Las cuatro asociaciones de jueces presentaron este miércoles en la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo para la supresión del denominado “Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alertas” y se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.
A través de un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), aseguran que presentan esta demanda «para obligar al Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar».
Recuerdan que, el citado texto de “Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alertas”, que fue aprobado unilateralmente por el órgano de gobierno de jueces, no cumple con dicha obligación.
Indican que a fecha de hoy «todavía no existe regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral y los criterios que de manera unilateral y provisional el Consejo General del Poder Judicial pretende emplear son completamente ineficaces a los efectos de proteger la salud de los miembros de la carrera judicial, pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016 prevé dicha obligación».
Es más inciden en que «desde el año 2014 llevamos reclamando al Consejo que proceda a cumplir sus obligaciones, la regulación de la carga de trabajo que sustituya los módulos anulados en el 2006.
En este sentido subrayan que esta reclamación se ha puesto de manifiesto en la negociación con el Consejo, «directamente o a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud», sin que hasta la fecha «no hayamos conseguido más que la implantación de un “sistema de alertas”, impropio de un plan de prevención de riesgos y de fijación de cargas de trabajo».
Por ello, han decidido presentar la demanda al amparo de La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, se aplica también a la función pública, y, en el ámbito del personal judicial, a juezas y jueces, que, de acuerdo con el art. 317 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, tiene derecho a la regulación de las cargas de trabajo.
Un antecedente en 2014
En noviembre de 2014, Jueces para la Democracia (JpD) presentó también ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para exigirles limitación de cargas de trabajo judiciales.
En su demanda, reclamaba condenar al CGPJ y al Ministerio a cumplir con su obligación de iniciar los trabajos correspondientes para la medición y fijación de unas cargas de trabajo judiciales máximas a efectos de salud.
A esta demanda se sumaron después el resto de asociaciones, aunque se paralizó ante el inicio de negociaciones con el CGPJ, para el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para jueces y magistrados.
