El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha reactivado una de las piezas del caso Bankia olvidada desde hace años: la causa de las preferentes de Caja Madrid, y ha requerido al Banco de España las agendas de las reuniones que mantuvo con sus directivos entre 2009 y 2010, cuando se realizó la macroemisión de 3.000 millones de euros en preferentes.
En su auto, el magistrado Andre libra oficio al Banco de España para que aporte los detalles de estos encuentros, «periódicos y extraordinarios«, con especial atención a toda circunstancia que pudiera tener un «impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad de la caja».
Del mismo modo, el organismo deberá remitir al juzgado central de Instrucción número 4 las conclusiones, formales o informales, que fueran elevadas en su día a la jefatura por el equipo inspector. Andreu quiere saber si había indicios del mal estado de solvencia de Caja Madrid cuando la caja, presidida entonces por Miguel Blesa, colocó las preferentes entre sus clientes.
En relación con las reuniones de carácter periódico, Andreu pone el foco en la situación de la morosidad de Caja Madrid, los movimientos del balance en el tramo minorista, la gestión de tesorería, la compra de deuda y productos híbridos emitidos así como aspectos relacionados con la amortización anticipada de preferentes.
Además pide al Banco de España que identifique a los encargados de inspeccionar la entidad entre el 30 de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 a fin de que puedan ser llamados como testigos.
El instructor retoma así la pieza de las preferentes después de que el Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no se opusiera a la práctica de tales diligencias, solicitadas entre otros por el exconsejero de Bankia Antonio Tirado, al considerar que «no pueden considerarse improcedentes ni manifiestamente innecesarias».
Las pesquisas, iniciadas en 2013, se dirigen contra la antigua cúpula de Caja Madrid, a la que se investiga por planificar la emisión de estas participaciones.
En este sentido, la Audiencia Nacional insistió en esclarecer «si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera» el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas «utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia».
En su declaración ante el juez en marzo de 2014, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa defendió la solvencia de la misma y aseguró que siempre pagó los intereses de estos productos a los preferentistas, quienes dijo no eran «ignorantes financieros».
Esta decisión judicial supone un triunfo para la acusación particular que ha liderado la investigación de las preferentes, organizada por el despacho Jausas. Su abogado, Jordi Ruiz de Villa, ya intentó que el juez Andreu pidiera en diciembre de 2014 un informe pericial como el de la salida a bolsa, donde solicitaba «verificar si Caja Madrid captó la voluntad de sus clientes ofreciendo las participaciones preferentes antes de que fuera aprobado legalmente el folleto (y por tanto engañando sobre la naturaleza y riesgos del producto) y si en esos momentos la caja ya tenía dificultades para obtener crédito en los mercados».
Entonces Ruiz de Villa argumentó que «Caja Madrid sabía que estaba sufriendo un acelerado deterioro económico y ocultó esa realidad. Ahora se trata de verificar si además se falseó la información del folleto, lo que podría dar lugar a una responsabilidad objetiva para que todo inversor, profesional o no, pueda reclamar por la vía civil».
