Un juez de Barcelona ha condenado a la empresa Subrogalia a indemnizar con 88.408 euros en total a dos parejas que la contrataron para tener hijos con un «vientre de alquiler» en el extranjero, por incumplimiento grave de sus compromisos.
En su sentencia, el juzgado de Barcelona estima la demanda presentada por ambas parejas, representadas ante los tribunales por el bufete Marín Fonseca, y declara resueltos los contratos que Subrogalia firmó con ellas, a las que deberá indemnizar también por los daños y perjuicios causados.
Además, la sentencia entiende que la empresa les engañó, ya que les exigía más dinero del pactado para seguir adelante con los trámites de la gestación subrogada.
La empresa deberá pagar 36.167 euros a una de las parejas y otras 52.241 a la otra, más los intereses legales correspondientes, al reconocer que incumplieron con sus compromisos de «adoptar todos los medios necesarios» para conseguir el nacimiento de al menos un hijo por gestación subrogada, así como llevar a cabo los trámites necesarios para la entrada del bebé en España.
El juez reconoce que el asesoramiento jurídico que Subrogalia ofrecía por contrato era insuficiente e incorrecto y que ni siquiera se ha podido acreditar que tuviera contratados abogados para encargarse de los trámites legales para la gestación subrogada.
La sentencia admite también que la empresa incumplió con su obligación de llevar a cabo las transferencias embrionarias comprometidas y no ha podido acreditar que fueran necesarios los viajes que las parejas demandantes llevaron a cabo México, donde supuestamente se debía llevar a cabo la gestación subrogada.
Además, según el juez, la clínica Iegra de Barcelona, donde debían fecundar los embriones e implantarse los «vientres de alquiler«, no tenía permisos para esa actividad.
De hecho, el Departamento de Salud abrió paralelamente un expediente sancionador a la clínica Iegra, propiedad del empresario Dídac Sánchez y en la que se debían fecundar los embriones a implantar en los «vientres de alquiler», por desarrollar actividades sanitarias en el ámbito de la reproducción humana asistida sin disponer de la preceptiva autorización administrativa durante el tiempo en que estuvo abierta, entre 2015 y 2016, sin permiso del Departament de Salut e hizo caso omiso a dos requerimientos de la Generalitat para que cerrara las puertas.
