Arranca el juicio de la primera época de la Gürtel con la fase de cuestiones previas en la que algunos de los 37 acusados expondrán la nulidad de las pruebas contra ellos, como la de la grabación que destapó la trama y de las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón entre abogados e imputados en prisión.
Una vez agotadas las vías de las recusaciones, la última la del magistrado José Ricardo de Prada se han despejado todos los posibles obstáculos que permiten iniciar el juicio a la red de corrupción más siete años después de que los principales responsables fueran detenidos por el juez Baltasar Garzón, que comenzó a instruir la causa.
Cabe señalar que en este juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí aceptó la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, «para garantizar la apariencia de imparcialidad».
Es previsible que las dos primeras jornadas de este juicio, cuyo tribunal estará definitivamente formado por los magistrados Ángel Hurtado, (presidente), Julio de Diego y José Ricardo de Prada, se dediquen a las cuestiones previas, es decir, peticiones referidas al procedimiento que plantearán las partes.
En ellas, varios de los acusados, entre los que se encuentra el extesorero Luis Bárcenas, pedirán la nulidad de las grabaciones hechas por el delator de Gürtel, José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, (también acusado), al presunto cabecilla, Francisco Correa, por considerarlas ilegales.
También plantearán esa nulidad de las escuchas en la cárcel entre Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y las del abogado Ignacio Peláez, que acudió a entrevistarse con el primero, ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón y que le supusieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.
Las defensas esgrimirán aquí la doctrina del “árbol envenenado” establece que todas las pruebas obtenidas de una “actuación ilícita están contaminadas”. Es decir, pruebas que no se han obtenido de acuerdo con unos cánones, unas normas fijadas, carecen de validez.
CUENTAS EN SUIZA
Otras de las cuestiones previas que suscitarán cierta tensión serán las referidas a la autorización por parte de la justicia suiza a que la española use los datos que facilitó sobre cuentas bancarias de algunos acusados.
En su día, el país helvético autorizó a España a usar la documentación que envió sobre Luis Bárcenas, y otros seis implicados en la trama (Iván Yáñez, Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero), para acusarlos relacionados con delitos fiscales, lo que en la legislación española sería comparable con el delito de fraude.
Una decisión que fue recurrida por algunos imputados, por lo que la justicia suiza suspendió la citada autorización hasta que se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Penal Federal, pendiente aún de respuesta.
De esta manera, las defensas alegarán que la justicia española no puede utilizar esos datos, ni para delitos de corrupción como el fraude ni para delito fiscal.
La anulación de esos documentos enviadas por Suiza supondría echar por tierra gran parte de la prueba de la Fiscalía Anticorrupción contra los defraudadores de la trama Gürtel.
También se esgrimirán en estas cuestiones previas argumentos contra la excesiva presión mediática de algunos de los acusados, la pena de banquillo anticipada y el juicio paralelo sufrido durante todos estos años de investigación.
Con todos estos asuntos sobre la mesa, la Audiencia Nacional comienza hoy el juicio sobre la pieza matriz de la trama ‘Gürtel’, denominada ‘Época I: 1999-2005’, en la que se sentarán en el banquillo de los acusados el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas y otras 35 personas, entre ellas una decena de ex altos cargos del PP.
Un juicio que ha despertado gran expectación. Se espera que unos 200 periodistas de 65 medios acreditados se congreguen en la Audiencia Nacional para ver desfilar a los acusados en ambos juicios (alrededor de 100) con sus respectivos abogados,
Los 37 acusados suman una petición de pena total de 732 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Estas son las peticiones de penas realizadas por la Fiscalía.
