Jaime Rodríguez de Santiago, "Country Manager" (director gerente) para España y Portugal de Bla Bla Car
Jaime Rodríguez de Santiago: «Desde Bla Bla Car agotaremos todas las vías legales para seguir operando en España»
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19/12/2016 05:57
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Actualizado: 18/12/2016 18:37
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Al acercarse las fiestas navideñas, servicios como el que ofrece Bla Bla Car, de coche compartido repuntan porque muchos españoles piensan realizar un viaje especial con costes ajustados. Hace ahora un mes que esta plataforma tecnológica interpuso una demanda ante la Unión Europea contra la Comunidad de Madrid asesorados por Pérez-Llorca. Hacemos balance con su responsable en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, de estas y otras circunstancias.
Desde su punto de vista la realidad sobre el uso y la posesión de los vehículos está cambiando de forma notable.
“Evolucionamos hacia un modelo en el que el vehículo privado, utilizado de manera unipersonal tiene poco sentido. En aquellos desplazamientos de media y larga distancia hay que fomentar el coche compartido, al igual que de forma diaria a la forma de ir a trabajar”.
En este contexto países como Francia y Alemania impulsan medidas para fomentar esta actividad. Tiene un impacto clave en el consumo energético y en emisiones de CO2.
¿En qué momento nos encontramos tras la denuncia que su empresa interpuso ante la Comisión Europea por esas supuestas malas prácticas de la Comunidad de Madrid contra ustedes?
La denuncia la presentamos el pasado 22 de noviembre y ahora esperamos que siga su curso habitual. Se ha presentado ante la Secretaria general de la CE y desde allí se derivará a la Dirección general correspondiente para analizar que equipo se constituye de cara analizar dicha denuncia.
En paralelo, nosotros nos personamos en la Comunidad de Madrid para recibir toda la documentación que en aquel momento no habíamos recibido y que ha generado toda esta batalla legal.
Ya le puedo decir que hemos tenido acceso a los expedientes sancionadores contra la compañía y tanto los nuestros como los de los usuarios han sido recurridos. Esperamos respuesta de la siguiente instancia que es la propia Consejería de Transportes con el recurso de alzada ya presentado. En función del fallo, si fuera necesario acudiríamos a la via contenciosa administrativa con posterioridad.
Desde que mantuvieron a finales del mes de octubre una tensa reunión con la Dirección General de Transporte, ¿hay algún contacto establecido entre las partes?
Antes de las sanciones la relación era fluida con la propia Dirección General donde hemos hablado con ellos de nuestro modelo de negocio y estas sanciones concretas. Ahora hay un compás de espera en estos momentos. Es posible que en el futuro se vuelva a establecer. De momento la vía es la escrita entre ambas partes por los recursos antes citados interpuestos.
Nuestra posición ha sido siempre la misma. La actividad de Bla Bla Car y la de los dos usuarios sancionados es una actividad de acuerdo con la legalidad vigente. Nos preocupa que en esos expedientes sancionadores la Dirección General de Transporte no especificara realmente si habían superado los límites establecidos en cuanto a costes a compartir. Tampoco hemos sabido porque se desestimaban sus alegaciones.
Las sanciones que pretenden pedir a nuestra empresa -una serie de autorizaciones administrativas para realizar nuestro negocio-, creemos que no son necesarias. Nuestra actividad real de comercio electrónico no está sujeta a autorización administrativa en España y en ningún país de Europa.
A los usuarios se les pide una licencia profesional cuando lo único que hacen es compartir coches. Las exigencias que se nos reclaman van en contra de las leyes Europeas por eso se presentó la denuncia.
¿Ha tenido impacto en el negocio de Bla Bla Car todos estos asuntos jurídicos que ahora salpican su trayectoria en nuestro país?
Nuestro crecimiento sigue ahí, aunque sí es cierto que este tipo de afirmaciones públicas que se han hecho desde la Comunidad de Madrid sobre la presunta ilegalidad de nuestra actividad no ayudan a nuestro trabajo.
Nuestros usuarios saben cuál es el negocio y que están compartiendo gastos y no están incumpliendo la ley. Lo que nos ha pasado en España ha sido excepcional respecto a nuestra implantación en otros países.
Creo que ya ha llegado el momento de definir mejor el marco legal en el que empresas como la nuestra se desenvuelve. El caso de la Comunidad de Madrid es único excepcional en todo el mundo a nivel de sanciones recibidas. Se trata de dos usuarios nada más. Realmente no nos ha afectado tanto como pudiera parecer pero puede generar un desgasta de nuestra imagen a medio y a largo plazo.
¿Temen que pueda haber más sanciones en el corto plazo?
No hemos recibido ninguna comunicación en ningún sentido de la Comunidad de Madrid sobre esta cuestión ni de ninguna otra administración. En los siete años que llevamos en España no hemos recibido más sanciones. Hasta donde sabemos no tenemos notificación de ningún otro procedimiento.
¿Cree que nuestro legislador será capaz de adaptar el entorno normativo al fenómeno de la economía colaborativa?
Habrá que ver el futuro a corto y medio plazo, sin duda. En Cataluña se está haciendo un estudio para ver como incorporar la economía colaborativa a su legislación en todos los órdenes. Es conveniente regular esta actividad, nosotros nunca hemos tenido ningún problema como antes le comenté.
Estamos a favor de una regulación explicita y que nos homologue con el resto de Europa. No queremos nada diferente al respecto. Se trata que un español comparta coche como lo hace un francés o un italiano, sin discriminaciones de ningún tipo.
Jaime Rodríguez de Santiago presentó la denuncia ante la Comisión Europea.
¿Qué habría que hacer entonces?
Hay que darse cuenta que la economía colaborativa no se puede regular como un todo. Cada actividad que forma parte de ella afecta a diferentes sectores y eso debe llevar acarreado regulaciones sectoriales o paraguas.
Al mismo tiempo, para una actividad como la nuestra no tiene mucho sentido avanzar para regulaciones autonómicas cuando lo que se produce son viajes entre varias ciudades. Creo que deberemos evolucionar hacia una regulación nacional.
Desde la Union Europea ya se han dado algunas directrices sobre qué deben hacer los estados miembros en cuanto a la economía colaborativa. Están dispuestos a favorecer su desarrollo, diferenciando los modelos en función del servicio subyacente que hagan los usuarios tenga ánimo de lucro o no y cuál será la implicación de la plataforma en este servicio.
¿Qué espera del juicio que acaba de arrancar hace unos días en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dirimir si Uber es una empresa de transporte o un servicio digital?
Va a depender mucho de cómo se plasme la resolución final que tendremos en marzo del año que viene. En realidad los modelos son muy diferentes. Por eso esperamos que dicha resolución haga patentes esas diferencias como parece que apuntaba la Comisión Europea.
Hay un modelo con ánimo de lucro y más profesionalizado y el nuestro dónde la gente viaja con gastos compartidos, con vocación de viaje personal y ahorrar dinero en el viaje.
Esperamos que el fallo del TJUE diferencie el modelo de Uber del nuestro.
¿Puede influir este ambiente creado en la resolución que se espera solucione el conflicto entre CONFEBUS, patronal de autobuses y la propia Bla Bla Car?
Este es un conflicto que arranca desde agosto del 2015. Creemos que el fallo del TJUE como antes le mencioné debe diferenciar nuestro modelo de otros. Bla Bla Car siempre encajó en la ley española desde que llegó a este país hace siete años. Si la ley no ha cambiado creemos que seguimos encajando en ese marco normativo. Esperamos que el fallo vaya en esa dirección.
En el caso de que este fallo sea contrario a sus intereses, ¿tienen ustedes un Plan B?
En ese supuesto, ya lo hemos comentado que agotaremos las vías legales para seguir operando en España con el mismo modelo y funcionamiento que tenemos en toda Europa.
Damos servicio en quince estados miembros sin problemas y no tiene mucho sentido que no se nos permita dar ese servicio en un estado concreto. Le recuerdo que el mercado español con más de tres millones de usuarios es el segundo mercado más importante de nuestra actividad de vehículo compartido.
Bla Bla Car siempre encajó en la ley española desde que llegó a este país hace siete años. Si la ley no ha cambiado creemos que seguimos encajando en ese marco normativo
¿Puede una ciudad como Madrid aspirar a ser capital alternativa del Brexit en Europa y no permitir actividades como la de Bla Bla Car?
Lo que si está claro es que ciudades como Madrid deben fomentar la innovación y crear un marco específico para ello más que gestionar a golpe de sanciones diferentes realidades que llegan nuevas a la economía. En nuestro caso son casos muy excepcionales y espero que acabemos de llegar a un entendimiento.
Como madrileño que soy me gustaría que mi ciudad pudiera ser una alternativa en el Brexit como capital europea de la inversión y del empleo. Generar un ecosistema tecnológico va a generar más puestos de trabajo y traer gente con talento digital que nos hará falta a medio y largo plazo.
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