Hoy se conocerá la sentencia por el saqueo del Palau y las presuntas comisiones de CDC
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15/1/2018 05:00
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Actualizado: 15/1/2018 10:55
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Ocho años después, hoy la Audiencia de Barcelona notificará la sentencia del expolio del Palau de la Música, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por Montserrat Comas d’Argemir e integrada por los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández -que ha sido el ponente-, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total- a la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea.
A los procesados se les hará entrega en mano de un CD con la sentencia grabada y el fallo judicial en papel, y a los abogados, un CD con la sentencia grabada. Una sentencia que, según algunas fuentes, puede tener unas 600 páginas.
La resolución judicial por este caso, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, llegará una vez celebradas las elecciones catalanas del pasado 21D y a solo dos días para la constitución del Parlament, prevista para el próximo miércoles, 17 de enero.
Tras la irrupción de los Mossos d’Esquadra, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, el tribunal emitirá su dictamen en este caso que puso bajo la lupa la financiación de CDC.
Un mes más tarde del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.
Durante el juicio, que empezó en marzo de 2017, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull admitieron, en un pacto con la Fiscalía para lograr una rebaja de condena, que hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comisiones del 4 % de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol.
En sus conclusiones, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que tras el juicio abandonó temporalmente el ministerio público, sostuvo que el Palau sirvió de «cañería» para canalizar el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a CDC,º (formación reconvertida en el PDeCAT y hoy reconvertida en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya) a cambio de concesiones de obras públicas.
Afirmó asimismo que en la trama del expolio de la institución había un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente en el que «parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera».
Según el fiscal, los acusados Millet y Montull expoliaron el Palau con el cobro de dinero en efectivo a través de cheques en ventanilla que se ingresaban después en la caja de seguridad de Millet; con las obras en sus casas particulares y con unos incentivos irregulares –«Llámenle bonus, llámenle botín»– y con viajes a destinos exóticos.
Sobre las presuntas comisiones ilegales de CDC, Ulled dijo que los tesoreros sólo eran «el gatillo de la pistola» del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales de los convergentes a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas, y que cifró en 6,6 millones de euros.
El fiscal pidió un reducción de condena para Millet y Montull
El fiscal redujo la petición de penas para Millet y Montull, al reconocerles las atenuantes de disminución del daño y de confesión, por haber admitido en sus declaraciones ante el tribunal que el Palau hizo llegar a CDC comisiones del 4 % procedentes de Ferrovial.
Fèlix Millet se enfrenta a una petición de pena de 14 años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía; Jordi Montull, a diez años y diez meses de cárcel, y Gemma Montull, a dos, después de que los tres acusados alcanzaran el pacto con el fiscal que incluía la confesión y la rebaja de pena para que la exdirectora financiera no entrara en prisión.
En cambio, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el único miembro del partido sentado en el banquillo por las comisiones ilegales, que negó los hechos, se enfrenta a una petición de pena de prisión de ocho años, después de que el fiscal aumentara su solicitud en medio año.
Los exdirectivos de Ferrovial se enfrenta a 5 años de prisión
Por el contrario, el ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que se exponen a cinco años, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta ocho años de cárcel por su supuesto papel clave en el cobro de las comisiones.
En su declaración durante el juicio, estos tres acusados negaron la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el Gobierno catalán adjudicara a la constructora obras públicas, como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del Metro.
Reclaman 6,6 millones de euros a CDC
El ministerio público también reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la entidad cultural, por el que desde 2015 tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial.
Además, el fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pidió en sus conclusiones que el decomiso se aplique a la antigua Convergència o a la formación «que la haya sucedido».
En el juicio, que se inició el 1 de marzo pasado y acabó el 16 de junio, tras una cincuentena de sesiones.
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