La acusación particular en el caso del asesinato de José Rachón, un hombre de 78 años, en El Campillo (Huelva) en septiembre de 2016, va a pedir la prisión permanente revisable para los cinco detenidos y presuntos autores de los hechos, con edades comprendidas entre los 17 y 24 años.
El letrado de la acusación, Gustavo Arduán, sostiene que se «se dan los requisitos» para poder aplicar la nueva regulación recogida en la última reforma del Código Penal, aprobada en julio de 2015.
En declaraciones a Europa Press, el abogado ha asegurado que realizará esta petición al entender que los hechos, a los que califica de “muy graves, fueron cometidos por un grupo criminal, por lo que sería aplicable la nueva regulación prevista en la ley para los casos de extrema crueldad”.
La víctima, en clara situación de indefensión y vulnerabilidad frente a los acusados, fue torturado durante casi cuatro horas por éstos con la intención de que les dijera donde supuestamente ocultaba en la vivienda que cuidada 14.000 euros.
La Guardia Civil confirmó que el móvil fue el robo, ya que los presuntos autores pensaban que este hombre guardaba en la casa 14.000 euros procedentes de una posible compra y venta de animales o de pienso, una circunstancia que no era real, y únicamente pudieron sustraer 20 euros, un televisor, una motosierra, seis paquetes de tabaco y dos cartillas de ahorro, tras golpear al anciano.
Su cadáver, fue encontrado el pasado 1 de septiembre de 2016 por uno de sus hijos con evidentes signos de violencia en dicha finca.
Sobre el caso, el abogado Arduán asegura que están pendientes de la realización del cotejo de las más de 150 muestras recogidas en el lugar de los hechos para la comprobación del ADN.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad del Código Penal español y puede ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.
Tres de los cinco detenidos se encuentran en prisión provisional desde el 3 de febrero, un día después de que se acordara el ingreso en un centro de internamiento para el menor implicado en los mismos; el quinto detenido ya se encontraba en prisión por otra causa.
El secreto de las actuaciones fue decretado por parte de la Autoridad Judicial, mientras que las investigaciones continúan por parte de los agentes del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. (CONFILEGAL/EP)
