El Govern de la Generalitat presentará una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y otra contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, al entender que hicieron suyas funciones que no le corresponden en la investigación del referéndum del 1 de octubre.
Según ha explicado en una rueda de prensa este viernes el conseller de Justicia, Carles Mundó, la primera querella se presentará ante el Tribunal Supremo (TS) y la segunda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ambas por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.
Ha presentado un decálogo con diez violaciones de la legalidad que cree que el Estado ha cometido, y ha acusado al Gobierno central de suspender la división de poderes para combatir el 1-O: «Se continúa escondiendo detrás de las togas. Los que más presumen de defender el Estado de Derecho han sido los primeros en saltarse la Ley».
LOS DIEZ PUNTOS
En primer lugar, considera que está habiendo una persecución penal contra un hecho que cree que no es delito como es convocar, organizar un referéndum y ha aludido a que Las Cortes lo han despenalizado expresamente en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2005.
También sostiene que la llegada de 10.000 agentes de otras partes de España a Cataluña es una irresponsabilidad y una provocación que «atenta contra los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia» que establece la ley sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Sobre la designación de un coronel de la Guardia Civil para coordinar a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y el Instituto Armado, Mundó sostiene que el mando supremo de la policía catalana corresponde a la Generalitat y que, además, «un fiscal no puede decidir cómo se ha de organizar la policía ni la seguridad».
Cree también que el Gobierno del Estado ha aplicado el artículo 155 de la Constitución «por la puerta de atrás» con la intervención de las finanzas y la designación de un guardia civil para coordinar a los Mossos, y que lo ha hecho al margen de los procedimientos legales.
Por otra parte, sostiene que la denuncia de la Fiscalía por sedición, admitida a trámite por la Audiencia Nacional, «está llena de falsedades» y considera que este tribunal no es competente para juzgar este tipo de delitos.
El conseller ha cargado también contra los registros practicados por la Guardia Civil en domicilios, empresas e instituciones públicas, «en algunos casos sin orden judicial y sin la presencia de abogado».
«SIN COBERTURA JUDICIAL»
Sobre la citación por parte de la Fiscalía de más de 700 alcaldes para declarar, Mundó sostiene que se están haciendo «sin cobertura judicial» porque la causa del referéndum ya está en manos de los jueces.
Mundó también ha aludido a que la Guardia Civil ha cerrado páginas web, registrado imprentas e identificado a periodistas en unas acciones que cree que contravienen el artículo 20 de la Constitución «que protege el derecho a la libertad de expresión».
Considera que la prohibición y suspensión de actos a favor del referéndum en Madrid y Vitoria «atenta contra el derecho de reunión y manifestación», además del derecho a la participación política.
Por último, en su decálogo ha aludido a la ocultación por parte de la Guardia Civil de los motivos de las detenciones practicadas a altos cargos de la Generalitat, además de la «dilatación injustificable» del secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. (EP)
