Maza: A la búsqueda de un candidato «impecable» a fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción
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18/6/2017 05:00
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Actualizado: 20/6/2017 12:38
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo tiene muy claro: no puede volver a repetirse lo ocurrido con el dimitido fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Quien lo suceda tiene que tener unas credenciales impecables. Estar «limpio».
No es un secreto que, en estos casos, se suele animar, desde los organismos, a que aquellos que se perciben como más idóneos presenten sus candidaturas al puesto.
En este caso no habrá más remedio que ir con pies de plomo y hacer -con la mayor discreción posible- lo que los estadounidenses denominan, una «evaluación de la vulnerabilidad» del candidato, o candidatos «animados», para descubrir posibles problemas en sus vidas personales o casos, de su pasado profesional, que puedan convertirse en una rémora en el ejercicio de la nueva responsabilidad.
De no llevarse a cabo, podría repetirse un nuevo caso Moix, con consecuencias fatales para el fiscal general.
La cosa, es cierto, no está del todo animada. Tres días después de que el Boletín Oficial del Estado publicara la convocatoria -el pasado 13 de junio-, no se había presentado ninguna solicitud ante la Fiscalía General del Estado. Es cierto que tienen hasta el 23, pero lo lógico es que los más deseosos hubieran dado ya un paso al frente.
Esto no quita para que las especulaciones se hayan disparado.
Se da por hecho que todos o la mayoría de los fiscales que se presentaron cuando se eligió a Moix, procedentes casi todos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, volverán a hacerlo: la teniente fiscal de ese órgano, María Belén Suárez Pantín, de 58 años, y los fiscales anticorrupción, Antonio Romeral Moraleda, de 57 años, Carlos Alba Novillo, de 54 años, María Teresa Gálvez Díez, de 59 años, José Miguel Alonso Carbajo, de 58 años, y Alejandro Luzón Cánovas, de 54 años, en la actualidad teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Los seis compitieron con Moix pero el elegido tenía una ventaja competitiva que ninguno poseía: no había servido en la Fiscalía Anticorrupción.
El favorito de todos ellos, sin duda, es Alejandro Luzón, uno de los fundadores de la Fiscalía Anticorrupción.
Reorganización interna: una idea todavía vigente
Desde mucho antes del nombramiento de Moix, y de la jubilación del anterior fiscal jefe de ese órgano, Antonio Salinas, la idea de que había que hacer una reorganización interna de esa Fiscalía especial estaba madura. El control de las investigaciones que iniciaban los fiscales anticorrupción adolecía de cierta laxitud.
El corta y pega de los informes de la UCO y de la UDEF en los escritos que salían de esa Fiscalía, con dictámenes jurídicos incluidos, ya era un clamor.
El concepto imperante entonces era que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción tenía que volver a poner orden y a tomar el control de lo que parecía una diligencia desbocada a la hora de abrir investigaciones y de mantenerlas abiertas en el tiempo sine die.
La idea de tomar el control, después de lo acaecido en la «Operación Lezo», donde, a pesar de haber sido declarado secreto el sumario se produjeron filtraciones escandalosas de las investigaciones, sigue más vigente que nunca.
El elegido tendrá la misma misión que tuvo Moix, en la que fracasó por la casa que tenía en Panamá.
Cuatro nombres que no son de la Fiscalía Anticorrupción
En esta dirección ya han emergido cuatro nombres que podrían cumplir con esa condición de «impecabilidad» aparente: José Martínez Jiménez, de 59 años, fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, su homónima en Castilla-León, María Lourdes Rodríguez Rey, de 58 años, el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibañez, de 54 años y Pedro José Crespo Barquero, de 54 años, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
El primero de ellos Martínez Jiménez fue renovado para un tercer mandato de cinco años en ese mismo destino, el pasado mes de febrero, cuando fue elegido Moix. En sus 35 años en la carrera fiscal ha servido en las Fiscalías de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de la Audiencia Provincial de Cuenca como teniente fiscal, y la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Albacete. Luego en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, primero como fiscal, después como teniente-fiscal y como fiscal-jefe.
En 2008 fue elegido fiscal superior de Castilla-La Mancha.
El albaceteño Martínez Jiménez, siendo un buen candidato, sin embargo, tiene una rémora en su hoja de servicios: el caso del fiscal decano de Talavera de la Reina, Angel Demetrio de la Cruz Andrade, quien fue acusado por el magistrado Fernando Presencia de haberse construido un chalet en una zona medioambiental protegida, junto a un arroyo, en el municipio de Pepino.
Un hecho sobre el que la Fiscalía no ha mostrado la diligencia investigadora que se pudiera esperar de ella, como «defensora de la legalidad» que se supone que es.
Un «pecado» del que también puede ser copartícipe el fiscal jefe de Toledo, Ibáñez, jefe directo de De la Cruz Andrade, a quien ha prestado su apoyo públicamente.
En el caso de que cualquiera de los dos resultara elegido sería inevitable que el asunto terminara emergiendo en los medios de comunicación nacionales, con preguntas imposibles de responder que podrían tener consecuencias políticas inesperadas.
Lourdes Rodríguez Rey, por su parte, se convirtió en fiscal superior de la Comunidad de Castilla-León en 2015. Con 31 años de antigüedad en la carrera fiscal, Rodríguez Rey se hizo fiscal en 1984. Su primer destino fue en la Fiscalía de León y más tarde Palencia.
En 2009 fue nombrada Directora del Centro de Estudios Jurídicos, escuela donde se forman las nuevas promociones de Fiscales y en la que se imparten los cursos de formación continuada de la carrera fiscal. Entre 2010 y 2015 fue la fiscal jefe de Palencia.
Como candidata, tiene los atributos que Maza puede esperar de ella: ninguna relación con la Fiscalía Anticorrupción, pero gran experiencia en la gestión de fiscalías, donde ha modernizado los métodos de trabajo.
El último candidato, Pedro Crespo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, sería el candidato ideal de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece.
En la anterior convocatoria declinó presentarse. Profesional, muy eficaz y con la cabeza muy bien amueblada, está llamado a ocupar responsabilidades importantes en el futuro de la fiscalía. ¿Dará el paso en esta ocasión? Es una incógnita.
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