Las cuatro asociaciones de jueces y una de fiscales condenan las intimidaciones al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a su familia tras las pintadas realizadas en las últimas horas ante la casa que el juez tiene en Das, Girona –«Llarena fascista ni en Das ni en ningún sitio»– así como en sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), por una parte, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), por otra, y la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por una tercera, recuerdan que las críticas a las resoluciones judiciales son lícitas, pero no las intimidaciones, coacciones, amenazas o injerencias.
«En el día de hoy (por ayer), hemos asistido a un ataque ya no a la independencia judicial, sino al legítimo desempeño de la función judicial, que excede sobremanera cualquier barrera tolerable y que afecta directamente a la base de nuestra democracia. Actuaciones como las ocurridas en dependencias judiciales o en las inmediaciones de la vivienda de un Magistrado, en relación con el ejercicio de su función, suponen el desconocimiento de los elementales principios del Estado de derecho, sin perjuicio de sus connotaciones penales», dicen en su comunicado la APM, AJFV y FJI.
Y añaden: «La libertad de expresión, que es un pilar fundamental del sistema democrático, no puede amparar la descalificación personal ni la deslegitimación de los Jueces/as y Magistrados/as, titulares del Poder Judicial. Menos aún puede amparar actuaciones orientadas a tratar de influir, presionar o intimidar a los miembros del Poder Judicial o atacar bienes jurídicos públicos o privados en represalia por su actuación».
Por eso muestran su apoyo más firme a los magistrados del Tribunal Supremo y a los jueces y magistrados destinados en Cataluña, en el ejercicio de su tarea jurisdiccional.
«Por ser su demostrada imparcialidad e independencia un pilar imprescindible del Estado de Derecho. En el desarrollo de su labor, contarán siempre con el amparo de las Asociaciones Judiciales frente a cualquier intento de lesionar la independencia judicial», añaden.
«La crítica de las actuaciones judiciales es lícita y deseable en un Estado de Derecho, siempre desde posiciones que respeten el orden constitucional», afirman.
En consecuencia, rechazan de la forma más explícita tales actos y hacen un llamamiento «a la normalidad como único escenario posible de la convivencia democrática».
JJpD, por su parte, condenan -en la misma línea que las otras tres asociaciones- «las pintadas en las sedes judiciales y en las inmediaciones de la vivienda de un magistrado del Tribunal Supremo en Cataluña. Es una sociedad democrática la crítica a las resoluciones judiciales es legítima pero no es admisible aquel tipo de actuaciones que traten de descalificar, interferir o poner en cuestión la independencia judicial de los jueces y juezas españoles».
La AF califica de «actos vandálicos» las agresiones «contra sedes judiciales en Cataluña e incluso en las inmediaciones de una de las residencias del Magistrado Pablo Llarena Conde» por lo que «manifiesta su absoluta repulsa y muestra su apoyo a los compañeros Jueces y Fiscales que ejercen sus funciones en Cataluña defendiendo el Estado de Derecho como garantía de los derechos de los ciudadanos y de las libertades públicas recogidas en la Constitución»
Asimismo, «exige respeto a la actuación de Jueces y Fiscales en el ejercicio de sus funciones y a las resoluciones judiciales; debiendo encauzarse cualquier dis- crepancia frente a ellas por las vías legales establecidas».
En la misma línea se expresa la UPF, que «rechaza cualquier tipo de presión, coacción, amenaza o injerencia en la imprescindible labor que realizan los fiscales y jueces en Cataluña».
Y recuerda que el respeto «a unos y otros es básico en el Estado de Derecho, que ampara la discrepancia a sus decisiones y resoluciones pero nunca la actuación fuera de las vías legales».
Por ello, exige «de la Fiscalía General del Estado, y del Ministerio del Interior una actuación firme en defensa de su trabajo, y en evitación de actos como los ocurridos hoy en sedes judiciales y fiscales y en lugares frecuentados por dichos profesionales como medio de amedrentarles, lo que nunca conseguirán».
El Consejo General del Poder Judicial hizo público, horas antes, un comunicado advirtiendo que defenderá la independencia del poder judicial ante la coacción a Llarena y a su familia.
