España se encuentra entre los 7 países, de los 28 que componen la Unión Europea, que peor protegen a los «whistleblowers» (denunciantes de irregularidades), con una puntuación cercana a cero, según un informe elaborado por la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, y coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
El informe, que ha sido financiado por la Comisión Europea, identifica las dificultades con las que se encuentran los «whistleblowers» españoles que quieren dar un paso adelante, con información sobre prácticas corruptas e ilegales en el sector público o privado, y cómo los estándares internacionales, una vez alcanzados, pueden arreglar esto.
La ausencia de estas medidas de protección tienen suponen un alto coste para la Unión Europea.
Según el Estudio de Casos de Fraude de 2016, llevado a cabo por la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por su acrónimo en inglés), el impacto de fraude entre los casos analizados en 6,3 billones de dólares anuales.
La ACFE concluyó en su Estudio que la información facilitada por los alertadores era el modo más efectivo para detectar la corrupción.
El informe citado señala, como déficits, la ausencia de leyes de protección para los «whistleblowers» dentro de la Unión Europea, si bien hay que recordar que el Pleno del Parlamento de la Unión aprobó el pasado 24 de octubre el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que garanticen su protección en toda la UE.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que, en las 9 categorías establecidas, España fue incapaz de cubrir parte o alguno de los estándares internacionales. Un panorama desolador.
“Nuestra investigación, muestra que España está en un grupo en el fondo de los países miembro de la Unión Europea cuando hablamos de protección de alertadores”, explica una de las co-autoras del reporte, Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de Blueprint.
21 países de la UE obtuvieron una puntuación mayor que España. En los últimos 5 años, diez países han aprobado nuevas leyes o protecciones -entre ellos Italia- para estos denunciantes de irregularidades.
Sin embargo, el 79 por ciento de los miembros de la UE obtiene un cero en lo que refiere a la provisión de inmunidad frente a la persecución por exponer información sensible.
El 75 por ciento de los países también saca un cero en las penalidades por las represalias y otros maltratos contra los «whistleblowers». Una nota que también tienen el 43 por ciento a la hora de facilitar canales de denuncia.
Pero no todas son malas noticias. En opinión de Dreyfus, hay «una oportunidad de mostrar el compromiso de España para luchar contra la corrupción adoptando la mejor ley de protección de alertadores en la Unión Europea hasta el momento. A veces llegar ‘último a la fiesta’ puede también dejarte como el ‘mejor vestido’”.
El grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
