La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Lesmes: ¿De «hombre bueno» para el frente judicial en el conflicto catalán?
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13/10/2017 06:15
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Actualizado: 16/11/2017 16:32
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Las relaciones entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la primera autoridad de la Justicia, Carlos Lesmes, están bajo cero. La comparecencia de Rajoy, el pasado 27 de julio, como testigo ante la sala de vistas en la que el tribunal de la Audiencia Nacional está juzgando la primera etapa del caso Gürtel, está en ese origen. Lesmes no hizo nada por favorecer que el presidente del Ejecutivo pudiera declarar por videoconferencia.
Así lo ven en el «alto mando» del PP y del Gobierno.
La crisis catalana, sin embargo, ha traído una nueva oportunidad de acercamiento para Lesmes hacia el Ejecutivo, sobre todo a apenas 13 meses de acabar su mandato al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
Fue muy comentado ayer, tanto en el desfile de la Hispanidad, como en la recepción oficial del Palacio de Oriente la cercanía del presidente del CGPJ con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con la que departió largo y tendido a lo largo de toda la mañana y el mediodía.
La figura de Lesmes, en este escenario, emerge como «hombre bueno» o «amigable componedor», por lo que respecta al aspecto judicial de la crisis catalana.
Una crisis en la que el presidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y sus 12 consejeros, aparecen como querellados y denunciados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) por los delitos de delitos continuados de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones y funciones, conspiración para la rebelión, sedición, y malversación de caudales públicos.
Lo mismo que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, su vicepresidente primero y dos secretarias de mesa, a las que se les acusa de lo mismo.
En la Audiencia Nacional, la magistrada del Central 3 de Instrucción, Carmen Lamela, instruye otra causa contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por delito de sedición.
Esto, sin olvidar las causas abiertas en el 13 de Instrucción de Barcelona, contra altos 16 cargos de la Generalitat, y en otros tantos juzgados de Cataluña contra los Mossos d’Esquadra por su inacción en impedir la celebración del referéndum independentista del pasado 1 de octubre.
Tres frentes
A nadie se le escapa que la solución de esta crisis pasa por tres frentes: el político, el económico y el judicial. Los dos primeros tienen que resolverse en el Parlamento, con las consiguientes negociaciones que los representantes de la soberanía popular tendrán que llevar a cabo.
Sin embargo, el judicial preocupa especialmente en el PP y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Es la consecuencia de la estrategia de judicialización del conflicto catalán, que se ha convertido en una auténtica tela de araña que no puede dar lugar a componendas de ningún tipo, como ya ocurrió en la lucha contra el terrorismo de ETA.
¿Se podría llegar a soluciones legales que permitieran deshacer este nudo gordiano?, se preguntan en el PP. Y Lesmes, como primera autoridad de la rama judicial del Estado, desde su punto de vista, podría tener mucho que decir.
Aunque la respuesta sería siempre la misma: no.
«Los jueces, en España, son independientes. Si alguno de los jueces y juezas instructores de los respectivos asuntos en marcha recibiera una llamada de alguien de las alturas podría convertirse en una bomba. Porque de ahí a convocar una rueda de prensa para denunciarlo, con las consecuencias resultantes, hay un paso», explica un magistrado con más de 30 años de carrera a su espalda y conocimiento de los dos mundos, el judicial y el político.
«Sería un suicidio».
«El problema -añade- es que los políticos se creen lo que sea. Su desconocimiento del mundo judicial español es tan grande que si alguien, con poder e influencia, en un puesto de gran relevancia les deja entender, o les dice, que pueden influir para que un juez de instrucción tal o un tribunal cual haga una cosa o la otra, se lo creen. Y eso, simplemente, no es verdad».
Sáenz de Santamaría, la «jefa» también del CNI, el servicio de inteligencia, precisa, estos momentos, de todo tipo de información.
Y de forma especial de la Administración de Justicia; la opinión Lesmes tiene un gran valor para ella.
No puede existir negociación con la Justicia
Porque el presidente de la Generalitat y su gente van a a insistir en incluir en cualquier tipo de negociación hipotética que, finalmente pueda producirse, una solución a las querellas y denuncias presentados contra ellos.
Un carpetazo a todo.
Y para eso esa solución no existe. No en el Estado de Derecho construido con la Constitución de 1978.
Aún en el caso de que la Fiscalía redujera los cargos en las querellas presentadas, todavía persistirían los de las acusaciones populares. Por esta razón, en España no se pueden producir las componendas que se ven en las películas estadounidenses.
Y sobre todo con la presión mediática existente.
Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo, y a los que ahora el Tribunal de Cuentas reclama 5,25 millones de euros que tienen que poner de su bolsillo por la organización de la consulta del 9N, son un buen ejemplo de lo que sucede cuando la maquinaria de la Justicia finalmente cae sobre ellos.
Eso lo saben los jueces y una minoría de políticos. Para muchos de ellos, sin embargo, la idea de la judicatura se asemeja a la que tienen del Ejército o de la Fiscalía, a la que algunos denominan «milicia jurídica», por su carácter jerárquico.
Y no es verdad.
¿Podría Lesmes contribuir a deshacer ese nudo gordiano mencionado?
Los que conocen «el percal» judicial saben que no. Pero los políticos necesitan escuchar que es posible, aunque altamente improbable.
Que existe un rayo de esperanza, siquiera tenue. Lo que al presidente del Consejo le permite elevar la temperatura de sus relaciones con el Ejecutivo siquiera unas décimas sobre cero, que ya es mucho.
El día anterior los miembros de la Comisión Permanente del Consejo que preside Lesmes, aunque conocieron el acuerdo del gobierno de la Generalitat de crear una Comisión especial sobre la violación dederechos fundamentales en Cataluña -que todos las asociaciones de jueces condenaron porque consideran que atenta contra la independencia judicial-, evitaron hacer ningún tipo de declaración.
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