mes de enero en la operación Frontino y a varios testigos del presunto fraude millonario cometido por la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
El juez Velasco preguntó al exdirector general Acuamed, Arcadio Mateo, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, si había favorecido «escandalosamente» a empresas privadas para «financiar a un partido político o para meterse el dinero en el bolsillo». Arcadio Mateo respondió que no había beneficiado «a nadie» y que así lo demostraría, al tiempo que se acogía a su derecho a no declarar.
También preguntó a Gabriela Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública, si Acuamed funcionaba como «una trama de organización criminal» en la que ella actuaba como «brazo derecho y primario» de Arcadio Mateo.
A ambos les acusa de «despedir o remover» a todos aquellos técnicos o directivos que se oponían o ponían reparos a sus «caprichos» y decisiones.
En este sentido, en el interrogatorio a Mañueco, el juez le preguntó por qué el empresario Nicolás Steegmann, presidente de Altyum, anteriormente llamada Altec, y exdirectivo de Acuamed, recibió tres de los seis contratos presuntamente fraudulentos que se investigan.
A lo que ella respondió: «Nosotros siempre comentábamos que Steegman tenía una habilidad especial que desconozco cuál es para acertar con el precio de las ofertas».
En la causa Acuamed ha sido una pieza fundamental Francisco Valiente, exdirector general de Ingeniería despedido por decisión de Mateo en 2014 y que denunció los hechos.
Valiente relató al juez las «insoportables» presiones que sufrió para efectuar a FCC unos pagos supuestamente irregulares, que, según su versión, habían sido acordado en reuniones «al más alto nivel, con el ministro».
«¿Qué ministro?», le preguntó el juez Eloy Velasco, a lo que contesta este confidente que «Arias Cañete«, según consta en el sumario de la presunta trama corrupta al que ha tenido acceso Europa Press.
Según el propio juez Velasco, Acuamed acordó con FCC una «compensación indebida» de 40 millones que se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos de 2015.
Ese acuerdo se habría firmado para compensar las pérdidas que la UTE formada por FCC y Abengoa había sufrido por las obras de la desaladora de Bajo Almánzar, en Almería, de la que fueron adjudicatarias esas empresas, después de que se inundara y quedara «arruinada» en 2012.
Tras esta inundación, Valiente asegura que advirtió de que la obra de reparación no se podía realizar porque la planta había quedado «arruinada». Concretamente, explicó que se celebraron varias reuniones donde «salió que querían (las contratistas) cobrar una liquidación del 20%, de unos diez millones de euros».
Francisco Valiente confirma ante el juez Eloy Velasco que la falta de un seguro que hiciera frente al imprevisto de la inundación en la desaladora de Almanzora derivó en instrucciones directas por parte de directivos de Acuamed, entre ellos el exdirector general, Arcadio Mateo. «Pagar ocho millones de liquidación, cuando eran dos, y 14 de reparación cuando no sería ninguno», resume el juez. «Eso es así», confirma Valiente.
«ESTO ES UNA BARBARIDAD»
Como director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente señala que puso en alerta al consejo de administración de esta empresa pública de las irregularidades que se estaban cometiendo en la desaladora almeriense. «Esto es una barbaridad», le dijo al director financiero, Carlos Anibarro.
Además, el denunciante asegura que cuando constata la falta de supervisión –«vi que no querían que la gente se enterase»– envió un informe a la secretaria del consejo de administración de Acuamed, Isabel Bonelli, que se terminó estudiando en la misma reunión en la que la cúpula de esta empresa decidió despedir a Valiente.
MEDIACIÓN DE ‘EXNÚMERO TRES’ DE SANTAMARÍA
Las reticencias de este denunciante también motivó que las empresas contratistas y supuestamente participantes de la trama corrupta dejaran de hablar directamente con él para reunirse con Arcadio Mateo y altos cargos del Gobierno como Sandra Ardiles, en su calidad de directora de Aguas del Ministerio de Agricultura, y Federico Ramos, el que fuera ‘número tres’ del Ministerio de Presidencia y colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría.
«También se reunieron con el ministro», precisa en alusión, de nuevo, a Arias Cañete. Francisco Valiente habla, además, de un correo electrónico en el que Federico Ramos le insta a Arcadio Mateo a que Acuamed pague 2,7 millones de euros a las contratistas. «Le vamos pagando, que le debemos muchas obras», fue la instrucción del exalto cargo del Gobierno, según la versión del exdirector de Ingeniería de esta empresa pública.
Federico Ramos dimitió como subsecretario de Presidencia por su relación con el caso Acuamed con la intención de defender su honorabilidad. En su despedida, aseguró que había cumplido estrictamente con la legalidad tanto en su etapa en Presidencia como en otra anterior como secretario de Estado de Medio Ambiente. (CONFILEGAL/EP)
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