La Comisión Europea discutirá en septiembre con las organizaciones de protección al consumo de Europa cómo presionar a Volkswagen, que rechaza indemnizar a sus clientes comunitarios al igual que a los estadounidenses por el escándalo de las emisiones ilegales de sus motores diésel.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario y las organizaciones de protección al consumo en Europa tratarán de «encontrar soluciones a corto plazo y discutirán soluciones a largo plazo para proteger mejor a los consumidores» cuando se reúnan en septiembre, ha confirmado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Nathalie Vandystadt.
El pasado mes de septiembre, las autoridades de Estados Unidos denunciaron que miles de vehículos diésel del fabricante alemán incorporaban un software que detectaba cuándo se estaba realizando un test y modificaba el rendimiento del motor para reducir las emisiones de gases contaminantes respecto a los datos reales en carretera. El fabricante alemán sólo ha aceptado indemnizar a sus clientes en Estados Unidos.
La Comisión ha pedido a Volkswagen en numerosas ocasiones que compense a los consumidores europeos afectados, pero también ha dejado claro que son los tribunales nacionales los que tendrán que determinar «caso por caso» las denuncias.
Pese a ello, la comisaria de Justicia, Vera Jourovà, ha enviado cartas a todas las organizaciones de protección al consumo en la UE para conocer cuáles son «las primeras soluciones» que están ofreciendo las autoridades nacionales a los consumidores afectados, las «dificultades» que está habiendo y cómo se puede actuar «mejor» a nivel europeo, ha precisado la portavoz comunitaria, que ha recordado que la postura de las organizaciones de protección al consumo difieren en Europa y no siempre están coordinadas.
La comisaria ya tuvo una reunión hace unos días con la Organización de Protección al Consumidor Europea (BEUC) para hablar sobre la mejor manera de proteger a los consumidores «en toda Europa», ha precisado la portavoz.
POSIBLES MECANISMOS
Uno de los mecanismos que podría emplearse si sale adelante la propuesta, es que la CE pueda activar una medida de coordinación del cumplimiento de la legislación cuando haya prácticas perjudiciales para consumidores en la mayoría de los países miembros.
Para ello tendría que haber un 75 % o más de los estados miembros afectados y debe haber un 75 % o más de la población comunitaria perjudicada.
