El Banco de España no escuchó «los riesgos» de la salida a bolsa de Bankia

El Banco de España no escuchó «los riesgos» de la salida a bolsa de Bankia

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14/10/2016 17:28
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Actualizado: 15/10/2016 12:59
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La cúpula del Banco de España desatendió los avisos de la Inspección de BFA-Bankia que habrían evitado la supuesta estafa de la salida a Bolsa de Bankia en 2011, amortiguado el rescate público que recibió un año después, según unos nuevos correos internos remitidos a la Audiencia Nacional.

Así consta en cuatro correos remitidos por el organismo al juez que investiga la operación y fechados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011, apenas dos meses antes de la salida a bolsa, que tuvo lugar en julio de ese año.

Los cuatro correos se los remite el coordinador de la Inspección en BFA-Bankia del Banco de España, José Antonio Casaus, a Pedro Comín, director general adjunto de supervisión de la entidad, en las que se refiere a la «débil capacidad» de crear recursos del Grupo Bankia y advierte claramente de que la operación bursátil sin llevar a cabo las reformas pertinentes no funcionaría y crearía «quebranto» al contribuyente.

En ellos, Casaus se mostraba partidario de sacar a bolsa el Grupo BFA-Bakia como una sola entidad, «por el riesgo de pérdidas para contribuyentes y accionistas», por delante de la opción que se impuso y que se veía como una «bombona de oxigeno», separar a Bankia de su matriz BFA.

Casaus aconsejaba la salida a bolsa como banco único pero no como banco doble, lo que en su opinión sería «el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto».

Por el contrario, de hacerse como un banco único no hubiera provocado pérdidas ni para los accionistas ni para los contribuyentes, explica, aunque la alternativa preferida era en aquel momento que un banco, «preferiblemente extranjero», se hubiera hecho con la entidad.

Las notificaciones, correspondientes al 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo y que habían permanecido ocultas hasta el momento, se adhieren a la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Fernando Andreu, a petición de Andrés Herzog,  el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en la causa que instruye la Audiencia desde 2012.

PERFIL POLÍTICO «CLARAMENTE MEJORABLE»

El inspector plasma sus conclusiones en un informe de seis páginas en el que también hace referencia al perfil «marcadamente político» del Gobierno interino del Grupo BFA-Bankia, que considera «claramente mejorable» y que integran gestores «desacreditados ante el mercado». En concreto cuestiona la «honradez» de estos últimos por adjudicarse un bonus en 2009 «superior al que le correspondía» por corregir el ejercicio.

Tras el diagnóstico, en el que advierte de que la liquidez es la «principal amenaza» y que la solvencia es «insuficiente con la nueva normativa» (Basilea III), Casaus apunta que el «tratamiento para el enfermo» pasa por un cambio de control que integrara a la entidad nacionalizada en un grupo «con suficiente fortaleza financiera», siempre haciendo hincapié en que la solución tenía que ser «exógena» y «estructural».

En su correspondencia asegura que «Este grupo NO ES VIABLE [lo puso en mayúsculas] sin un cambio de control que posibilite una drástica reducción de los costes de financiación (…) y un tijeretazo a los costes de personal».

Advirtiendo que si eso no se producía «se acabará malvendiendo el banco cotizado y el Frob tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado [BFA], por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente».

Estos correos vienen a corroborar lo expuesto por Casaus en su declaración en calidad de testigo ante el magistrado Andreu el pasado 5 de septiembre en la que incidió que no era aconsejable la entrada de Bankia en el mercado bursátil. Pese a ello, el debut de la misma se produjo en julio de 2011 y un año después se inyectaron entre 22.000 y 25.000 millones de euros de dinero público para evita su quiebra.

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