El fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está a punto de dar una nueva pirueta jurídico-mediática. De acuerdo con unas declaraciones realizadas hoy por Josep Rull, diputado de Junts per Catalunya, en la emisora Catalunya Ràdio, Puigdemont pedirá autorización al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para que le permita asistir al pleno de investidura previsto para el próximo martes en el parlamento autonómico catalán, tal como dictó ayer el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad.
Y lo hará en las próximas horas, anunció Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad del suspendido gobierno autonómico catalán, quien se encuentra en libertad condicional.
Puigdemont tiene una orden de búsqueda y captura, desde el pasado mes de octubre, por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
Desde entonces se halla en Bruselas, fugado, con cuatro exconsejeros.
TENDRÍA QUE PERSONARSE
Aunque el Constitucional no dice de qué forma tiene que pedir la autorización al magistrado Llarena, la única manera por la que éste se la podría dar sería personándose ante él.
Y en ese caso, con casi toda probabilidad, el juez ordenaría su ingreso en prisión, junto a su exvicepresidente, Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Sin olvidar de que sería detenido en el mismo momento en que pusiera pie en suelo español.
El anuncio de Rull tiene todos los visos de ser un nuevo movimiento este juego de ajedrez jurídico-mediático entre los separatistas y el Gobierno.
Sabiendo que, con un mero escrito, el magistrado Llarena no le dará la autorización, esto servirá para alimentar la estrategia victimista entre la parroquia mediática independentista, reafirmando que en España no rige el estado de derecho y que es una «dictadura».
CONSECUENCIAS PENALES PARA LA MESA DEL PARLAMENT
El Constitucional ordenó ayer suspender el pleno de investidura de este martes tanto si se trata de hacer telemáticamente como presencialmente, sin la autorización previa del magistrado instructor, Pablo Llarena.
Y advirtió a la mesa de la cámara autonómica que si lo hiciera tendría consecuencias penales, tal como establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Rull aseguró, en la entrevista citada, que el pleno continúa vigente y calificó la decisión del máximo tribunal de garantías de España como una «bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría«, vicepresidenta del Gobierno, que ha sido la que ha impulsado el escrito de impugnación de dicho pleno ante el Constitucional. Y pidió su dimisión.
El diputado de Junts per Catalunya criticó la resolución del Constitucional afirmando está «fuera de lo que es la base de un ordenamiento jurídico previsible, sólido y homologable en términos europeos», y que, según él, supone un nuevo paso hacia la demolición del estado de derecho en España. Con información de EP.
