Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a dos años de cárcel a una mujer que se envío a sí misma amenazas para tratar de involucrar en un delito de violencia machista a su expareja, que como consecuencia de ello perdió su empleo y pasó tres meses en la prisión preventiva.
El Juzgado de lo Penal número dos de Las Palmas la ha condenado por falso testimonio en proceso penal.
El fallo declara probado que en al menos cuatro ocasiones la ahora condenada acudió a comisaría a denunciar al que fuera su ex pareja al que acusó con falsedad de amenazarla a través de la red social Facebook, cuando en realidad era ella misma quien se enviaba esas amenazas.
«También denunció, e igualmente lo reconoció en el acto del juicio, que su madre había encontrado una nota igualmente amenazante, en la ventana de la vivienda en la que reside, que decía igualmente la había dejado allí su ex pareja».
«Fueron tantas denuncias, todas ellas ratificadas en el Juzgado de Instrucción», que su acción temeraria de la acusada llevó al juzgado instructor a ordenar la detención del varón y disponer su ingreso en prisión.
Fue detenido en el día de navidad de 2016, y estuvo en prisión hasta finales de marzo del año siguiente. Por causa de esta situación perdió su trabajo y su vivienda, si bien los recuperó cuando la situación se aclaró.
La falsedad fue descubierta cuando la denunciante dio cuenta de una nueva amenaza supuestamente vertida por su ex pareja en la red social, al tiempo en el que el afectado se encontraba en los calabozos policiales, sin posibilidad alguna de conectarse a un ordenador.
Tras ello se comprobó que todas las direcciones IP desde las que se habían subido a la red social los mensajes amenazantes estaban en ese momento asignadas al teléfono móvil de la denunciante.
Por ello, el Juzgado considera probado que Vanessa C.G. se envió a sí misma todos los mensajes desde su propio móvil, usando una cuenta de Facebook que imitaba a la de su expareja con la intención de perjudicarlo.
En su resolución, la magistrada subraya que los tres meses que el afectado pasó en prisión, la pérdida temporal de su empleo, el hecho de que le quitaran su alquiler y la «frustración» de tener que defenderse ante una acusación de violencia machista, un ámbito «delicado y de mucha repercusión social», suponen además un daño moral que debe ser resarcido, por lo que condena a la acusada a pagar a su expareja una indemnización de 8.000 euros.
La presente resolución no es firme y contra la misma podrá interponerse ante este mismo Juzgado, y ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación.
