Separatistas catalanes quemando una bandera de España.
Todas las mentiras que extiende la propaganda independentista en redes sociales contra el Estado de Derecho
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22/9/2017 06:05
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Actualizado: 22/9/2017 09:59
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Los independentistas catalanes se están afanando en que «su relato» de los hechos, su propaganda política, se erija como la «verdad» a través de las redes sociales. En ese falso relato, en esa mentira burda, sobre lo que está sucediendo ellos aparecen como las víctimas de un «estado totalitario».
En este «relato», las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aparecen como poco menos que una «polícia política española» que está deteniendo a diestro y siniestro a la gente, sin garantías legales y jurídicas, por expresar sus ideas, lo que supone un ataque a la democracia. Posiblemente, de vivir, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, se sentiría orgulloso de lo que parece, a todas luces, una actualización de su praxis que tenía como referencia su frase favorita: «Una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad».
Esta es la contestación que, desde las propias redes y desde el Estado de Derecho, se está dando a esa grosera manipulación de la realidad punto por punto:
Están deteniendo gente «sin orden judicial»
Mentira. La Guardia Civil, en sus funciones de policía judicial, sigue las órdenes del magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y de otros jueces y tribunales. Ramírez Sunyer investiga a los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos, este último castigado con hasta 8 años de cárcel.
Son los mismos delitos por los que, en paralelo a la investigación de Ramírez Sunyer, está llevando a cabo la magistrada del TSJCat, Mercedes Armas, sobre Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno autonómico a instancias de una querella de la Fiscalía; un caso que le ha correspondido por ser aforados los investigados.
De la misma forma, otra magistrada del TSJCat, María Eugenia Alegret -expresidenta de ese órgano judicial-, le corresponde la investigación por los delitos de prevaricación y desobediencia a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa, la segunda querella presentada por la Fiscalía.
El Constitucional, precisamente, anuló el miércoles los acuerdos de la mesa del Parlament de Cataluña que permitieron la aprobación de la ley de referéndum y de transitoriedad con un argumento muy simple: dicho parlamento autonómico “se arroga atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución e insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico: el presunto ‘proceso constituyente’ en Cataluña, cuya inconstitucionalidad” ya había declarado el máximo tribunal de garantías de España.
Están deteniendo gente «por expresar sus ideas»
Mentira. El magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona es quien ordenó la detención de 14 altos cargos del Govern catalán -entre ellos el número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové– y funcionarios públicos por sus supuestos actos delictivos, no por sus ideas. También se ordenó 41 registros en diferentes dependencias.
El magistrado abrió esta causa a raíz de la denuncia que presentó un particular en febrero pasado en los juzgados de guardia de Barcelona por unas declaraciones del entonces senador de ERC, el magistrado suspendido Santiago Vidal, que dijo que el gobierno de Cataluña tenía de un censo paralelo al oficial, que también tenía «todos los datos fiscales» de los ciudadanos catalanes y un listado de jueces que secundaban el proceso de independencia y los que no.
El partido Vox presentó, a su vez, otra querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero el alto tribunal catalán la remitió al 13 de Instrucción después de que Vidal presentara su dimisión y perdiera el aforamiento. Lo mismo ocurrio con la que presentó el abogado Miguel Durán. Desde febrero pasado la causa está declarada secreta. La macroperación que tuvo lugar el miércoles se produce por el hallazgo de documentación relacionada con ese censo que se pretendía utilizar en el referéndum ilegal.
Josep María Jové, por otra parte, fue multado ayer por el Constitucional con 12.000 euros diarios hasta que cumpla las órdenes del máximo tribunal de garantías, dictadas el 7 y el 12 de septiembre, y haga todo lo que tenga que hacer para suspender el referéndum.
Estas detenciones son «un ataque» a la democracia y a la libertad de expresión
Mentira. Esas detenciones son la consecuencia jurídica, esperada, lógica y prevista por el ordenamiento jurídico en caso de su incumplimiento.
Cataluña está siendo atacada por un «Estado totalitario»
Mentira. No se actúa contra Cataluña, sino contra unos altos cargos y funcionarios que supuestamente han cometido ilegalidades, contra un Govern autonómico que ha dejado de representar a todos los catalanes para representar sólo a la minoría catalana que quiere la independencia.
Y no es un Estado totalitario quien actúa, sino un Estado social y democrático de derecho que, con sus carencias y defectos, se somete al ordenamiento jurídico en su actuación.
Por el contrario, la actuación totalitaria es aquella que no se somete a la ley, tal como está actuando el Parlament y la Generalitat desde hace tiempo y, más específicamente, desde el 4 de septiembre.
La Guardia Civil está actuando contra Cataluña
Mentira. La Guardia Civil sigue las ordenes de los jueces, igual que entró en la sede del PP de Génova 13 cuando se investigaba el caso Bárcenas; en ese momento a nadie se le ocurrió decir que la Guardia Civil actuaba contra el PP, sino que cumplía las órdenes de los jueces y tribunales.
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