El magistrado de Sala Tercera del Tribunal Supremo, Nicolás Maurandi, uno de los firmantes de la sentencia dictada contra los recursos presentados por la magistrada Àngels Vivas, por el nombramiento del actual presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio, denuncia a sus compañeros de Jueces para la Democracia (JpD) de actuar de «manera deshonesta» por calificar “purga ideológica” la citada sentencia.
En un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso CONFILEGAL, Maurandi llega a calificar de «falta de honestidad» y «majadería» las opiniones del Secretariado de JpD sobre la sentencia de la magistrada Angels Vivas.
En su defensa alega que «la sentencia se ajusta correctamente al designio constitucional de cuál debe ser la posición de neutralidad de jueces y magistrados en el debate político que es inherente a una sociedad plural y compleja; y respeta también -la sentencia- la discrecionalidad que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su función constitucional de gobierno judicial, que la jurisdicción contenciosa-administrativa no puede sustituir ni coartar».
Por ello, llega a califica de error y de actuar de una «manera deshonesta» al Secretariado de JpD al entender que sus argumentos prescinde de «una exposición completa y exacta de las razones de decidir de la sentencia».
Es más, en misiva Maurandi, indica que “con su comunicado han demostrado, por un lado, inmoralidad, idiotez y desconocimiento de conceptos muy básicos de nuestro esquema constitucional en materia de Justicia». Y, por otro, «un repugnante corporativismo en la defensa de una asociada que, con la exhibición de su toga jurisdiccional, se ha inmiscuido en un planteamiento político claramente inconstitucional y contrario al deber de neutralidad política que incumbe a jueces y juezas».
Sostiene el citado magistrado del Supremo que «incurre en gravísimos errores jurídicos de rango constitucional (inadmisibles en cualquier operador jurídico y mucho más en quienes se autoproclaman paradigma de la ortodoxia jurisdiccional); y se alinea en la defensa de posiciones políticas o ideológicas inequívocamente reaccionarias e insolidarias».
En su escrito, Jueces para la Democracia (JpD) recordaba al Supremo que es “inadmisible que se legitimen las purgas ideológicas”, que los jueces también tienen derecho “a la libertad de expresión” y, ” a no sufrir discriminaciones”.
En ese comunicado, Jueces para la Democracia, citaba párrafos concretos de la citada sentencia del 9 de marzo del Tribunal Supremo, donde se mantenía, entre otras cuestiones, que «Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de ese ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato (…) tampoco cabe exigir a cada uno de los Vocales del CGPJ singularmente considerados que borre de su mente ese tipo de datos a la hora de formar su convicción individual sobre la idoneidad del correspondiente candidato para ocupar una plaza de provisión discrecional»
Sin embargo, para Nicolás Maurandi, el comunicado de JpD «no menciona los razonamientos desarrollados por la Sala para explicar que fue la recurrente quien adujo que la razón de su no nombramiento fue el haber sido firmante del llamado “Manifiesto de los 33”«.
Como tampoco «hace referencia alguna al extenso razonamiento de la sentencia sobre el deber de neutralidad política que pesa sobre los Jueces y Magistrados, dimanante del artículo 127 CE, y sobre la intensidad y exigencia con la que opera dicho deber cuando se está en una coyuntura de extremada turbulencia político institucional en Cataluña», indica Maurandi.
Para el magistrado del Tribunal Supremo todas «esas omisiones» demuestran «la absoluta falta de honestidad de los firmantes del comunicado porque, en lugar de hacer una responsable y rigurosa crítica del principal razonamiento invocado por una resolución judicial, lo silencian deliberadamente y se limitan a emitir un gratuito insulto a los jueces que la han dictado».
Es más, Maurandi califica de «majadería» que esos mismos firmantes, al considerar que «el derecho a la libertad de expresión impone la obligada aceptación del contenido de las manifestaciones que hayan sido emitidas con ocasión de su ejercicio». Y recuerda que «el derecho a la libertad de expresión comprende efectivamente el derecho a decir sandeces y a no ser castigado por ellas, pero no obliga a sus destinatarios a considerar un portento intelectual al acémila que así se manifiesta».
Y concluye afirmando que el comunicado del Secretariado de JpD, asociación a la que él pertenece y en la que manifiesta «voluntad de permanecer», como lo lleva haciendo desde su creación hace 33 años, «ignora y desprecia los imperativos constitucionales de respeto a la legalidad y neutralidad política que pesa sobre jueces y magistrados; y la habilitación que tiene el CGPJ, en el ejercicio de la discrecionalidad inherente a su función constitucional de gobierno del poder judicial, para valorar las conductas contrarias a esos imperativos».
La idea de nación en la Constitución española
En el citado escrito, el magistrado del Supremo, de manera amplia, analiza la idea de nación reconocida en la Constitución española, artículo 1 y 2. Donde según él, «la nación se identifica con la totalidad del pueblo español como titular único de la soberanía política que fundamenta el Estado».
Respecto al “Manifest de jutges de Catalunya pel Dret a Decidir”, Maurandi indica que, tras su lectura, eso que afirman los firmantes de que este “dret a decidir” está reconocido en la Constitución de 1978 aunque esta no lo hiciera explícito, «es una opinión que en modo alguno se acomoda a la letra del texto constitucional ni a la voluntad constituyente que este cuerpo jurídico exterioriza».
Y en este sentido, tras exponer su criterio personal, Maurandi sostiene que «hay una mayoría social en Cataluña que considera que el actual modelo autonómico está fracasado porque no ha resuelto de manera adecuada los problemas de su inserción dentro de España». Aunque reconoce que «la salida a la actual situación de Cataluña no es jurídica sino política, porque lo que exige son altas dosis de dialogo y esfuerzo, por parte de los agentes y partidos políticos».
Pese a manifestar su opinión sobre la nación, la constitución, el derecho a decidir, el magistrado del Supremo insiste en que «a los jueces no les corresponde ninguna intervención en ese diálogo político que resulta necesario para superar el conflicto de esta naturaleza que actualmente se está viviendo en Cataluña».
