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Baltasar Garzón: “Las puertas giratorias en la justicia producen mucho desasosiego”

Baltasar Garzón de espaldas a la Sala en la que presentó su último libro. Carlos Berbell/Confilegal.
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Baltasar Garzón acaba de publicar un nuevo libro titulado “La indignación activa. Una mirada personal para transformar la realidad”. Un volumen en el que hace un “strip tease” en toda regla de su pensamiento político, social y ético. Un esfuerzo público por explicar este soy yo.

Dentro de ese marco, y en un entorno casi bicentenario, como es el Ateneo de Madrid, tiene lugar esta entrevista, centrada en el mundo que mejor conoce: el judicial. Y, como siempre, no defrauda.

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Podía haber sido torero porque no evita los pitones sino que los busca y los roza, cuando toca, con decisión.

Su libro me recuerda, por el título y por su planteamiento, a aquel que publicó en 2010 en Francia Stéphane Hessel:”Indignados”…

Yo no me puedo comparar con Stéphane Hassel, que fue uno de los padres de la Declaración Universal de derechos Humanos. Y todo lo que supuso su figura en Naciones Unidas.

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El término de indignación activa no tiene nada que ver con indignados. Yo lo acuñé en 2003 y en el ámbito de lo que fue la guerra de Irak.

Cuando elegí el título de este libro de reflexiones adopté el de “La indignación activa” porque siempre ha sido “leit motiv” de mi actuación. Se puede hacer siempre algo más. No vamos a solucionar todo. Pero no podemos quedarnos paralizados tampoco.

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Es verdad que en 2010, después de la crisis económica, Hessel publicó ese golpe sobre la mesa. Como lo define Zaffaroni en el prólogo. Es un alarido. Ya basta.

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Como ciudadanos, tenemos que hacer algo más, además de quejarnos, y ser los más desgraciados del mundo.

La corrupción es la mayor mentira que puede existir

¿Este es usted así, como se muestra en “La indignación activa”? ¿Sin subterfugios?

Sí, este soy yo. Para bien o para mal. Como persona, no me gustan las descalificaciones gratuitas, la zafiedad y el insulto.

La mentira, en el ámbito político, en todos los ámbitos, me provoca sarpullidos.

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Cuando tienes una responsabilidad política, un cargo público, eres un servidor público. Engañar a los ciudadanos es inaceptable. Jugar con ello, decir esto es lo que hay, pero no pasa nada, no tiene justificación.

Lo que estamos viviendo ahora, la llamada postverdad, no es más que el triunfo de la mentira. Tenemos que estar, no alertas, sino empecinados en combatir ese fenómeno porque es altamente peligroso. Porque nos inunda todo.

Con la velocidad a la que va la comunicación hoy día es casi imposible, si no es con un cambio profundo, educacional, de actitudes, hacer frente a esa dinámica. No es fácil.

“Lo que estamos viviendo ahora, la llamada postverdad, no es más que el triunfo de la mentira”, afirma Garzón. Carlos Berbell/Confilegal.

¿La mentira es un disolvente de la democracia?

Sí, es un disolvente de muchas cosas. Pero la corrupción es más disolvente. En la corrupción va la mentira. La corrupción es la mayor mentira que puede existir. Aparentar que estás sirviendo a los ciudadanos cuando te estás aprovechando, y utilizando lo público a tu favor.

Usted en su libro habla de las llamadas “puertas giratorias” en la Justicia, un tema recurrente que, como el Guadiana, aparece y desaparece de la agenda pública. A usted, ¿por qué le preocupan? 

Porque las puertas giratorias en la justicia producen mucho desasosiego. Hemos visto ejemplos de fiscales, de jueces, que estaban ejerciendo jurisdicción, que, de un día para otro, han dicho, me pido una excedencia. Me voy a un despacho e, incluso, han vuelto, como abogados, a participar en las mismas causas.

Eso es una barbaridad. Eso no puede ser. Y sin embargo no se ha regulado. Sigue sin regularse.

¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se establecen unas normas de transparencia? Vamos a establecer parámetros jurídica y democráticamente asumibles

Soy consciente de que mi paso a la política supuso una modificación de la legislación para evitar que uno volviera al lugar donde estaba ejerciendo la jurisdicción. Pero hete aquí, que en 2009, los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo exactamente para todo lo contrario y volvieron al sistema inicial.

¿Por qué? Porque a ambos le interesaba. Por los sujetos que, en ese momento, estaban en las filas de cada uno de los partidos. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora.

Despojar  a los jueces de instrucción de la capacidad de mandar a la cárcel a cualquier ciudadano, sin mediar petición del fiscal o de las partes, fue una decisión muy lógica

¿Es usted consciente que su regreso de la política a la judicatura propició la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se desposeyó a todos los jueces de instrucción del poder de mandar a la cárcel a cualquier ciudadano sin contar, como hoy, con la petición previa del fiscal o de las partes?

Sí, claro. Pero, pero fue una buena reforma.

Explíquese. 

Sí, se lo voy a explicar. El sistema español en ese momento ya era obsoleto. Que el juez de instrucción pudiera decretar la prisión era un estigma del sistema inquisitivo aberrante.

Si no se hubiera tomado esa decisión, las prisiones que yo acordé en el caso GAL no se hubieran solicitado por el Ministerio Fiscal. Eso de principio.

La decisión del ministro de Justicia, Juan Antonio Belloch, de introducir esta decisión en una disposición transitoria de la Ley del Jurado en noviembre de 1995 fue lógica.

Se lo voy a decir más claro: Despojar  a los jueces de instrucción de la capacidad de mandar a la cárcel a cualquier ciudadano, sin mediar petición del fiscal o de las partes, fue una decisión muy lógica.

Recuerde que aquel año fue muy complejo. Había personas privadas de libertad relacionadas con el caso GAL, y específicamente el caso Segundo Marey. Lo lógico fue que fueran solicitadas por el Ministerio Fiscal y respondió a ese estímulo próximo.

Era algo que tenía que haberse hecho antes para que el principio acusatorio funcionara como debía de funcionar. Como funciona ahora.

A principios de este mes de conoció el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, que volvía a recomendar que los 12 vocales jueces del CGPJ fueran elegidos por la carrera judicial y la necesidad de promulgar una ley para nombramientos discrecionales que establezca el mérito y la capacidad de forma objetiva. ¿Esto forma parte de la corrupción de la que usted habla?

De alguna forma, sí. La meritocracia no está siendo respetada en el seno de la justicia; el oscurantismo del sistema de designación no favorece para nada la lucha contra la corrupción. El Consejo General del Poder Judicial tiene, necesariamente, que desarrollar dosis de transparencia.

El ciudadano tiene que percibir que los que van ahí y los que son nombrados por los que están ahí son los lo mejores. Y la propia carrera judicial.

¿Por qué? Hemos valorado sus sentencias, qué tanto por ciento han sido recurridas y anuladas. Hemos valorado la proximidad al ciudadano, el trato que se le da… Tienen que haber elementos objetivos. Es lo que viene a decir el Consejo de Europa en sus resoluciones.

Si los modelos en los que nos reflejamos tienen que ser nítidos y limpios, hagamos que la elección nos de esa tranquilidad.

Luego, si alguien lo quebranta, para eso está el sistema de sanciones.

Desde mi punto de vista, hay un tema pendiente: ¿Quién controla al Tribunal Supremo? Ahora es el propio Tribunal Supremo. ¿Y cuando haya posiciones que cuestionen su actuación, cómo solucionamos el tema?

Eso resta credibilidad.

La meritocracia no está siendo respetada en el seno de la justicia; el oscurantismo del sistema de designación no favorece para nada la lucha contra la corrupción

O sea, que tanto el sistema de elección de los vocales jueces como los nombramientos discrecionales están minado  la confianza en la justicia…

Es evidente para mí. El sistema estadounidense se puede criticar. Pero ahí hay un examen, una investigación que llega hasta el día en que hiciste la primera comunión o que te presentaron en sociedad.

Es una elección parlamentaria, sí. Los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo son propuestos por el presidente de la nación, pero hay un exhaustivo examen.

Aquí no.

Pasa lo mismo, con el fiscal general del Estado. En media hora, una o dos horas se resuelve todo. ¿Por qué tengo yo que asumir que esto es así?

La sociedad necesita tener confianza absoluta en que el fiscal general del Estado, además de honrado, lo parezca.

Y si la cuestión, en este momento, es que el sistema de elección por el Gobierno no es confiable, introduzcamos en el marco constitucional elementos que lo hagan confiable.

No tengo nada en contra de los magistrados o magistradas que propongan para la Sala Segunda, Tercera o Cuarta, pero quiero constatar, como ciudadano, que son los mejores. ¿Por qué? Porque van a tener en sus manos el control de nuestros derechos.

Según Garzón, cuanta más dependencia política del Ministerio Fiscal menos falta de credibilidad para la ciudadanía. Carlos Berbell/Confilegal.

Usted defiende la autonomía del Ministerio Fiscal y hace especial hincapié en la autonomía económica….

El Gobierno no quiere perder el control ni del gasto ni de las inversiones. De nada.

¿Esa, la autonomía económica, es una condición irrenunciable para que el Ministerio Fiscal sea independiente de verdad del Gobierno?

Cuanta más dependencia política del Ministerio Fiscal menos falta de credibilidad para la ciudadanía.

Si la elección fuera mucha más compartida, y todos participaran proactivamente, ese elemento de crítica desaparecería.

Conforme bajamos, siempre hay el criterio de jerarquía y dependencia. Pero al hacerse más amplia la base de la pirámide, hay más independencia. Hasta un punto de que los mecanismos de acción del Ministerio Fiscal son absolutamente pulcros.

Por tanto, lo que contamina a la institución es lo de arriba.

Ciudadanos tiene un proyecto de ley que contempla la elección del fiscal general del Estado por 2/3 de la Cámara Baja.

Yo eso vengo diciéndolo desde mucho tiempo antes. Cualquier mecanismo que genere la confianza de los ciudadanos y la autonomía absoluta del Ministerio de Fiscal, es válido. Que el Gobierno presente sus candidatos, pero que también puede haber otros candidatos. Vamos a evaluar los méritos mediante un sistema objetivo, y abierto. Esas sesiones tienen que ser abiertas a la ciudadanía. Los ciudadanos tienen que tener posibilidad de decir algo por el mecanismo que sea.

‘Oiga, que esta persona no es idónea’. La sociedad exige una participación.

Y la Justicia debe tener una transparencia que, hoy día, no tiene.

Hoy día ocurre que en temas como la corrupción la fiscalía cada vez más lleva la dirección de las investigaciones. Al contrario de lo que sucedía antes. El juez prácticamente se convierte en un órgano de garantías

Contemplando los dos proyectos de Código Procesal Penal, el del PSOE y el del PP, se puede deducir que en el primero la actuación del fiscal no está ‘controlada’ como la del juez de instrucción hoy día. La del PP era más estricta. ¿Está usted de acuerdo con que el futuro fiscal instructor esté sometido a parecidos procedimientos de recursos que el juez instructor?

Hay muchos sistemas que se pueden tomar como referencia. Yo soy partidario de la instrucción por el Ministerio Fiscal. Y de la existencia de los jueces de garantías. Y de la paridad de las partes en el proceso. Este es un debate y hay que saber, con las limitaciones correspondientes, que tendrá que ser aprobado por una autoridad judicial, el juez de garantías, que no esté contaminada por la proximidad con el Ministerio Público.

Hoy día ocurre que en temas como la corrupción la fiscalía cada vez más lleva la dirección de las investigaciones. Al contrario de lo que sucedía antes. El juez prácticamente se convierte en un órgano de garantías. O al final hace un seguimiento de las posiciones del fiscal. Eso es una perversión.

Si estuvieran separadas las funciones, tendrían mayor credibilidad porque el juez podría tomar una decisión no contaminada con su propia investigación y decisiones.

Es como una fuga hacia delante. Se convierte en un sistema de “phising”. Vamos a pescar, vamos a continuar, porque no tenemos suficiente.

Esas son perversiones del sistema. Tendríamos que establecer esos mecanismos de separación y de control, claro que sí.

Y, sobre todo, de participación en la investigación con los límites correspondientes. Pero no se puede eternizar una marginación de las partes.

¿Los derechos humanos son el alma de la ley, de la justicia?

Sí, sin duda. El único lenguaje común y universal, como decía Norberto Bobbio, es el de los derechos humanos. Ahí nos podemos entender o discrepar, pero sabemos de lo que estamos hablando. Ahí hay poca postverdad y “fake news”.

La línea es, precisamente, hacer núcleo esencial de nuestra vida la defensa de esos derechos humanos. La proactividad de su desarrollo.

Baltasar Garzón ayer, minutos antes de comenzar la presentación de su libro en el Ateneo madrileño. Carlos Berbell/Confilegal.