El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado, donde el primero aseguró contar con la confianza del jefe del Ejecutivo. EP.
Catalá afirma en el Senado que cuenta con la confianza de Rajoy y de todos sectores de la justicia para promover las reformas
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24/5/2017 04:58
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Actualizado: 01/12/2017 13:42
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer, en el Senado, que cuenta con la «confianza» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de «todos los sectores» de la justicia para promover todas aquellas reformas que el sector necesita.
Así lo puso de manifiesto Catalá durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta después de que PSOE y el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Las Mareas pusieran en duda su gestión por las grabaciones de la ‘operación Lezo’ en las que se le menciona, el SMS que envió al expresidente madrileño Ignacio González y las discrepancias en el seno de la Fiscalía Anticorrupción con respecto a este caso.
El senador del PSOE, Antonio Rodríguez Esquerdo, señaló, en su pregunta al ministro, que no cree que esté legitimado para llevar a caso las reformas que necesita la justicia porque en el último mes, tras el estallido de la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II, ha quedado «tocado», razón por la cual ha sido reprobado por el Pleno del Congreso.
Rodríguez Esquerdo acusó a Catalá de interferir «reiteradamente en la acción de la justicia y el Estado de Derecho», así como de «favorecer nombramientos e intereses».
«En vez de trabajar por la justicia, ha amparado la corrupción de su partido. Ya no es digno merecedor del cargo de ministro de Justicia», ha resaltado.
El PSOE pide su dimisión
Por todo ello, el senador socialista pidió, una vez más, la dimisión de Catalá, ya que considera que «el tiempo se le ha acabado».
Es más, le sugirió que, «por dignidad» y para no hacer «más daño a la justicia española», renuncie al cargo porque el presidente del Gobierno no le va a cesar, sino que «le va a dejar caer».
En parecidos términos se pronunció la senadora del grupo confederal de Podemos, Celia Cánovas, quien acusó a Catalá de ser «facilitador» de la elección del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, a quien González prefería al frente del cargo.
«Este hecho es muy grave, que un ministro sea mencionado por presuntos corruptos. Esto quiebra toda credibilidad en la justicia y en el Ministerio de Justicia», indicó.
Para Cánovas, las revelaciones conocidas sobre la ‘operación Lezo’ y la crisis en la Fiscalía reflejan que «el Gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción e impartir órdenes» desde el Ministerio Público. Y, por eso, preguntó «qué confianza pueden tener los ciudadanos en la justicia».
El ministro de Justicia se defiende
El ministro contestó que afirmar que «se ampara la corrupción por parte de los fiscales» es ir «demasiado lejos» porque los 2.500 representantes del Ministerio Público son los que están «combatiendo precisamente este delito».
De este modo, reclamó a la oposición que dejen de «crear ese halo de sospecha» y se centren en trabajar con el Gobierno para llevar a cabo las reformas más necesarias para la justicia. «Me siento apoyado por todos los sectores profesionales que quieren trabajar por la justicia y cuanto antes estén ustedes en eso, mejor», apuntó.
En este sentido, Catalá remarcó que para hacer bien su trabajo los fiscales necesitan «buenas herramientas», que son «las leyes, los medios materiales y las plazas a cubrir».
Y, por ello, justificó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «tener una norma del siglo XXI» y «agilizar las investigaciones», en línea con las declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la entrevista que publicó ayer Confilegal.
A este respecto, la senadora de Podemos recriminó al ministro que quiera dejar «en su mínima expresión» la acción de la acusación popular.
A su juicio, es un «insulto a la inteligencia», ya que es «la única» que ha instruido determinados procedimientos ante la «inactividad» de la Fiscalía.
En respuesta a esto, Catalá insistió en la necesidad de agilizar el funcionamiento de la justicia y que para lograrlo también es necesario «revisar la institución de la acusación popular».
En su opinión, «existen mecanismos suficientes» en el Estado de Derecho para «no tener que confiar la acción de la justicia en sindicatos espurios que no sabemos qué intereses» defienden, en referencia a Manos Limpias, bajo sospecha tras la detención el año pasado de su secretario general por un presunto delito de extorsión.
Catalá pidió a la senadora del grupo confederal de izquierdas que confíe en la labor de la justicia: «No puede ser que cuando el Supremo archiva asuntos que afectan a su partido sea un magnífico tribunal y que cuando se nombra al ponente de esa sentencia como fiscal general del Estado se dude de su imparcialidad». EP.
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