La cosa está tasada desde hace tiempo. Cualquier ministro de Justicia nuevo tarda un mínimo de un año en enterarse de qué va la vaina y al menos dos en controlar la cartera. Por eso, la continuidad del actual titular de la cartera, Rafael Catalá, es una «prueba de vida» del compromiso del PP con la reforma de la Justicia.
A diferencia de otros ministros, cuando Catalá sucedió a su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, en septiembre de 2013, lo hizo con un conocimiento que no tuvieron ninguno de sus antecesores. No en vano, él fue secretario de Estado entre 2002 y 2004 cuando José María Michavila tenía la titularidad máxima del Ministerio.
De no haber sucedido el 11-M, en 2004, Catalá habría ocupado la responsabilidad que ahora ocupa nueve años antes.
Porque esos eran los planes que tenía el PP de entonces.
El aterrizaje del ministro se produjo en el peor de los momentos, con la práctica totalidad del mundo de la justicia en pie de guerra contra el Ministerio. Peor imposible, hay que reconocerlo. Y además, con un periodo de acción muy corto.
Catalá no es perfecto, también hay que decirlo, pero es de justicia reconocer que en este tiempo ha sabido pacificar los ánimos y traer paz a un panorama que Ruiz Gallardón dejó convulso.
Ha convertido el diálogo con todos los agentes sociales en una marca de su gestión.
Se ha reunido y ha hablado con todos. Otra cosa es que haya podido contentar a todos.
La implementación de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que a la calificación de causas en sencillas o complejas, por parte de la fiscalía, a lo largo del primer semestre, y la implantación del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet han calentado los ánimos entre fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados. También las reformas a las diferente leyes.
En un mundo tan inmovilista como el de la Administración de Justicia, las reformas emprendidas equivalen a una auténtica revolución, en el haber de Catalá.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe decidir ahora si «renombrar» a Catalá como ministro de Justicia, para que termine lo iniciado, o, por el contrario, elegir a otra persona, como María Dolores de Cospedal o José Ignacio Zoido -los dos nombres que más han sonado en las últimas semanas- para sucederle.
En el acuerdo para la investidura de Rajoy, el PP y Ciudadanos acordaron 13 medidas específicas y tasadas para modernizar, actualizar y despolitizar la Justicia.
La ratificación de Catalá en su puesto, entendemos que, a su vez, es una confirmación de esa voluntad expresada públicamente e identificada con un gran pacto de Estado por la justicia.
El actual ministro en funciones tiene claras las medidas a tomar, como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial y la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.
También el fortalecimiento de la independencia judicial y la eficacia, la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la supresión de los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial, así como los recursos y trámites dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción. Asímismo, la transformación de algunas unidades judiciales y la creación de otras nuevas.
Todo esto pasa por una potenciación de la la tecnología, impulsando una Justicia avanzada, digital, próxima y accesible en todos los órdenes e instancias judiciales.
La metabolización de esto, que parece tan simple, requiere, para cualquier otra persona que pudiera ser elegida de nuevas en esta responsabilidad, un tiempo del que no dispone.
Y eso para comenzar a enterarse.
Por ello, este es el momento de la verdad, de conocer si el compromiso del PP con la reforma definitiva va en serio o, de nuevo, vuelven a ser fuegos artificiales.
De darle el tiempo, en suma, del que no pudo disponer el actual para terminar lo que vino a hacer. De cerrar el círculo.
