La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años, pero con un cumplimiento máximo de la pena de 20 años, a los GRAPO José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez por el secuestro hace 22 años, en 1995, del empresario aragonés Publio Cordón.
El tribunal les considera responsables de un delito de detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima, cometido dentro de la actividad de una organización terrorista. Los jueces explican que Teijelo y Gómez Méndez se encargaron de custodiar la vivienda de la localidad francesa de Lyon donde permaneció secuestrado el empresario algo menos de un mes.
Sin embargo, la Sala no ve elemento objetivo alguno que corrobore la acusación por homicidio, ya que la búsqueda infructuosa del cadáver de Cordón impide concluir que falleciera de la forma en que describió Fernando Silva Sande, el ‘grapo’ que lleva colaborando en este caso con la Guardia Civil desde 2008.
Teijelo y Gómez estaban acusados de alquilar la casa de Lyon (Francia) donde estuvo cautivo el empresario aragonés y de enterrar su cuerpo, pero en el juicio negaron su participación en los hechos e, incluso en el caso del primero, que fuera miembro de la banda terrorista en ese momento.
Ambos están en la cárcel por su colaboración con el Grapo y alquilaron la casa de Lyon haciéndose pasar por profesores españoles de francés, según considera probado el tribunal.
Los dos estuvieron en el chalé hasta que Cordón, encerrado en un armario de la buhardilla empotrado de 1,71 metros de largo por 1,21 de ancho, intentó escapar, cayó al vacío desde una ventana, quedó malherido y al poco murió. Su cuerpo fue enterrado después por sus captores en el Mont Ventoux francés.
Precisamente en el juicio, Teijelo quiso desmontar la versión del arrepentido Fernando Silva Sande, ya condenado por ese secuestro, y negó que le marcara en la cárcel sobre un plano el lugar donde habían enterrado el cuerpo, que la Guardia Civil ha buscado sin éxito en diversas ocasiones.
Los investigadores que ya dieron por esclarecido el suceso, no lo dan por cerrado hasta que se localicen los restos de la víctima, porque será en ese momento cuando se demostrará que el empresario falleció.
El Tribunal basa su condena no sólo en la declaración inculpatoria que prestó Silva Sande, condenado ya por estos hechos, y cuyo testimonio permitió localizar la vivienda de Lyon, sino también en informes periciales caligráficos y de perfil genético.
No se ha podido probar el delito de estafa
Pese a que el fiscal pidió para ambos acusados prisión también por un delito de estafa, ya que la familia de Cordón llegó a pagar 400 millones de pesetas por el rescate al creer que el empresario estaba vivo, el tribunal entiende que no hay prueba alguna que relacione a Teijelo y Gómez con ese delito.
