«La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señorías, no va a ser un proyecto del Ministerio de Justicia ni de este Gobierno. O lo es de la Cámara y de la mayoría de las fuerzas parlamentarias o no será. Y si no llegamos al consenso, creemos que no es el momento, que no hay garantías suficientes, que los instrumentos no nos convencen, pues seguiremos siendo un ‘exotismo’ en la Unión Europea». De este forma sintetizó Rafael Catalá la posición de su partido y de su Gobierno en torno a la reforma pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dará la instrucción a la Fiscalía, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
La comparecencia del ministro de Justicia contrastó radicalmente de la que hizo el pasado 15 de marzo, hace 30 días justos, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
En esta ocasión, la presidenta de la Comisión, Margarita Robles, recibió cálidamente -y también lo despidió- con un par de besos, a Catalá. Al igual que muchos de los diputados de los diferentes partidos políticos, que se acercaron a él a su llegada al Salón Constitucional del Congreso de los Diputados y al término para saludarle.
Y lo mismo sucedió con el tiempo.
En el caso de Lesmes, la máxima autoridad de la justicia se extendió 5 horas y 47 minutos, llegando casi hasta las 11 de la noche, con lo que algunos diputados recogieron sus cosas y se marcharon dada la hora.
Esta de Catalá duró 1 hora y 46 minutos, con los tiempos muy tasados: 30 minutos para la exposición del ministro y 7 minutos para cada partido político por un tiempo máximo, sin tiempo de respuesta para el ministro en la contestación. Tiempo del que el ministro no abusó en absoluto.
Al contrario, el ritmo de sus contestaciones fue propio de la «caballería rusticana».
«No pretendo convertirme yo en el adalid de la reforma del sistema de investigación y de instrucción sino que espero que sea fruto de un amplio consenso de las fuerzas parlamentarias, también con la colaboración de la sociedad civil, del mundo del derecho y de la justicia que van a comparecer ante la subcomisión de esta Comisión», explicó Catalá.
«Si eso pasase, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal habrá que reformarlo, para reforzar la autonomía de la fiscalía. Para generar confianza, en todos, en los ciudadanos y entre los operadores jurídicos de que ese modelo que funciona en Francia, en Portugal, en Italia, en Alemania, puede funcionar bien en España», añadió.
Las instrucciones verbales estarán prohibidas
De acuerdo con Catalá, la reforma del mencionado Estatuto contendrá la prohibición de instrucciones verbales a los fiscales por parte de sus superiores, un mayor protagonismo del Consejo Fiscal y de las Juntas de Fiscalía.
Por otra parte, el ministro de Justicia quiso zanjar las polémicas generadas por parte de la cúpula fiscal así como la decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al expresidente de Murcia por la instrucción del caso Púnica, que el magistrado del Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lleva a cabo.
«El gobierno no puede darles [a los fiscales] ninguna instrucción porque sencillamente no hay ningún amparo normativo para que pueda dictar instrucciones a la Fiscalía. El Gobierno al que yo pertenezco jamás ha dado órdenes, instrucciones ni recomendaciones ni consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al Ministerio Fiscal», afirmó nada más abrir su comparecencia, solicitada por él y a requerimiento de los partidos con representación parlamentaria, que hicieron 15 peticiones.
«Y no es que lo diga yo. Lo ha dicho el fiscal general del Estado ante esta Comisión, lo ha dicho el fiscal superior de la Rioja, lo ha dicho el fiscal superior de Murcia, tanto el saliente como el entrante, y lo ha dicho el Consejo Fiscal en pleno», agregó.
«Creo firmemente en la autonomía del Ministerio Fiscal. En el papel que la Constitución le atribuye al Ministerio Fiscal como garante del interés general y de los derechos de los ciudadanos. Este compromiso es el mejor aval para nuestra democracia y el Estado de Derecho», remachó.
