El mandato de cinco años de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lesmes, expiró el pasado mes de diciembre sin acuerdo político para su renovación.
En el Pleno del CGPJ, fracasa la «Operación echar todas las culpas al Ministerio»
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30/6/2017 05:00
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Actualizado: 30/6/2017 00:47
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrado ayer en el Salón de Actos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) de esa institución, que se encuentra en el Palacio de Justicia de San Sebastián, prometía ser plano y pacífico.
Pero no lo fue, en absoluto.
Los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces y su presidente, Carlos Lesmes, se habían desplazado allí para celebrar el mencionado Pleno y, de paso, participar en el acto de conmemoración del XX Aniversario del nacimiento del CENDOJ, que después tuvo lugar en la Sala de Vistas principal de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa.
Desde la noche anterior, el hombre de confianza del presidente Lesmes, Gerardo Martínez Tristán, puso en marcha, discretamente, la «Operación echar todas las culpas al Ministerio».
El vocal hizo gestiones con los vocales más afines a fin de conseguir su apoyo en la aprobación de lo que debía ser, al día siguiente, una dura declaración institucional que debía suscribir el Pleno en defensa de la carrera judicial, reivindicando más salario para los jueces, y criticando frontalmente al Ministerio, por no poner los medios para que los jueces puedan hacer su trabajo en condiciones.
Es evidente, según han confirmado a Confilegal fuentes presenciales, que Martínez Tristán tenía muy presente el encuentro que el próximo 5 de julio tiene previsto celebrar el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y Concepción Rodríguez, la presidenta de la gestora de Foro Judicial Independiente y sus respectivos equipos, con el fin de analizar los últimos acontecimientos en el sector.
Catalá es el impulsor de la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados que, desde el pasado mes de febrero, está manteniendo encuentros con todos los agentes sociales del sector para fijar los ejes de la Estrategia Nacional de Justicia, la cual tiene que estar elaborada, a más tardar, el próximo mes de octubre.
Una Estrategia que es la base para la modernización de la Administración de Justicia.
Gerardo Martínez Tristán en una foto reciente. Carlos Berbell/Confilegal.
El objetivo final que Martínez Tristán buscaba con dicha declaración institucional -se supone que con el visto bueno y apoyo del presidente Lesmes- era poner al CGPJ al frente del lado de las asociaciones, tras las fuertes críticas recibidas por el órgano de gobierno de los jueces en las últimas semanas en la implementación del «Plan de Urgencia» para la puesta en marcha de Juzgados provinciales para las cláusulas suelo.
Un Plan que fue ideado, proyectado e impulsado por el CGPJ -en el que Martínez Tristán ha tenido mucho que ver- y que ha sido rechazado frontalmente por abogados y jueces.
La línea argumentativa de fondo de dicha declaración institucional que se pretendía hacer pública al acabar el Pleno era convertir al Ministerio en el cabeza de turco de todos los males que padecen los jueces, a pesar de que no fuera del todo cierto. Toda una maniobra política en mayúsculas.
Precisamente, el pasado 31 de mayo el CGPJ colgó en su portal la noticia «Las Administraciones se comprometen a colaborar con el plan de urgencia del CGPJ para hacer frente a las demandas por las cláusulas suelo», alabando la colaboración del Ministerio y de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la aplicación del «Plan de Urgencia» del órgano de gobierno de los jueces.
Martínez Tristán también debió tener muy presente la noticia que Confilegal publicó en la mañana de ayer en la que relataba que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados había presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a desactivar la implementación de dicho «Plan de Urgencia», que ha sido, incluso, recurrido por el Consejo General de la Abogacía Española ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La propuesta «sorpresiva» de declaración institucional, por su contenido, se encontró con el rechazo de buena parte de los vocales del CGPJ –Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas y Ángeles Carmona– pidieron someterlo a votación.
El debate consiguiente que se produjo a continuación fue «a cara de perro».
La imposibilidad de consensuar unas bases mínimas condujo a un nuevo acuerdo: demorar la redacción de la nueva declaración institucional, o comunicado, que se enviaría al día siguiente a todos ellos vía correo electrónico para que el que quisiera lo suscribiera.
De esta forma terminó la fallida intentona de la «Operación echar todas las culpas al Ministerio» y que dejó a los vocales del CGPJ más divididos que nunca.
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