Anna González perdió a su marido, ciclista.
Anna González, una viuda que lucha por modificar el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro
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26/2/2017 05:58
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Actualizado: 26/2/2017 10:11
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Será este próximo jueves 2 de marzo, en torno a las 11,30 de la mañana, cuando una joven viuda de la Seo de Urgel, Lleida, Anna González, acompañada por muchos ciclistas y profesionales del mundo del deporte, entreguen en el registro del Congreso más de 200.000 firmas para pedir una reforma del Código Penal que aclare realmente lo que es una imprudencia leve, grave y muy grave y no deje al juez la posibilidad de archivar muchos asuntos.
Al mismo tiempo se reclama que se tipifique el nuevo delito de irse a la fuga y no ayudar al accidentado.
Así pasó hace tres años cuando un camionero segó la vida de Oscar, su marido, marchándose sin ayudarle.
La petición, que ha sido respaldada desde Change.org, pretende que se modifique la nueva reforma legal y los artículos 142 y 195 del Código Penal, que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.
En lo que se refiere al homicidio por imprudencia, se propone un tercer apartado. De esta forma se conseguiría que todos los accidentes en las que hubiera una muerte como resultado de una imprudencia fueran a juicio, ya fuera ésta grave, menos grave o leve.
Sobre el delito de omisión del deber de socorro, que se recupere el castigo, al menos en grado de tentativa, a la persona que abandonara a otra, aunque hubiera muerto.
En la citada petición se propone, asimismo, la inclusión en el articulado del 195, que regula la omisión del deber de socorro, de un párrafo cuarto, un apartado que diga lo que ya decía el Código Penal de 1975: que se castigará como tentativa los casos de imposibilidad de ejecución o producción de este delito para que, no existiendo la menor duda, ningún conductor se beneficie de la muerte de su víctima.
A lo largo de este largo año la actividad de Anna González se ha centrado en buscar la fórmula de impedir que este tipo de prácticas, totalmente contrarias a la seguridad viaria, se puedan producir en nuestras carreteras.
Según datos de la Dirección General de Seguridad (DGT), 42 ciclistas murieron en las carreteras españolas en 2015 (no están publicados los datos, todavía, de 2016).
Una cifra dramática que ha obligado a esta entidad a tomar medidas como la de limitar la velocidad de los coches y vehículos pesados en días y horas de mayor afluencia de ciclistas.
Serán tramos señalizados de forma específica.
Anna González y Gregorio Serrano en una foto del encuentro que mantuvieron.
Vivimos un momento de repunte en siniestralidad viaria. El plan de choque que Gregorio Serrano, director general de la DGT, que presentó hace unos días pretende volver a niveles de años anteriores.
En el 2016 se dispararon todas las alertas al registrarse 1.160 muertos por accidentes de tráfico, un 2,6 por ciento más que el año anterior. González que estuvo con Serrano hace su valoración del mismo: “En la mayoría de accidentes donde hay un ciclista por medio, éste no tiene mucha culpa. En dicho plan de choque echo en falta medidas más punitivas contra conductores que sobrepasan tasas de alcoholemia y drogas. En esas situaciones no pueden llevar un vehículo. Son un gran peligro para todos”.
Los ciclistas, blancos de algunos conductores temerarios
En este tipo de contexto hay muchas voces, junto a las de nuestra interlocutora, que han pedido la puesta en marcha de una campaña de divulgación en los grandes medios sobre el papel de los ciclistas en nuestras carreteras y de la necesidad de conducir con prudencia.
“Creo que ha llegado el momento de explicar a la sociedad que también tiene su hueco en este contexto. Desde fuera se percibe que es un estorbo y parece que molesta a muchos conductores. Una pequeña parte de éstos provocan los siniestros”.
Anna González encontró en las redes sociales un gran apoyo y en la empresa Change.org, especializada en este tipo de situaciones personales una ayuda para poder, sin prisa pero sin pausa recoger esas 200.000 firmas que le han ido llegando desde cualquier lugar del país.
“La verdad es que es una herramienta muy útil. Por un lado, para lanzar este mensaje que viene definido en el hastag #porunaleyjusta y, por otro, para recibir el apoyo y las muestras de cariño de mucha gente anónima, a la que desde aquí quiero agradecer de nuevo su colaboración”, explica.
González no tenía twitter. Comenzó a actuar en esa red social aquel día en el que puso en marcha dicha petición de reforma del Código Penal.
“He tenido el apoyo de varios abogados expertos en estos temas y de una psicóloga deportiva que me ha ayudado bastante en cuanto a mantener el ánimo. Creo que la petición que hago al Congreso de los Diputados, el lugar donde debe de solucionarse este tema, está muy pensada”, cuenta.
En la cabeza de esta mujer bulle el tiempo y se pregunta: “no tengo claro qué margen de tiempo hay y si para ellos esta reforma es importante y tendrá prioridad frente a otras”.
González reconoce que estas reuniones institucionales con algunas de las autoridades del país no han sido flor de un día “de alguna forma hemos mantenido el contacto, tanto por correo electrónico como por whastapp en algunas ocasiones”.
Con el ministro de Justicia, Rafael Catalá mantuvo un encuentro en Madrid el pasado mes de diciembre. Fruto de esa reunión el propio ministro advirtió los problemas de la despenalización de los accidentes de tráfico y de la necesidad de crear un tipo nuevo que grave a aquellos que se van a la fuga sin ayudar a ese accidentado.
Otro hito importante de este año fueron las recientes Jornadas de Fiscales de Seguridad Vial que tuvieron lugar el pasado mes de enero.
Un encuentro en el que por vez primera se abordaba desde diferentes perspectivas el papel de las víctimas, quienes como el caso de Anna González, pudieron explicar su caso y cómo se sentían en estos momentos.
El propio fiscal de Sala de esta especialidad, Bartolomé Vargas, denunciaba la desprotección de las víctimas y el error de dicha reforma, al sacar los accidentes de tráfico del Código Penal y, como procedimiento civil, encontrarse esas víctimas con las aseguradoras.
¿Es prioritario para los partidos políticos esta reforma del Código Penal?
También en estos meses intensos ha mantenido contacto con las diferentes fuerzas parlamentarias. En principio el apoyo es total a esa #porunaleyjusta que se ha convertido en un clásico en redes sociales.
Este pasado mes de diciembre el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobaba con el acuerdo unánime de todos los grupos, una proposición no de ley (pnl) instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de la nación para modificar las normas actuales en favor de una «ley justa» que proteja a las víctimas de los accidentes de tráfico, especialmente a los ciclistas, ya que la reforma del Código Penal ha despenalizado las faltas y remite al ilícito civil homicidios cometidos por imprudencias leves.
La Junta de Castilla-La Mancha decidió por unanimidad dirigirse al Gobierno y pedir una ley justa que protejan a las víctimas de estos siniestros
Esta pnl fue llevada por el Grupo Parlamentario Socialista que recogía las tesis de Anna González en síntesis.
Para el socialista Ángel Hernández es necesario un cambio normativo para que los accidentes de ciclistas -354 heridos entre 2005 y 2015 con 21 fallecidos– no queden impunes. «No podemos permitir que cuando hay un accidente se dejen muertos en las cunetas», insistía, quien reivindicaba que las Cortes de Castilla y León deberían hacer «bandera» de este asunto. “
Tienen que darse cuenta que es un asunto prioritario porque hay vidas humanas en juego pero no estoy seguro que lo vean así”, apuntaba González.
Ahora llega ese ansiado día, un momento especial para esta mujer que ha logrado generar un debate nacional sobre la despenalización de los accidentes de tráfico y su regulación poco clara al convertirlo en causas civiles.
Una cuestión que ha generado controversia y que el propio baremo indemnizatorio, con un año de vida, parece no ser la solución a los problemas que se derivan de esos accidentes. En uno de los últimos congresos celebrado sobre este tema juristas como Javier Lopez y García de la Serrana , socio director de Hispacolex, cuestionaba los déficits del baremo y la necesidad de cambios para que cumpla su labor.
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