No existe una grabación original de la conversación que supuestamente mantuvieron el magistrado Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez en el despacho del primero, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 16 de marzo. Así lo ha reconocido hoy el propio Ramírez durante una comparecencia de 30 minutos ante la magistrada Margarita Varona, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, quien investiga el caso.
Según Ramírez, después de grabar la conversación, llevó el dispositivo al departamento de sistemas de su empresa «sobre las dos de la tarde». Y sobre las cuatro y media «encargó al jefe de dicho departamento que pasara al ‘pen drive’ la grabación contenida en el dispositivo utilizado».
El empresario no estuvo presente en el momento de pasar el archivo de audio de la grabadora al «pen drive», el cual le fue entregado ese mismo día a las 5 o a las 6 de la tarde, añadió.
Ramírez ha confirmado a la magistrada que después de pasarse el archivo de audio a la memoria USB «se borró de la grabadora porque ese dispositivo se utiliza para otras operaciones».
La explicación del empresario canario fue recibida con cierta perplejidad entre los presentes en dicha comparecencia ya que tratándose de un material tan importante y sensible, se optara por eliminar el archivo original de la grabadora con una explicación tan simple.
Varona convocó a Ramírez a las 10 horas de esta mañana para que éste contestara a las preguntas que el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que está llevando a cabo el análisis de la mencionada grabación, le había hecho llegar y sobre las que necesitaba respuesta.
Los agentes de la Benemérita solicitaban que «con el máximo detalle posible» Ramírez explicara «cómo se efectuó» la grabación.
«Específicamente sería interesante conocer: fecha de la grabación, situación espacial del equipo grabador en el momento de realizar el registro, número de grabaciones realizadas y expresión pormenorizada de los pasos llevados a cabo para hacerlas y descripción del procedimiento llevado a cabo para la realización de la copia que se aporta en el pendrive», dice el oficio de la Guardia Civil.
También solicitaban el manual de funcionamiento y características técnicas del dispositivo grabador con los elementos adicionales necesarios (cargados, cable USB,software, etc).
Así mismo, requerían de la magistrada Varona un auto autorizando al Servicio de Criminalística a extraer y analizar la información «contenida en dispositivo» de grabación «del cual se desconoce marca y modelo. Se significa que es necesaria la realización de un volcado seguro de la información y a que las pruebas de autentificación podrían provocar la pérdida de la misma al tener que proceder a manipular el dispositivo».
LA RESPUESTA DE RAMÍREZ
Ramírez, que acudió sin abogado, no recordaba el día en que llevó a cabo la grabación, pero sí que llevó la grabadora en el bolsillo izquierdo de su chaqueta.
El magistrado, según el empresario, estaba sentado frente a él, en diagonal, a una distancia que no superaría el metro y si que hubiera ningún elemento entre ellos.
Sobre el número de grabaciones realizadas, Ramírez explicó que «activó el dispositivo y lo desactivó cuando en el transcurso de la conversación entró una tercera persona, y cuando esta se fue» reinició la «grabación en cuanto pudo hacerlo». Fue un lapsus de 15 minutos para que el juez «no se percatara de que le estaba grabando», explicó a la juez.
Le dio a grabar, según él, poco antes de entrar en su despacho.
En la mencionada comparecencia el empresario precisó que la grabadora no necesita de cargador porque se autorrecarga desde el ordenador con el cable USB.
El informe que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entregará a la magistrada Varona es muy importante porque determinará si la grabación es un producto de corta y pega o no y si el micrófono grabador estaba más cerca del magistrado o del empresario. Si, en suma, la grabación es legítima o es un puro montaje.
