Recientemente, se ha reabierto el debate de los aforamientos como si este fuera el primer y único mal que azota a nuestro país. Distintas voces se han escuchado señalando que España es de los países con mayor número de aforados. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta figura jurídica? Un claro sentimiento: el desprecio por nuestros líderes políticos a la administración de la justicia de los de a pie.
Un aforamiento no es sino la protección que se le otorga a cierto personaje relevante para ser enjuiciado por un Tribunal superior del escalafón jurídico, y diferente del que se le atribuiría por competencia a un ciudadano normal. Esta tradición nace en la Edad Media del primer parlamentarismo inglés en dónde se dotó de ciertos derechos a los parlamentarios tales como el “freedom speech” y “freedom from arrest” –libertad de expresión y libertad de reunión– para ejercer sin injerencias su mandato en contraposición al inicial poder absoluto del monarca.
¿Por qué ocurría esto? Por un lado, para resguardarse de persecuciones políticas que instrumentalizasen los Tribunales para impedir la labor parlamentaria, es decir, evitar ser enjuiciado por razones ideológicas y segundo, para dotar de mayor protección y seguridad jurídica las acciones de la administración de justicia cuando a quien se investiga y enjuicia, merece de magistrados más experimentados, que los compuestos en Tribunales de instancia.
Entonces, ¿qué reflejan los aforamientos en plena democracia en un Estado de Derecho? La muestra de una política de parches y costuras, para blindarse así nuestros dirigentes de los defectos de la mala administración de justicia. Es decir, como no confían en los jueces de instancia para ser investigados o enjuiciados, ellos prefieren tener jueces de «primera división», tales como el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia para dilucidar sus responsabilidades.
Sin embargo, el resto de los ciudadanos debemos conformarnos con las virtudes y defectos de las instancias inferiores, lentitud en la instrucción, falta de medios y lo más grave, la triste inseguridad jurídica que en algunos casos campa hoy en nuestra justicia; en dónde, la comisión o no del delito, la detención o no del delincuente queda a una suerte casi arbitraria de la autoridad moral del juez oportuno. Ya que no son pocos los casos, en donde por causas jurídicas idénticas, se han tenido resoluciones muy dispares.
Cabe no olvidar que los magistrados de los Tribunales Superiores, esos de «primera» han sido escogidos previamente para copar tales puestos por el Consejo General del Poder Judicial –CGPJ– cuyos vocales han sido escogidos previamente discrecionalmente por el poder político. Dónde queda la separación de poderes y la independencia judicial, si quien te va a enjuiciar es deudor de su puesto a la facción política que le ha escogido.
Por ello, ¿Es justo para la honradez del juez que se le ponga en tela de juicio su profesionalidad e imparcialidad por la forma de su elección en su promoción? ¿Es justo para la ciudadanía que los políticos sean enjuiciados por los magistrados que ellos mismos han escogido? ¿Y es esto justo que padezcamos una justicia de segunda mientras algunos privilegiados tienen justicia de primera?
Nuestros líderes políticos en lugar de simplemente alimentar el debate televisivo, a favor o en contra de aforamientos, lo que siembra la duda sobre la imparcialidad y la profesionalidad del enjuiciador, el debate debería de centrarse en el verdadero problema de fondo: la mejora de la administración de justicia, más seguridad jurídica, y sobre todo, traer de una vez a nuestra democracia la anhelada independencia judicial.
