PP y Ciudadanos firman un acuerdo que contiene las semillas del Pacto por la Justicia que todos los operadores reclaman
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante su comparecencia de hoy tras la firma del acuerdo PP-Ciudadanos. EP.

PP y Ciudadanos firman un acuerdo que contiene las semillas del Pacto por la Justicia que todos los operadores reclaman

|
28/8/2016 15:38
|
Actualizado: 25/3/2021 13:37
|

El Partido Popular y Ciudadanos finalmente han suscrito hoy el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy que contiene las semillas del gran Pacto que reclaman todos los operadores jurídicos para modernizar la Justicia. Son 13 puntos. El primero de ellos: que los jueces y magistrados puedan elegir a sus 12 representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tal como se hizo hace 36 años, en 1980.

De esta forma el Parlamento dejaría de elegir directamente a los 20 vocales -12 de procedencia judicial y 8 juristas de reconocido prestigio-, tal como ha recomendado el Consejo de Europa y la Red Europea de Consejos del Poder Judicial como medida para «despolitizar» la justicia.

En el acuerdo se contempla la limitación de las “puertas giratorias” entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial, y eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados a los Tribunales Superiores de Justicia.

El acuerdo, que ha sido por los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando, y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, contempla 12 puntos más que se resumen bajo el epígrafe «Modernización y eficacia de la Justicia».

Son estos:

»131. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y la calidad de la Administración de Justicia.

«132. Incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia. Favorecer una distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario*.

«133. Agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de los juzgados.

«134. Impulsar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, su modernización, promoviendo la implantación y formación en herramientas digitales, un sistema de gestión procesal común, un punto general de acceso para el ciudadano y el desarrollo pleno de avances tecnológicos como los archivos judiciales electrónicos o la firma electrónica*.

  • Aprovechar las nuevas tecnologías para aproximar la justicia al ciudadano, potenciando iniciativas como la de “Justicia 24horas” o la Sede Judicial Electrónica. Fomentar la cita previa y la tramitación electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al ciudadano cuando obre en poder de la Administración.

«135. Modernizar nuestras leyes procesales, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos, para potenciar, sin menoscabo de las garantías, la agilidad y eficacia en los procedimientos.

«136. Realizar un seguimiento de los efectos de la limitación de plazos de instrucción introducidos por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de tener una visión objetiva de la eficacia de la norma con carácter previo a cualquier decisión sobre su modificación para, entre otras cuestiones, asegurar que ninguna causa quedará sin ser juzgada por la limitación de dichos plazos.

«137. Potenciar el arbitraje y la mediación, otorgando un papel protagonista a los ciudadanos y asegurando las correspondientes garantías de libertad y seguridad.

«138. Reformar la Ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en ningún caso suponga un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de lucro.

«139. Priorizar la atención a las víctimas, con especial atención a las personas más vulnerables, mediante el pleno desarrollo del Estatuto de la Víctima y la implantación de Oficinas de atención a las víctimas.

«140. Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades, en ámbitos como las medidas de reparación o la recogida de testimonios.

«141. Fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el sistema de acceso mediante oposición. Todas las plazas de promoción interna se cubrirán mediante concurso con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad. Asimismo, valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las “puertas giratorias” entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.

«142. Eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.

«143. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán:

  • Los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese.
  • Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad».
Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial