N.B., un ciudadano rumano condenado por la Audiencia Nacional en 2008 a una pena de 2 años y 6 meses de prisión por un delito de falsificación de moneda, pasó recientemente cinco días en prisión por un error judicial. Sobre él pesaba una orden de busca y captura que había prescrito hace más de tres años.
Este hombre fue detenido en un hotel de Moncloa, el pasado 19 de diciembre tras volver regresar a España de vacaciones.
Posteriormente, fue conducido a prisión al ejecutarse “de manera errónea su orden de búsqueda y detención”, según el escrito de alegaciones de su defensa, ejercida por abogado Juan Gonzalo Ospina, y al que ha tenido acceso Confilegal.
En concreto, la citada orden de busca y captura fue emitida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 31 de octubre de 2008.
Sin embargo, el juez de Plaza de Castilla, al revisar las detenciones y acordar el ingreso en prisión no solicitó el expediente de ejecutoria completo a la Audiencia Nacional, con lo que no pudo verificar que esa orden estaba prescrita desde el 10 de julio de 2013.
Esa orden no estaba cancelada.
«Se trataba de un delito menor de cinco años, que según establece el artículo 133.1 de Código Penal, prescribe a los cinco años. Es algo de primero de carrera», apunta Ospina.
Pese a ese error, (haber transcurrido más de 3 años, 5 meses y 13 días desde la prescripción de su pena), entró en la prisión de Soto del Real donde permaneció durante cinco días.
Eso, porque según su abogado «al no haber un registro de detenidos hay que hacer averiguaciones.
Y tras descubrir que es una ejecutoria de la Audiencia Nacional acudo a Plaza de Castilla y descubro que se encuentra en la cárcel de Soto del Real».
Por ello, «decidí presentar un escrito de petición de libertad ante Ejecutorias de la Sala de lo Penal y fiscalía de la Audiencia Nacional, que tuvo una disposición absoluta para solucionar el asunto», subraya el letrado.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Fermín Echarri) tardó cinco horas en atender y tramitar el escrito de libertad presentado por su defensa.
«En las ejecutorias cuando se decreta una búsqueda y captura es semiautomática, deberían revisarse con un abogado, porque se pueden producirse casos como éste que haya prescrito, que haya un error en la identificación del interesado o que se trate de un asunto ya juzgado en otro país», concluye su abogado.
Una vez atendida su petición, este ciudadano rumano fue puesto en libertad el pasado 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena.
Ahora, este ciudadano rumano no descarta iniciar acciones legales y buscar una responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
