La Justicia en Sevilla no es una pura maravilla

Recientemente el decano del Colegio de Abogados de Sevilla ha denunciado públicamente el pésimo funcionamiento y colapso que sufren los juzgados de Sevilla, responsabilizando “en buena medida a la Junta de Andalucía puesto que no atiende adecuadamente las necesidades de medios materiales y humanos existentes”.

La creación de órganos judiciales corresponde al Ministerio de Justicia y no a la Junta de Andalucía, que solo tiene competencia para la provisión de funcionarios y medios materiales (edificios y sistemas informáticos), pero ello no le exime de responsabilidad porque no solo no reivindica la creación de órganos judiciales sino que ha llegado a rechazar en ocasiones los que proponía el Ministerio de Justicia.

Por ello, no es admisible que la Junta de Andalucía se conforme con que sus juzgados tengan la tasa de litigiosidad más alta de todas las Comunidades Autónomas: en 2015, 209,4 asuntos/1000 habitantes frente a una media nacional de 179,7, y solo 10,77 jueces/100.000 habitantes, inferior a la media de España (11,47).

El resultado es muy negativo: la media de asuntos ingresados/juez en Andalucía (1943,9) es la más alta de las Comunidades Autónomas desde hace una década, muy superior a la media nacional (1565,2) y duplica a La Rioja (954,7).

El abandono secular que sufre la Administración de Justicia en Andalucía es doloroso, y provoca que su funcionamiento sea caótico en muchos juzgados.

Sevilla es un claro ejemplo de ello, como se comprueba en los datos recogidos en la siguiente tabla del primer trimestre de 2016.

Estos datos constatan que si la carga de trabajo en Andalucía de los juzgados analizados es superior a la media nacional, los de Sevilla se encuentran aún peor, salvo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo, aunque, en todos los casos, superior a la media nacional.

Por tanto, es más que explicable por qué el funcionamiento de la Administración de Justicia en Sevilla es muy deficiente y caótico.

Pero, aunque la responsabilidad por acción u omisión del abandono que sufre la Administración de Justicia en Andalucía, y especialmente en Sevilla, deben compartirla Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía por incumplir las funciones que legalmente tienen encomendadas, se preguntarán por qué los jueces andaluces y sevillanos admitimos desempeñar nuestra función en unas condiciones tan deplorables y en unas instalaciones tan indignas; y por qué los abogados asumen silentes este abandono secular que afecta a su ejercicio profesional, que no tiene visos de solucionarse ni a corto ni a medio plazo.

Ignoro el porqué de la pasividad de los abogados.

Y me resulta difícil explicar por qué los jueces sevillanos mantenemos silencio, aunque advierto que existe una errónea conciencia de obediencia cartujana al servicio público, aunque el que se ofrezca sea lamentable e insatisfactorio.

También me asombra que nuestros representantes no reivindiquen con firmeza y rigor la creación de nuevos órganos judiciales. Ejemplo de ello es que, pese al abandono que sufren los juzgados sevillanos, en el Capítulo de necesidades judiciales de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  de 2015, solo se reclama la creación en Sevilla capital de cinco juzgados: dos de Primera Instancia, uno de lo Mercantil, uno de lo Penal y uno de lo Social, que resultan insuficientes por los datos antes ofrecidos no ya para que funcionen eficazmente, sino para alcanzar la media nacional.

Igualmente, pese a la sobrecarga de trabajo que soportaban en 2015 las cuatro secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla, que contaba con 20 magistrados, y a la complejidad de las causas que se están instruyendo (ERES, Invercaria, MercaSevilla, Subvenciones a la formación, Betis…), con notable repercusión a nivel nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no considera necesario en la citada Memoria la creación de ninguna nueva plaza porque entiende que “se supera ligeramente el módulo”, cuando el número de asuntos ingresados (365,6/juez) es muy superior al módulo de asuntos de entrada/juez fijado por el CGPJ (entre 264/316), y a que “la plantilla está equilibrada”, cuando, buscando una ciudad de tamaño similar, Alicante tiene 338,2 asuntos/juez, cuenta con 5 secciones penales y 24 magistrados.

Por ello, mientras el abandono de las administraciones competentes, el silencio de los implicados (jueces, abogados, ciudadanos…) y la falta de conciencia que tienen los ciudadanos de la importancia que tiene para una sociedad que la Justicia funcione eficazmente sigan siendo la norma de conducta, la Justicia en Sevilla seguirá colapsada y ofrecerá un pésimo funcionamiento.

Me gustaría decir que, como la lluvia, la Justicia en Sevilla es una pura maravilla, pero, como dice el Decano, no lo es.