La Justicia gallega en huelga desde hace dos meses: Ni un paso atrás

Imagen de la manifestación de los funcionarios de Justicia de la Xunta que tuvo lugar ayer en Santiago de Compostela.
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Desde que, el 1 de enero de 1997, la Xunta de Galicia asumiera los traspasos en materia de gestión de medios personales de la Administración de Justicia han pasado más de 21 años de gestión, con un balance demoledor si nos atenemos a los datos de los que disponemos al día de la fecha, publicados por el Consejo General del Poder Judicial.

Durante el periodo (2001-2017) la tasa de pendencia de los órganos judiciales gallegos ha aumentado en un 14% pese a que el número de asuntos ingresados ha descendido.

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En el año 2001 los juzgados galleros arrastraban una pendencia del 0,36% y en 2017 esta se sitúa en el 0,41%; 5 puntos más en los últimos 16 años, pese a que el número de asuntos que ingresaron los Jugados gallegos en 2017 (319.765) fue inferior a los ingresados en 2001 (349.197), 29.432 asuntos menos.

Desde que su Comunidad asumió la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia, los ciudadanos gallegos han visto como sus asuntos judiciales se ralentizan en el tiempo sin obtener la respuesta ágil y eficaz que un servicio público moderno debe ofrecer.

A pesar del esfuerzo del personal de Justicia, los datos citados no dejan en buen lugar a un servicio público esencial como es la Administración de Justicia, y si buscamos las causas ineludiblemente hay que analizar la gestión de la Xunta en estos años.

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Entre estas causas no podemos pasar por alto la política generalizada de amortización de plazas, la falta de inversión en infraestructuras, las pésimas aplicaciones informáticas o la prácticamente inexistente acción formativa en materia procesal.

En definitiva, la Xunta de Galicia ha venido aplicando unas políticas de recortes en el presupuesto que destina a la Administración de Justicia que afectan directamente al normal funcionamiento de los órganos judiciales gallegos.

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Políticas erróneas

Estas políticas erróneas que se han llevado a cabo por los gobernantes de la Xunta, han incrementado la carga de trabajo y han contribuido al empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo en los órganos, oficinas y servicios de la Administración de Justicia gallega que afectan directamente a la capacidad de respuesta de su personal.

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Por otro lado, la gestión del personal llevada a cabo por la Xunta tampoco ha sido de lo más acertada.

La Xunta de Galicia, durante la crisis, se ha convertido en la campeona de los recortes laborales y retributivos que han abaratado aún más la prestación del servicio público de la Administración de Justicia en Galicia.

Los funcionarios de la Administración de Justicia gallegos son hoy los peor pagados de todas Comunidades, que han recibido los traspasos de Justicia en relación con el único concepto retributivo que depende de las Comunidades Autónomas: el complemento específico, también llamado autonómico.

Por si fuera poco, por decisión de la Xunta los funcionarios de Justicia gallegos han dejado de percibir este complemento autonómico (435,78 €) en las nóminas de junio y diciembre en el periodo 2013-2016, y un recorte en el resto de las mensualidades de 20 € de media, lo que supone un recorte anual aproximado de 1.100€ y un total de 4.400€.

Un funcionario de Justicia le cuesta a la Xunta 70 euros al mes

Un funcionario de la Administración de Justicia le cuesta a la Xunta de Galicia una media de 70 € al mes, ya que esta sólo abona la parte del complemento específico que se ha incrementado desde el año 1997, puesto que el resto de las retribuciones se abonan con cargo al coste de transferencia que recibe anualmente del Estado.

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Por todo lo anterior podemos concluir que la Xunta de Galicia hace “caja” con la transferencia de la justicia, sin preocuparse lo más mínimo tanto por sus empleados públicos como por los ciudadanos que al final son quienes sufren las consecuencias directas de la mala gestión de este servicio público esencial.

Ante este escenario, y la insistente negativa de la Xunta en sentarse a negociar para mejorar sus condiciones laborales y retributivas, los funcionarios de justicia gallegos, tras la convocatoria de varias concentraciones, manifestaciones y paros parciales están en huelga indefinida desde el 7 de febrero.

Más de dos meses de huelga general con un seguimiento superior al 80% de media en toda Galicia. Un alto seguimiento reflejado en la manifestación celebrada ayer en Santiago de Compostela a la que acudieron más de 2000 trabajadores, sobre un censo de 2500, y que bajo el lema “Ni un paso atrás”; “Alfonso Rueda nos pide reflexión, nós a súa dimisión”; “Frente a la prepotencia, resistencia”;“Rueda dimisión”, están dispuestos a seguir ejerciendo el derecho fundamental a la huelga en la legítima defensa de sus condiciones laborales y retributivas.

Perdida diaria a cada funcionario de 60 euros

Una huelga que supone a cada funcionario la perdida media diaria de 60 €; una huelga que afecta directamente a todos los operadores jurídicos y a los ciudadanos que son los perjudicados más directos y que están viendo cómo se cancelan sus juicios y trámites judiciales “sine die” y que tendrán que esperar años para celebrar estos y una huelga que se mantiene por la incapacidad de los interlocutores de la Xunta para plantear una propuesta seria y realista que permita dar salida al conflicto.

En definitiva, una huelga que identifica las políticas equivocadas que desde la Xunta se han y se están llevando a cabo en la Administración de Justicia, desde que asumieron el traspaso de la gestión de medios personales.

Lejos de haber visos de una solución inmediata, el conflicto sigue más enquistado que nunca, y el único responsable de ello es el vicepresidente de la Xunta de Galicia y Consejero de Justicia, Alfonso Rueda, quién ha convertido este conflicto en algo personal, anteponiendo su orgullo a la búsqueda de soluciones para poner fin al mismo.

Hasta el punto de que cada vez que tiene oportunidad arremete contra el Comité de Huelga intentando deslegitimar su actuación y poniendo en tela de juicio el derecho fundamental a la huelga, sin mostrar ni un ápice de preocupación por las más de 17.000 juicios y decenas de miles de trámites judiciales suspendidos durante este periodo.

Hace unos días, en un intento más para desprestigiar a los representantes de los trabajadores, se filtró a la prensa la solicitud efectuada por los integrantes del comité de huelga, en concepto de dietas de desplazamiento y manutención, que conforme al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, debe abonar la Xunta por la asistencia a las reuniones a las que habían sido convocados ya que es un derecho de estos.

Tras la última propuesta de la Xunta y el esfuerzo realizado por el Comité de Huelga para acercar posturas, bajando sustancialmente la reivindicación inicial, la diferencia se mantiene en 60 € al mes por funcionario, lo que supone un incremento en el coste de 1.800.000 €.

Una cantidad que tras los recortes sufridos por los funcionarios de justicia en los últimos años (más de 11 millones de euros) y los descuentos que se aplicarán por la huelga (más de 4 millones de euros) no avala en ningún caso la obstinación de la Xunta de Galicia en dar una salida al conflicto y que de ninguna manera puede justificar la paralización durante más de dos meses de la administración de justicia gallega.

Sólo Núñez Feijóo puede poner fin a la huelga

Desde mi punto de vista y dada la situación en la que nos encontramos, sólo la intervención directa del Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, puede poner fin a este conflicto.

Sólo el presidente de la Xunta de Galicia puede restituir el normal funcionamiento de la administración de justicia gallega y le corresponde a él, como máximo dirigente y responsable de esta comunidad, poner fin a este conflicto y evitar con ello mayores perjuicios a los ciudadanos gallegos.

No es el primer conflicto laboral, ni será el último en el que participe CSIF en defensa de las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios de justicia.

Ahora más que nunca no debemos dudar, porque nuestras reclamaciones son legítimas, no debemos dar “ni un paso atrás”, porque de hacerlo todo nuestro sacrificio personal y económico no habrá servido de nada y seremos cómplices de la irresponsabilidad que está demostrando el vicepresidente y consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quién ha demostrado a lo largo de estos dos meses que nada le importa que la administración de justicia esté paralizada y, consecuencia de ello, que los ciudadanos gallegos no puedan gestionar el cobro de las pensiones, los recién nacidos no puedan acudir al médico, o que los juicios por los que han esperado años se suspendan sin nuevo señalamiento.

A él y solo a él, es a quién debemos exigir responsabilidades, tanto los profesionales de la justicia como los ciudadanos gallegos.

No me queda más que aprovechar estas líneas para trasladar todo mi apoyo y el apoyo de todos los que formamos parte de la organización a la que represento (CSIF) a los funcionarios de justicia gallegos, a mis paisanos, por su tenacidad y firmeza en este conflicto y animarlos a seguir adelante porque ahora no debemos ni podemos dar “ni un paso atrás”.