La muerte en la cárcel del intermediario belga, Michel Desaedeleer, de 71 años, el pasado 28 de septiembre, ha frustrado lo que iba a ser el primer juicio por crímenes de guerra por saqueo, trato inhumano y complicidad en delitos de esclavitud -lesa humanidad- en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Desaedeleer fue detenido en agosto de 2015 en el aeropuerto de Málaga por la Policía Nacional, acusado de crímenes de guerra por tratamiento inhumano, degradante y pillaje así como de crímenes contra la humanidad por la imposición de esclavitud en su participación en el llamado comercio de «diamantes de sangre» en Sierra Leona, África.
El comercio ilegal de «diamantes de sangre» en ese país avivó una brutal guerra civil que duró 11 años, desde 1991 hasta 2002, y que se cobró 50.000 vidas.
La orden de detención había sido emitida por la policía federal belga, a través de Interpol, sobre una denuncia presentada en 2011 por cinco ciudadanos sierraleoneses, que fueron forzados a trabajar en las minas de diamantes en Sierra Leona durante la guerra.
La denuncia contiene una serie de testimonios jurados que vinculan a Desaedeleer de forma directa con el comercio de diamantes y que evidencian su presencia en las minas de diamantes en Kono, al este de Sierra Leona, además de su conocimiento y participación en actividades desarrolladas en las minas.
El caso se construyó en torno a las pruebas reunidas por dos organizaciones no gubernamentales (ONG) con sede en Suiza: Civitas Maxima y el Centro para la Responsabilidad y Estado de Derecho (CARL), con sede en Freetown, Sierra Leona.
Los supuestos «socios» de Desaedeleer en este «negocio» fueron el entonces presidente de Liberia, Charles Taylor, y el grupo rebelde Frente Unido Revolucionario (RUF, en sus siglas en inglés) de Sierra Leona.
Durante la guerra, los rebeldes del RUF se valieron de trabajos forzados para extraer diamantes en Sierra Leona, esclavizando a seres humanos.
Posteriormente, los diamantes fueron transportados a la vecina Liberia, con el apoyo de Taylor. A partir de ahí, los diamantes se vendían en el mercado internacional, con la supuesta ayuda del fallecido Desaedeleer, y los beneficios se utilizaban para apoyar las actividades del RUF.
A pesar de que el Tribunal Especial para Sierra Leona (establecido en el año 2000) condenó tanto a los líderes rebeldes del RUF como a Taylor por la comisión de crímenes internacionales, no se pudieron presentar cargos contra aquellos que ayudaron a avivar la guerra a través del comercio de los «diamantes de sangre».
Desaedeleer tenía la doble nacionalidad, belga y estadounidense. Su muerte, en una cárcel belga, frustra dicha posibilidad.
El juicio iba a celebrarse en los próximos meses.
ÚNICO OCCIDENTAL ACUSADO
Este caso es importante porque Desaedeleer era el primer implicado occidental acusado de crímenes internacionales en relación con el conflicto en Sierra Leona.
Los tribunales belgas afirmaron su jurisdicción sobre el caso con base a la jurisdicción personal activa porque Desaedeleer era un ciudadano belga lo que le permitía ser juzgado en Bélgica por ciertos delitos cometidos en cualquier parte del mundo.
Además, Bélgica posee un sistema legal de tipo europeo continental que permite a las víctimas presentar querellas que fueron posteriormente asumidas por la Fiscalía Federal, que dispuso de las pruebas recogidas por los investigadores de la Policía Federal belga en Sierra Leona, país que prestó toda su colaboración para incriminar a Desaedeleer.
Los cinco denunciantes, que presentaron la querella en 2011, son víctimas directas de los delitos que se estaban instruyendo y contaban con la representación legal de Luc Walleyn, abogado belga especializado en derechos humanos.
De acuerdo con Civitas Maxima y CARL, el caso Desaedeleer «habría sido el primer juicio en la historia en el que se habrían juzgado crímenes internacionales cometidos presuntamente en apoyo del comercio de recursos naturales».
Otros empresarios occidentales han sido acusados de crímenes internacionales con anterioridad: un tribunal de los Países Bajos declaró al empresario holandés Frans van Anraat culpable de crímenes de guerra en 2005 por suministrar materiales utilizados para la fabricación de armas químicas al régimen de Saddam Hussein en Iraq.
Un segundo ciudadano neerlandés, Guus Kouwenhoven, fue acusado en 2005 en este mismo país por crímenes de guerra y suministro ilegal de armas a Taylor, dentro del contexto de la guerra civil de Liberia.
Kouwenhoven fue declarado inocente por los crímenes de guerra, pero condenado por contrabando de armas.
La Fiscalía y la defensa apelaron este fallo en un caso que sigue en curso ante el Tribunal de Apelaciones.
De acuerdo con Civitas Maxima y CARL, «la detención de Michel Desaedeleer, su encarcelamiento y el hecho de que su juicio estuviese programado para los próximos meses, representa una victoria para las víctimas que de forma valiente lo denunciaron y nunca han desistido en su lucha porque se haga justicia».
A pesar de la evidente decepción de los querellantes, el caso de Desaedeleer muestra cómo las ONG comprometidas pueden hacer uso de la ley y jurisdicción nacional e internacional para perseguir a personas que se benefician de manera ilícita y ayudan a perpetuar los conflictos armados.
La Open Society Justice Initiative, por ejemplo, ha brindado apoyo legal en el Reino Unido, Suiza y las Islas del Canal para perseguir a aquéllos individuos involucrados en el saqueo de oro durante el conflicto en la Republica Democrática de Congo.
