Jesús Santos, abogado defensor del PP y de Carmen Navarro, tesorera del partido, ha solicitado a la juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que archive la causa en la que ha acordado procesarlos por la destruccion de los discos duros del exresponsable de las cuentas Luis Bárcenas en aplicación de la denominada ‘doctrina Botín’, tras haber retirado éste la acusación el pasado 13 de septiembre.
En un escrito de fecha de 21 de este mes, el abogado -exteniente fiscal de la Audiencia Nacional y letrado del bufete Baker & McKenzie- recuerda que Bárcenas ha retirado la acusación en esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento, y que al hacerse efectivo dicho desistimiento el pasado 16 de septiembre ya no se encuentra personada ninguna acusación particular en el presente procedimiento.
También pide el PP a la juez que tenga en cuenta que la Fiscalía, «órgano encargado, según la Constitución, de velar por los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos», solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.
«Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia del Excelentísimo Tribunal Supremo que trae causa de su Sentencia núm. 1045/2007, de 17 de diciembre (la comúnmente conocida como ‘Doctrina Botín’), no es posible mantener una causa penal abierta únicamente a instancias de las acusaciones populares», señala el escrito, por lo que piden el archivo.
Entiende el PP que el sometimiento de cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, sólo se justifica en defensa de un interés público, expresado por el Ministerio Fiscal o un interés privado, hecho valer por el perjudicado.
«Fuera de estos casos, la explícita ausencia de esa voluntad de persecución, convierte el juicio penal en escenario ajeno a los principios que justifican y legitiman la pretensión punitiva», añade el escrito.
EL PERJUDICADO NO TIENE INTERÉS EN CONTINUAR
Resulta evidente para el PP que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal- consideran además que el delito de daños imputado carece de dicho interés público- (…) no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones populares».
Sobre el delito de encubrimiento, la defensa del PP considera que el dictado de sobreseimiento parcial de la causa respecto del delito de daños informáticos «conduce necesariamente a la imposibilidad de continuar la presente investigación respecto del delito de encubrimiento».
La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, procesó el pasado mes de julio al partido, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la eliminación de los discos duros, en un momento en el que Bárcenas ejercía la acusación particular en esta causa.
En concreto, por el delito de daños informáticos la magistrada aseguró que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera «conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia» de dichos dispositivos y «permitió» que Moreno ejecutase dicha orden «a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello».
En cuanto al PP, Freire consideraba que no estableció «un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos» y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en ‘Génova’. EP.
