El teniente fiscal de Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, reveló que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tuvo que trasladar a Bélgica, en relación con la orden europea de detención y entrega solicitada por el expresidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro consejeros fugados a Bruselas, que este órgano judicial «no es un tribunal excepcional», sino «un tribunal ordinario» aunque «especializado», donde se aplican «la misma normas de procedimiento» que en el resto de tribunales.
Carballo intervino junto al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en la III Jornada del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto de historia social Valentín de Foronda, dedicada a la respuesta al terrorismo desde la Justicia, que tuvo lugar ayer en Bilbao, con motivo del 40º aniversario de la Audiencia Nacional.
Durante su intervención, Carballo contó que sus colegas belgas, en los contactos previos a su valoración, «todavía se insistía y se preguntaba ‘si la AN es un tribunal de excepción y si el procedimiento que se aplica es un especial, distinto al de otros tribunales'».
«Parece que es algo que todavía sorprende. Por supuesto, se le contestó que no es un tribunal excepcional, ni siquiera especial. Es un tribunal que tiene una competencia funcional cualitativa específica, donde se aplican las mismas normas del procedimiento que en el resto de tribunales de España y tan solo existen unas especialidades procesales en cuanto a que se trata de terrorismo», ha indicado.
De este modo, recalcó en que «es un tribunal completamente ordinario, sí que es cierto que especializado» y subrayó que esa especialización se ha comprobado «muy relevante y muy efectiva».
De esta manera, afirmó que la «unificación y especialización» es un «bien en sí mismo».
Asimismo, destacó que la orden europea «se basa en fijarse en unos hechos, no en un delito concreto, en una calificación delictiva».
De esta manera, contestó quienes, en el caso de Puidemont y los otros exconsellers en Bélgica, señalaban que «en Bélgica esto sí sería o no sería delito».
Según indicó, «los colegas belgas nos dejaron muy claro» que ellos entregan a un ciudadano a otro país de la UE «por unos hechos con el criterio de que sean delito, pero no necesariamente que sean el delito con el que se reclama la entrega o que tengan las mismas penas o que coincida el nombre».
A su entender, es «un gran avance» contar con «un espacio común de justicia» y ningún país «impone ni debe imponer el muro de sus garantías procesales frente a la reclamación de otro órgano judicial de la UE». Según ha añadido, «si hay un quebranto de esas garantías, no sólo están los tribunales de ese país correspondiente», sino también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. EP.
