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Cinco ciudadanos se querellan contra tres magistrados del TSJ de Murcia por un supuesto delito de prevaricación

Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde tiene su sede la Sala de lo Social, a tres de cuyos componentes denuncian los querellantes. Confilegal.
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Cinco ciudadanos, uno de ellos abogado del resto, han presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Rubén Jiménez y los magistrados Joaquín Domingo  y Manuel Rodríguez por un supuesto delito de prevaricación.

De acuerdo con los querellantes los magistrados “de manera conjunta han llegado al acuerdo expreso o tácito de dictar sentencias cuya única intención es que no se concedan incapacidades permanentes en Murcia”.

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Y para ello, afirman, “quebrantan, de manera consciente y reiterada, las competencias que le otorga la legislación laboral procedimental para poder proceder a su revocación, infringiendo de manera evidente la legislación que les vincula y obliga”.

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Esto, lo “conocen perfectamente” los tres magistrados querellados, aseguran Romera Huertas, Ignacio Navarro, María Luisa Molina, Isabel Carbonell y el letrado Luis Alberto Prieto, cosa que ha supuesto “un perjuicio evidente” para todos ellos.

Los hechos, según explica Prieto, de 47 años, también han sido denunciados ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien ha procedido a incoar diligencias informativas previas sobre estos hechos.

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«Para revocar estas sentencias los magistrados querellados infringen de manera deliberada la ley, el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y los artículos 14 [que establece la igualdad de todos ante la ley] y 24 [derecho a la tutela judicial efectiva] de la Constitución Española y toda la univoca y pacífica jurisprudencia al respecto y que ellos conocen y aplican deliberadamente. Y decimos que conocen porque cuando se trata de desestimar recursos de suplicación contra sentencias desestimatorias sí aplican esa doctrina de manera unívoca», se puede leer en el texto de la querella.

«Cuando el que recurre es el ciudadano contra una sentencia desestimatoria sí aplican bien esa legislación procesal, es decir, la conocen perfectamente. Pero cuando quien recurre es el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social] es cuando la vulneran. Es decir, su equivocación siempre se da en el mismo sentido para favorecer al mismo».

Al margen de esta querella ha quedado el vocal del Consejo General del Poder Judicial, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y miembro de esa Sala hasta hace un año, Juan Martínez Moya, porque -explican los querellados- «aplica la ley correctamente».

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Magistrados de lo Social: ‘peleles’

«La actuación de los querellados además de invadir competencias de los Magistrados de los juzgados de lo social supone un atentado a la independencia de estos magistrados de lo Social y sus atribuciones en la valoración de la prueba, y los deja como peleles que se equivocan siempre cuando estiman una demanda de Seguridad Social», añade.

Prieto hace referencia a un «hecho relevante» en la querella, y pide al Supremo que se investigue la asistencia del presidente de la Sala de lo Social, Rubén Jiménez, «supuestamente» invitado por el INSS a un hotel de 5 estrellas, en la Manga del Mar Menor.

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Lo que «fue criticado por D. Félix Villanueva, Magistrado del Social nº5 de Murcia, recientemente jubilado, a quien curiosamente estos Magistrados le han revocado todas las sentencias de incapacidad permanente dictadas en el ultimo año, al menos las dictadas en las que ha sido parte este letrado», dice el documento.

El letrado murciano afirma que ha reflexionado mucho la presentación de la querella contra los tres magistrados y que lo ha hecho «por dignidad».

«Porque esto ya se hace insoportable. Y no soy el único al que le ocurre esto. Está generalizado, según he podido comprobar entre mis compañeros».

«Por eso, cuando me viene algún cliente a consultar le digo: ‘mire, la pensión se va a ganar en el Juzgado pero la van a cobrar un año, porque como van a recurrir, se la van a revocar. Yo les recomiendo, si tiene algún familiar o alguien en otra comunidad autónoma, que fije su domicilio ahí y pedimos la incapacidad, ya sea en Alicante, en Almería o donde quiera’. Ya hay seis personas que lo han hecho», explica a Confilegal.

Impacto directo en vidas

Las decisiones de los tres magistrados están impactando directamente en las vidas de las personas, como los clientes que le acompañan en la querella.

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«Por ejemplo, uno de ellos es un albañil que tuvo un accidente y se quedó cojo, sin poder trabajar más. Le denegaron la incapacidad permanente. Hoy está viviendo en un cajero de La Caixa, con 31 años cotizados. Es vergonzoso», cuenta Prieto.

«Otro caso, el de una mujer a la que le han operado las dos rodillas. Tiene inestabilidad, y así lo afirma su traumatólogo. En un mes ha tenido cuatro accidentes. En uno se rompió tres dientes, en otro, un hombro, en otro se hizo magulladuras y en el cuarto una herida. Le dan la razón en el Juzgado de lo Social, recurre el INSS y el tribunal, conforme al informe de síntesis, dice que tiene las rodillas fenomenales. No se le puede dar la incapacidad», sigue relatando.

«El tercer caso: un camionero de mercancías peligrosas que tuvo un accidente en el que sufrió quemaduras de segundo grado en el cuello, la cara y la rodilla. Se le diagnosticó un ‘trastorno neurótico-depresivo’. La Seguridad Social le dio incapacidad permanente total. Sin embargo, un año después, revocaron su situación ‘por mejoría’. El hombre toma un cóctel diario de cuatro antidepresivos: Diazepan, Noctamid, Seroquel, Fluoxitina y Trankimacin. Bien, pues a pesar de ello, el tribunal determina que ‘el trastorno ansioso depresivo no es determinante de incapacidad permanente por sí solo’. Y concluye que los fármacos que está tomando ‘no prueba que le impidan conducir'», agrega Prieto.

«Esto me recuerda el caso del piloto de German Wings, que estrelló su avión contra una montaña por una depresión. Pues este señor lleva un camión de mercancías».

«El cuarto es el de una cocinera de un colegio de niños que tiene depresión mayor, trastorno orgánico de la personalidad, trastorno paranoide y síntomas psicóticos. Ha intentado suicidarse. Uno de los magistrados denunciados consideró en su fallo que ‘no se acredita, por el momento, que las mismas le impidan el desempeño de cualquier actividad laboral’. Su padre me dijo que espera que un día no se vaya la cabeza en el colegio», señala.

Estadística personal

De acuerdo con el letrado, posee una estadística de sus casos y de cómo incide la crisis en la concesión de incapacidades permanentes.

«Entre 2007 y 2008, con esta misma gente en Sala, de cada 20 incapacidades solicitadas -bien en vía administrativa o judicial- se sacaban 16 adelante. Ahora de cada 20 salen 2 y esas 2 es porque la Seguridad Social no las ha recurrido en suplicación. Porque yo las 11 últimas que me han recurrido en suplicación, ganadas en el Juzgado de lo Social, me las han revocado todas», revela.

Prieto afirma tener esperanza en el Tribunal Supremo. Por eso ha recurrido a él.

«Espero que el corporativismo de los jueces no ahogue nuestra causa en la Sala Segunda. Confío en que nos den la única cosa que nos pueden dan: justicia. Para acabar con el sufrimiento de tantas y tantas personas que no se lo merecen», concluye el abogado.