La historia se publicó primero en el diario ABC del 8 de abril de 2014 como un éxito de dos radiopatrullas de la Policía Nacional, Antonio Javier Jiménez Rey y Gabriel Antonio Rodríguez Jiménez. Ambos lograron reducir a una ciudadana marroquí, Sofía Baze, de 23 años, que iba a bordo de un BMW, la madrugada del 5 de abril en la madrileña calle Camino de Vinateros 9.
Cuando los dos radiopatrullas comenzaron a registrar su vehículo, la mujer sacó una pistola del bolso «y apuntando de lleno a un agente, apretó el gatillo».
Era un arma de fogueo.
En el coche encontraron pequeñas cantidades de droga para la venta el menudeo: pastillas de Rohipnol, 13 papelinas con heroina, otras 8 de cocaína de 7,3 gramos, 5,6 gramos de cocaína en roca y 1,1 gramos de heroina.
Los estupefacientes estaban repartidos en distintos envoltorios junto a una pequeña balanza con restos de polvo blanco y dos móviles.
Baze fue esposada y conducida a la Comisaría de Moratalaz bajo la acusación de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilítica de armas y tentativa de homicidio.
La mujer después ingresó en prisión preventiva en el Centro Penitrenciario de Mujeres Alcalá 2, de Meco, Madrid.
Hasta ahí era la historia de un éxito policial.
En mayo de 2014 la cosa dio un giro de 180 grados.
No se sabe por qué, a través de quién, ni de qué manera, dos agentes de la Secretaría General de Captación de Fuentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional (PN) fueron a visitar a la joven a prisión.
«A través de un informador, una fuente confidencial, tuvieron conocimiento de lo sucedido a Sofía Baze», explicó el instructor del caso de la Unidad de Asuntos Internos a la jueza instructora. «Fueron a verla y después nos hicieron llegar una nota interna. A partir de ahí iniciamos la investigación».
Como consecuencia, Jiménez Rey y Rodríguez Jiménez fueron detenidos poco después por sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos y acusados de los delitos de cohecho, detención ilegal y falsedad en documento público.
La mujer fue puesta en libertad por orden judicial.
Según la mujer, los dos radiopatrullas de la Policía Nacional actuaron por encargo de un exnovio suyo, el también marroquí Noureddine Maarouf El Hachmi, quien la acusaba de haberle robado 53.000 euros de su domicilio.
A cambio éste les iba a pagar entre 20.000 euros a los dos por meterla en prisión.
Un tercer hombre, de origen marroquí también, Mohamed Laamarti El Ouriaghli, hizo supuestamente de intermediario entre El Hachmi y los dos policías.
Tanto El Hachmi como El Ouriaghli están acusados también.
Los dos policías pasaron 4 meses en prisión hasta alcanzar la libertad provisional a la espera de este juicio, casi tres años después.
Lo sucedido aquella mañana, en consecuencia, fue un montaje para llevar a cabo la venganza del exnovio despechado, de acuerdo con la versión de la mujer.
El caso, que comienza a ser juzgado hoy, y que durará hasta el viernes, tiene evidentes «agujeros negros» sobre los que tendrán que decidir los magistrados Pilar de Prada, Carlos Fraile y Ana Revuelta, en última instancia.
Porque al margen de que la Unidad de Asuntos Internos parece ser que no ha encontrado ni un indicio sobre el rastro del dinero, tampoco han hallado pruebas incriminatorias decisivas y contundentes que sustancien las alegaciones de la joven Sofía Baze.
Pero lo más importante de todo, el «talón de Aquiles» del proceso, su base, es la falta de motivación de la instrucción. De cómo y quién inicia la investigación y de cómo se sustancia. ¿Quién es el «informador», la fuente confidencial?, ¿y por qué no es la Unidad de Asuntos Internos la que inicia, desde un principio, la investigación sino dos agentes de la «Secretaría General de Captación de Fuentes»?
¿Es esta una investigación prospectiva de las que quiere acabar el fiscal general del Estado y de las que habla en la Memoria de la Fiscalía?
Parece tener toda la pinta.
Como ayer mismo escribía el abogado José María Garzón, representante legal de Jiménez Rey, en este mismo diario: «Garantizar todos los derechos de un investigado no solo es una cuestión constitucional, también es una de las obligaciones que deben ser especialmente comprobadas por todos los operadores de la justicia».
Sobre esto, precisamente, tendrá que arrojar luz tanto el Ministerio Fiscal como la acusacion particular, que juegan con el handicap de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, un departamento hoy en tela de juicio en el que por aquel entonces hacía y deshacía el entonces DAO, Eugenio Pino; su jefe, el comisario Marcelino Martín Blas y el comisario José Manuel Villarejo, en lo que después se ha descrito como «las cloacas de la Policía» por los casos en los que se han visto implicados, como el de «El pequeño Nicolás», «El CNI», «El caso Pujol» y tantos otros.
Un caso que es todo un desafío para la Justicia.
