La Guardia Civil se personó la mañana del viernes en la Ciudad financiera que el Banco de Santander tiene en Boadilla del Monte, población al oeste de Madrid, con un mandato judicial requiriendo información sobre «determinadas cuentas corrientes» en una investigación sobre el banco HSBC que tuvo su origen en la llamada «Lista Falciani».
La causa, sobre la que se había declarado el secreto-, está impulsada por el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. La intervención fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Lo que buscaban los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita eran «determinadas cuentas corrientes» relacionadas con la lista de 13.000 personas que tenían cuentas opacas -y, por lo tanto, supuestos evasores- en la sede suiza del HSBC y que Hervé Falciani, el exinformático de ese banco, se llevó.
Una lista a la que se dio el nombre de «Lista Falciani».
El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.
Lo que, al parecer, buscan los agentes de la UCO, según El Confidencial, son las operativas de funcionamiento con las que se habría blanqueado el dinero procedente de HSBC, pero que se encuentra en un periodo muy inicial y todavía no tienen conocimiento ni de personas ni de cantidades defraudadas.
COMUNICADO DEL SANTANDER
Sobre este punto, el propio Banco Santander ha emitido un comunicado en el que confirma que «se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades, que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles».
La investigación tuvo su origen en 2013 en España. Tras la excarcelación de Falciani, detenido en agosto de 2012, en el puerto de Barcelona y su colaboración con Anticorrupción en la investigación de los primeros 659 nombres españoles de su lista -enviada por Francia a Hacienda en mayo de 2010- el país vecino remitió a España otras 2.508 cuentas relacionadas con nuestro país gracias a la colaboración del exinformático del HSBC con las autoridades de ese país.
Después de expurgar los casos prescritos y los que no revestían indicios de delito, Anticorrupción remitió una denuncia a la Audiencia Nacional en junio de 2013 con 250 nombres.
El caso recayó en el juzgado central 5 cuando Pablo Ruz era aún su titular. Varios de los casos investigados han sido enviados a juzgados territoriales al considerar que no eran competencia de la Audiencia Nacional.
El juez José de la Mata ha decidido esta misma mañana levantar el secreto de esa investigación.
Al final, la lista de investigados se ha quedado en 40 «personas y grupos familiares», según fuentes del tribunal.
El juez ha abierto diligencias a cada una de esas personas y grupos se ha inhibido a favor de los tribunales territoriales competentes.
Los casos han ido a parar a juzgados de todas las comunidades autónomas salvo de Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja. La denuncia, inicialmente se había presentado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, pero el De la Mata ha limitado el caso al delito fiscal. EP.
