Pablo Rabanal, Miguel Duran, Jesús María Arriaga, Luis Romero y Carlos Berbell, que actuó de moderador. Confilegal.
Arriaga, Durán y Romero: «Tratar de restringir la publicidad a los abogados es como poner puertas al campo»
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08/2/2017 19:02
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Actualizado: 31/3/2022 13:43
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De esta forma tan contundente han respondido tres de los abogados más mediáticos del momento, Jesús María Arriaga, Miguel Durán y Luis Romero, a los planes expuestos el pasado lunes por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, de implantar un sistema regulador de la publicidad para los abogados.
«Es una intención malévola, contraria a derecho. Porque impedir la publicidad es impedir la competencia. Es impedir que los ciudadanos tengan conocimiento de las distintas ofertas y de que puedan reclamar sus derechos», afirmó el socio director de Arriaga Asociados, Jesús María Arriaga, en el curso de la mesa redonda sobre «Abogacía disruptiva en la redes sociales, que tuvo lugar en el marco del II Encuentro Redes Sociales y Community Management en el Sector Legal, celebrado el martes por la tarde en Madrid bajo la organización del Instituto de Innovación Legal.
«Hay un intento desesperado porque no entren otros abogados», añadió Arriaga. «Mi opinión personal es que, una de dos, quieren ir contra nosotros y callarnos o quieren contra otros abogados para que no se unan a esto, porque lo ven mal. Antes era imposible entrar si no hacías publicidad y ofrecer ventajas al cliente, como compartir los riesgos del juicio. Al final eran cuatro bufetes los que se lo llevaban todo. A ellos no les gusta la publicidad A la sociedad, sí».
Arriaga durante su intervención. Confilegal.
Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, por su parte, afirmó que «querer parar el aire con la mano es propio de chiquillos. ¿Ha consultado la presidenta con todos los decanos que la circundan cuando se reúnen en el Consejo General de la Abogacía? ¿Esos decanos le han dicho, sí, sí, Victoria, pon coto a la publicidad? ¿Seguro? ¿Nos podría explicar qué es lo que pretende? ¿Quiere que no podamos hacer una oferta de servicios? ¿Es esto coherente con una perspectiva desreguladora que puede venir de Europa en el sentido de que la gente no necesite colegiarse para ofrecer un servicio jurídico?».
«Con mi dinero y con la libertad de expresión puedo ir a donde me de la real gana. Y si tengo un Colegio que no puedo hacer determinada cosa, vamos a tenérnoslas muy tiesas. Yo no estoy dispuesto a que me tengan que decir nada en esa materia», apuntó Durán.
Pablo Rabanal, Miguel Durán y Jesús María Arriaga. Confilegal.
Luis Romero recordó, como Arriaga y Durán antes, que lo que regula el marketing jurídico «es la Ley General de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia, las Directivas Comunitarias y lo dispuesto en nuestro código deontológico. Es suficiente. Si alguien cree que incumplimos ese marco normativo los que hacemos publicidad que nos pongan la correspondiente reclamación o denuncia».
«Sinceramente, esto es retroceder en el tiempo. Es arriesgarse a que todos los abogados perdamos dinero», señaló Romero, socio director de Luis Romero y Asociados, el segundo bufete en la historia de España que comenzó a hacer publicidad hace casi 30 años.
Luis Romero, con el moderador de la mesa, Carlos Berbell. Confilegal.
Pablo Rabanal, director gerente (CEO) de Reclamador.es, una plataforma que pleitea con las grandes compañías en defensa de los derechos de los ciudadanos, suscribió el titular de este artículo. «La publicidad nos permite entrar en contacto con los ciudadanos para ayudarles a defender sus derechos frente a las grandes compañías. Es vital», indicó.
En contra de suprimir las costas, como pretende el CGAE
Los cuatro intervinientes en la mesa redonda, que estuvo moderada por Carlos Berbell, director de Confilegal, también mostraron su oposición al cambio del vigente principio del vencimiento objetivo, es decir, del principio imperante en civil de que el que pierde el pleito paga las costas.
Las costas son los honorarios del abogado, del procurador y de los peritos, de la parte contraria así como las copias, notas, testimonios y documentos que se soliciten a los Registros Públicos, los derechos arancelarios y la insercion de edictos.
El CGAE quiere cambiar esta regla por el de la temeridad; que sólo pague quien se oponga temerariamente.
«La verdad es que da mucho que pensar que, justo ahora, cuando estamos presentando demandas masivas contra los bancos el CGAE saque a relucir lo de cambiar el sistema. Porque ataca a toda la abogacía, menos a las grandes firmas cuyos clientes son los grandes bancos. Es un despropósito y una temeridad. Porque nos quita de poder cobrar de la parte contraria, como ocurre ahora con las cláusulas suelo, por ejemplo, en vez de cobrar del cliente, al que está representando», dice Arriaga. «¿A quién beneficia? Es evidente».
«Si el CGAE empuja esto, los abogados de todo el país les van a apedrear», agrega.
Durán: «Yo, sinceramente, no puedo entender cómo se puede defender una posición así. Liquidar una institución como la del vencimiento objetivo en costas propiciaría una litigiosidad que se compadece muy poco con el propósito que dice tener el Gobierno de que disminuya la litigiosidad en los tribunales».
Y señala que «Nuestra presidenta debería estar diciendo a la Administración que tendría que estar poniéndose las pilas porque debería aprobar una legislación que estableciera que cuando la Administración pierde pleitos contencioso-administrativos pague costas y que no se vaya de rositas, como ocurre ahora. Que nos las paga».
Romero, aunque principalmente abogado penalista, se solidarizó con la visión de Arriaga y Durán, que también compartió Rabanal, cuya plataforma cuenta con una buena plantilla de abogados: «Es un despropósito».
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