El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha admitido a trámite la ampliación de la querella criminal presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, según fuentes jurídicas.
Dicha ampliación se ha producido como consecuencia de la reiteración de las declaraciones efectuadas por Granados tras comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 27 de febrero, donde insinuó que la dirigente madrileña formaba parte del núcleo del partido que conocía la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
Según señala la ampliación del escrito de querella formulada ante el Juzgado, las declaraciones de Granados, efectuadas «sin fundamento probatorio alguno, son constitutivas de delitos continuados de injurias y calumnias y contra la integridad moral».
En este sentido, se pone de relieve que tales declaraciones se han producido «con una persistente y calculada intención difamatoria, con deliberada publicidad y fuera del ámbito judicial».
Esta admisión a trámite se produce el mismo día que Granados no ha acudido a comparecer ante el Juzgado, precisamente, en calidad de querellado por la primera denuncia presentada por Cifuentes contra su persona.
No lo ha hecho, según la defensa, porque no se ha podido notificarle el auto donde se le citaba a declarar.
Cifuentes presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero, mediante un procurador y un abogado particulares y fue admitida trámite mediante un auto de fecha 5 de marzo. Ésta venía a dar respuesta a las declaraciones efectuadas por Granados el día 12 de febrero, al considerar que las mismas vulneraban los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose, por ello, responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.
El escrito de querella ponía de relieve que «lo que se había producido no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria», han señalado las mismas fuentes.
Las manifestaciones de Granados, según la querella, «respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad».
A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes. EP.
