El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, preguntó ayer al magistrado Salvador Alba, al que le ha abierto un expediente disciplinario, por qué había recibido en su despacho de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas al empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por supuestos delitos de fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
El magistrado le contestó que entraba dentro de sus obligaciones ya que había una recomendación del Consejo de Europa, que tiene su reflejo en la carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Parlamento en 2002. Como muchos compañeros, él solía seguir esa línea.
El pAD le preguntó si no hubiera sido mejor que Ramírez le presentara un escrito, a lo que Alba, según han relatado fuentes presenciales a Confilegal, le contestó que no, que eso habría que preguntárselo a él o a su abogado defensor, porque fue el letrado quien le propuso la visita y él no vio inconveniente.
El interrogatorio tuvo lugar en la Sala de reuniones del primer piso del edificio central del CGPJ, en la madrileña calle del Marqués de la Ensenada y en el mismo estuvieron presentes, además de Fonseca-Herrero y Alba, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas -quien luego apadrinó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su toma de posesión-, el abogado del magistrado Alba, Nicolás González-Cuéllar, la letrada de la Administración de Justicia asignada al caso y un funcionario que se ocupaba de la grabación en vídeo.
Durante su comparecencia, el magistrado titular de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas recordó al pAD, y al resto de los presentes que él había informado de esa reunión, que tuvo lugar el 16 de marzo pasado, tanto al CGPJ como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, a través de un informe fechado el 4 de mayo.
Un informe en el que detalló la celebración de la reunión y el contenido de la misma. Ni el CGPJ ni el TSJC iniciaron nunca ninguna actuación, por ello, ni contra él ni contra nadie.
Fonseca-Herrero se refirió también a la grabación de la conversación que el empresario mantuvo con Alba y le preguntó si con ella había querido preparar la declaración posterior.
El magistrado contestó que no y le informó que había impugnado esa grabación y que estaba pendiente de un recurso de apelación ante el TSJC.
Navajas intervino, en ese momento, y le preguntó si había algún informe pericial sobre la misma. El magistrado le contestó que había tres. Dos de parte y uno de la Guardia Civil, todos aportados al procedimiento que allí estaba teniendo lugar.
El interrogado explicó que Ramírez puso en su conocimiento un hecho ilícito y que él lo trasladó al procedimiento. El magistrado, señaló a los presentes, que no le dio nada a cambio y que Ramírez no hizo después ninguna petición de nulidad de las actuaciones mientras él estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8, sustituyendo a Victoria Rosell, la titular de ese órgano judicial, después de que ésta optara por pasarse a la política como número 1 de Podemos por Las Palmas de Gran Canaria.
El pAD preguntó después sobre las condiciones en las que había realizado el interrogatorio a Ramírez, si se le habían leído sus derechos, cómo había sido la declaración, si sólo había versado sobre delitos fiscales y quién había intervenido en la misma.
Fonseca-Herrero, asimismo, le preguntó al magistrado si había filtrado a la prensa el informe que había remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro José Manuel Soria interpuso ante la Sala Segunda contra la juez Rosell, a lo que contestó que no.
