La corrupción política infesta nuestro sistema allí donde miremos. Día tras día nos despertamos con un caso nuevo de corrupción en el que los protagonistas son los abusos y desmanes cometidos por una clase dirigente que se ha creído por encima del bien y del mal en estos últimos años. El último caso, conocido como “la operación Lezo”, ha comenzado con la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y no ha dejado indiferente a nadie.
No han tardado en llegar las voces críticas procedentes de las diversas ideologías políticas. Hemos escuchado críticas y alabanzas sobre el juez instructor (Eloy Velasco), hacia la fiscalía y los fiscales del caso, e inclusive algún comentarista, se ha atrevido a escribir toda una columna sobre la falta de indicios incriminatorios que recoge el auto del juez instructor, señalándolo como arbitrario e imparcial. En fin.
Sin embargo, poco hemos leído sobre el rotundo éxito institucional que subyace en referido procedimiento, que no cae únicamente sobre las espaldas del juez instructor, como algunos quieren hacer creer, sino sobre las estructuras más elementales de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que no son otros sino los que la ley ha levantado: la fiscalía, el juez instructor y nuestra Guardia Civil.
Para el ajeno en la materia, la operación Lezo, ni sale, ni nace, ni se desarrolla en un despacho judicial, como si todo el poder para investigar y detener a un ciudadano en un caso como éste recayera sólo en el juez. Para llegar hasta aquí, hemos tenido una denuncia, que nace de la Fiscalía Anticorrupción, esa que muchos tachan de parcial.
Esta denuncia recoge un trabajo de investigación previo elaborado por la UCO – Unidad Central Operativa – de la Guardia Civil, de quienes algunos también deducen que está contaminada por el Gobierno al depender del Ministerio del Interior, y por lo tanto debe de llevar tintes políticos. Sin embargo, lo que la operación ha demostrado sin especulaciones es, que la fiscalía, el juez instructor, y la guardia civil, aun formando parte de sus propias estructuras orgánicas, se han debido a un único fin, la ley.
Por ello, de la presente operación, se demuestra una vez más y como en la mayoría de los casos, el idóneo y acertado funcionamiento de los engranajes internos del Estado. Esos que pasan desapercibidos por el ojo ciudadano pero que nos permiten vivir con cierta armonía, también con defectos que tienen que ser reparados, pero en esencia, en libertad. La operación Lezo, ha demostrado que nuestras instituciones, en su generalidad, están por encima del sesgo político.
Aunque unos critiquen y no se cansen en difundir que el sistema está podrido, este caso una vez más demuestra que, podridos están aquellos que se intentaron aprovechar del contribuyente en beneficio propio, pero que en España, si las instituciones actúan, la ley no está por debajo del político, sino por encima de él. “Se puede engañar a algunos todo el tiempo, y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”, Abraham Lincoln.
