Cada día que los abogados accedemos a las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en el Polígono Industrial de San Fernando de Henares, de Madrid, acompañando a nuestros clientes, los acusados del caso Gurtel, tenemos que hacer frente a una lluvia inclemente y pesada de insultos directos.
Insultos de los que tampoco se libran los acusados y abogados en el juicio de las “tarjetas blacks”, que se celebra al mismo tiempo que el nuestro.
Son palabras gruesas y ofensivas las que profieren las hordas de indignados que se agolpan a la puerta de la sede judicial vociferando su sentencia anticipada ante las cámaras de televisión.
Son expresiones –y perdonen que aquí las recoja en su literalidad, pero no hay otra- como ¡corruptos!, ¡hijos de puta!, ¡mira el tonto de la campana!, ¡Correa, cabrón!, ¡Bigotes!, ¿dónde has dejado el puro ahora?, ¡cabrones!, ¡Elpidio es un señor!, y cosas por el estilo.
No sientan bien. Nada bien. Hay que admitirlo. Y hay que hacer como que no se escuchan.
Pero se escuchan. Alto y claro,
El sometimiento al cadalso de la ignominia se une la creencia de que todos y cada uno de los acusados ya están condenados.
Pocas personas, con independencia de la culpabilidad o inocencia sobre los hechos que se les imputan, nos planteamos que están siendo juzgados seres humanos cuyo principal delito ha sido la avaricia y la falta de honestidad personal y profesional.
Se han hecho supuestamente ricos.
Están siendo juzgados públicamente, pero no han dejado de ser personas.
Esta misma reflexión la hago con cualquiera de mis defendidos, ya sea por designación particular o en turno de oficio.
Tras casi diez años de proceso «Gurtel» y casi cuatro años de prisión provisional –en el caso particular de Correa- tengo el convencimiento personal de que se ha consumado su “asesinato” civil y público.
No cabe duda que a todos y cada uno de los acusados se les ha acabado su vida profesional y personal. En el mejor de los casos cambió hace diez años, cuando comenzó la instrucción del caso.
Se han convertido en meros cadáveres civiles, en apestados, vapuleados por el sistema judicial y la opinión publica.
Soy consciente de que con mi opinión voy contracorriente, pero tengo que expresarla. Necesito hacerlo.
Hasta hoy, a mi juicio humano, se han lesionado gravemente su derecho a un proceso judicial sin dilaciones indebidas, que sea vista y decidida su culpabilidad o ratificada su inocencia en un plazo prudencial.
En la sala se están sometiendo a un juicio con todas las garantías pero en el tribunal de la opinión pública ya están condenados.
Y los vociferadores callejeros, con sus insultos, refuerzan cada día esta seguridad.
Hago esta reflexión desde la experiencia, no solo en este caso, sino en todos aquellos donde el paso del tiempo se convierte en una verdadera tortura física y psicológica para los investigados.
Las circunstancias personales, familiares y sociales de los investigados cambian durante la tramitación de procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como la harían en el momento en que la acción delictiva evidenció la necesidad de resocialización.
Esta dilatación y demora inflige un natural padecimiento al acusado que comporta la desproporción entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal que causó cuando delinquió.
Por eso se considera la dilación indebida como un aspecto a considerar para rebajar la pena impuesta.
Lo que nunca se devuelve ni compensa es el asesinato civil, personal o profesional, al que ya ha sido sometido el acusado, máxime cuando su juicio ha sido público y paralelo. Pero es lo que hay.
