El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria de la Iglesia, en concreto del Obispado de Tui-Vigo, en la causa de la secta de los ‘Miguelianos’, así como el procesamiento de 6 de los cargos que formaban parte de la directiva de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel.
La causa se sigue por supuestos delitos de asociación ilícita, delitos contra la integridad moral, delito de agresión sexual, delitos de abusos sexuales con prevalimiento, delitos de abusos sexuales, delitos contra la Hacienda Pública, y delito de blanqueo de capitales.
En caso de sentencia condenatoria, la Iglesia Católica tendría que indemnizar a las víctimas de la secta de los Miguelianos.
La secta llegó a tener unos 400 seguidores en su momento de mayor expansión.
Tenía su centro de operaciones en un chalet en Santa María de Oia (Pontevedra).
En la primavera de 2014 sus integrantes fueron expulsados por las autoridades eclesiásticas, y un grupo reducido se trasladó a dos sedes en Madrid (Collado Villalba y El Escorial).
El auto, del que son autores los magistrados Jose Juan Barreiro Prado, Rosa del Carmen Collazo Lugo y Rosario Cimadevila Cea, es firme y no puede ser recurrido.
ENCONTRÓ COBIJO EN EL APARATO DE LA IGLESIA
El tribunal recuerda, en el mismo, que Miguel Rosendo fundó la asociación cristiana San Miguel Arcángel en 1997, que desde 2002 contaba con un sacerdote para atenderla de forma estable en condición de consiliario o asistente religioso y en 2003 fue reconocida por el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, como asociación privada de fieles.
Además, desde 2009 el colectivo se constituyó como la asociación pública de fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, y llegó a utilizar un convento en Nigrán propiedad de la Diócesis de Tui-Vigo a mayores de su denominada Casa Madre ubicada en Mougás (Oia).
En este marco, el auto mantiene que Miguel Rosendo «procuró y encontró el cobijo del aparato oficial de la Iglesia católica y, en concreto, del Obispado de Tui Vigo».
Después de que Miguel Rosendo y Marta Paz Alonso, una de sus denominadas «bastones», fueran detenidos el 11 de diciembre de 2014 en Madrid, y de que él fuera enviada a prisión y ella quedara en libertad provisional, con obligación de comparecer semanalmente, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden y Mandato.
El tribunal considera «un poco contradictorio» que el obispo Quinteiro alegue que no intervenía ni interfería en la asociación. Y rechazada el recurso presentado, por su parte, «por no ser cierto que la resolución contra la que apela no explicitase los motivos fácticos y jurídicos de aquella»; con lo que confirma el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui.
EN TOTAL, 17 PROCESADOS
Fue el pasado mes de diciembre cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui dio por concluido el sumario de esta causa con un total de 17 procesados, entre ellos el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, y otros miembros de su familia y algunos adeptos.
Asimismo, en el auto de procesamiento se impuso a los investigados fianzas por un total de casi 2,5 millones de euros; y también se estableció la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, lo que se fundamentó en que «la constitución y funcionamiento de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel estuvo amparada y actuaba al servicio y bajo la dependencia del Obispado».
CONFIRMA EL PROCESAMIENTO DE 6 CARGOS
Por otro lado, el tribunal también ha desestimado los recursos interpuestos por otras 6 personas, que ostentaron distintos cargos en la directiva de la asociación y están procesados por sendos delitos de asociación ilícita, ya que en todos los casos entiende que se dan «los provisionales elementos fácticos que les involucrarían» en este delito.
En concreto, se trata del vicepresidente de la Orden, Juan Carlos M.F.; la secretaria de la asociación, Elena G.V.; el recaudador y presidente de la comisión permanente provincial, Ángel E.C.; la fiscal, Dolores E.L.; el tesorero y contable, Marcos C.A.; y el ‘padre general’ de los consagrados y persona de confianza del fundador que abandonó la agrupación en 2012, de iniciales E.R.M. EP.
