El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha compensado al exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con la coordinación «de los recursos de casación relativos a los delitos de terrorismo y la intervención en aquellos asuntos» de esa naturaleza «que puedan considerarse de mayor relevancia».
Pero remacha por dos veces en el texto del decreto: «bajo la supervisión de los Fiscales de Sala Jefes» y «siempre a criterio de los Fiscales de Sala Jefes».
Lo cual especifica la autonomía y la capacidad de acción coordinadora de la que dispondrá Zaragoza, que necesitará, con carácter previo, la aprobación de sus jefes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Actualmente la Sala Segunda dispone de cuatro fiscales de Sala Jefes, dos por cada sección, en la que prestan sus servicios 20 fiscales de Sala, entre ellos Zaragoza.
La doble mención en el mismo párrafo tiene el fin de subrayar, de forma expresa, que el acuerdo del fiscal general del Estado no afecta a la jerarquía interna de la Fiscalía en la Sala, según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas.
Prueba de ello es que no se ha contemplado la creación de ninguna unidad orgánica o estructura independiente con Zaragoza al mando.
Maza pretende aprovechar los conocimientos acumulados en el campo del terrorismo yihadista -ahora en auge- por Zaragoza, quien durante 10 años ha sido máximo responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional hasta el pasado 22 de febrero, cuando el fiscal general del Estado lo sustituyó por Jesús Alonso.
El relevo supuso destinar a éste último a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde tiene ahora su destino.
Dentro de las funciones del nuevo «asesor del fiscal general del Estado en materia de terrorismo» se encuentran la de informar a Maza de la evolución que pueda seguir la amenaza terrorista y las medidas legislativas que fueran necesarias «para mejorar la respuesta legal frente a este problema».
También comprende «cualquier otra función que en materia antiterrorista le sea expresamente encomendada», entre las que se encuentran -en representación del fiscal general del Estado- la asistencia a comisiones, encuentros y reuniones, que se celebren con autoridades nacionales y de otros países u organismos internacionales sobre temas relacionados con el terrorismo y su financiación.
Esta salida que se ha dado a Zaragoza también se aplicó en el caso de su antecesor en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien pasó a ser igualmente fiscal de Sala del Tribunal Supremo. En aquella ocasión, 2006, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, lo nombró, en las mismas condiciones, fiscal coordinador de terrorismo en la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Las historias se repiten.
